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- 3 enero 2026Actualizado 5 enero 2026
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Estados Unidos formuló cargos contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes acababan de ser detenidos por fuerzas estadounidenses durante una operación militar en Caracas, acusándolos de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en territorio estadounidense y otros delitos relacionados con armas.
La fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, anunció la acusación el sábado, poco después de que el presidente Trump confirmara la captura y salida del país del mandatario venezolano y su esposa.
Tras ser procesados en suelo estadounidense, Maduro y Flores deberán presentarse ante un tribunal en Nueva York este lunes. Allí enfrentarán al juez Alvin Hellerstein, de 92 años, quien presidirá la audiencia de formulación de cargos y declaración de los imputados.
El documento acusatorio divulgado por el Departamento de Justicia de EE.UU. incluye también al ministro del Interior venezolano y figura clave del chavismo, Diosdado Cabello; al exministro Ramón Rodríguez Chacín; al hijo de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro, y a Héctor Rusthenford Guerrero, conocido como «el Niño Guerrero», presunto líder de la banda venezolana Tren de Aragua.
No constituye la primera ocasión en que la justicia estadounidense imputa a Maduro y a altos funcionarios chavistas por delitos graves relacionados con droga y armas.
Durante meses, las autoridades en EE.UU. han señalado al jefe venezolano como líder de una organización criminal llamada Cartel de los Soles —acusación que Maduro ha rechazado con firmeza— y anunciaron una recompensa de US$50 millones por datos que permitan su detención.
Bondi declaró en X luego de la captura que Maduro y su esposa «pronto enfrentarán toda la fuerza de la justicia estadounidense, dentro de Estados Unidos y ante sus tribunales».
El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, agregó: «No se puede esquivar la justicia por tráfico de drogas en EE.UU. simplemente por residir en un palacio en Caracas».
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Narcotráfico y alianzas criminales
Siguiendo la línea argumental usada por el presidente Trump para justificar la intervención militar en Venezuela, el documento de acusación sostiene que Maduro y su administración han conspirado para ingresar toneladas de cocaína en EE.UU.
Según las cifras del Departamento de Estado estadounidense citadas en la imputación, entre 200 y 250 toneladas de cocaína atravesaban Venezuela hacia 2020.
La fiscalía sostiene que Maduro y su círculo cercano han utilizado un poder «obtenido de manera ilícita» y han corrompido las instituciones venezolanas con propósitos delictivos.
El escrito abarca hechos ocurridos en los últimos 25 años y asegura que Maduro ha estado involucrado en el tráfico de drogas incluso antes de asumir la presidencia de Venezuela.
Los demás acusados son señalados de concentrar el poder y la riqueza generadas por las actividades ilegales organizadas por Maduro.
Maduro, Cabello y Rodríguez, además, son imputados por establecer vínculos con integrantes de guerrillas colombianas (FARC y ELN), carteles mexicanos (cartel de Sinaloa y los Zetas) y la banda Tren de Aragua.
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«Gobernante ilegítimo»
El texto, firmado por el fiscal Jay Clayton y el presidente del jurado (cuyo nombre permanece en reserva), no solo aborda las presuntas implicaciones de Maduro en el narcotráfico.
También indica que Nicolás Maduro «fue anteriormente presidente de Venezuela y actualmente es el gobernante de facto pero ilegítimo del país», tras proclamarse ganador en elecciones que recibieron condenas internacionales.
El documento sostiene que Maduro «participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción donde las élites dominantes venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y resguardan a sus socios en ese negocio».
Según los cargos, esta cultura habría sido exportada a países como Honduras, Guatemala y México, donde presuntamente los narcotraficantes «entregan una parte de sus ganancias a políticos que les brindan protección y ayuda».
El sábado, en declaraciones a la prensa, el presidente Trump afirmó que EE.UU. administrará Venezuela hasta que se concrete una transición hacia la democracia.
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