Una concejala socialista presenta denuncia por acoso laboral contra el delegado del Gobierno en Extremadura, presidente de la Gestora del PSOE y aliado cercano de Sánchez

José Luis Quintana acaba de asumir el liderazgo del partido en esa región tras la renuncia de Miguel Ángel Gallardo debido a los malos resultados obtenidos en las elecciones del 21-D.

El presidente de la Junta Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, ofrece una rueda de prensa en Mérida, el viernes pasado.

«Nunca he temido a nadie, sin importar el poder que tenga, y siempre he tratado de no perjudicar al partido que siento como propio tras tantos años de militancia». Así se expresa en uno de sus perfiles sociales una concejala del PSOE en Extremadura, quien recientemente denunció a través del canal interno de comunicación de Ferraz un caso presunto de «acoso laboral» atribuido a José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura y presidente de la Comisión Gestora que ha tomado el control de los socialistas extremeños tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo, motivada por los catastróficos resultados del 21 de diciembre pasado.

Esta edil, que actualmente ocupa un puesto en la oposición en un municipio de la provincia de Cáceres, acusa a Quintana de presionar para que fuera despedida del trabajo que desempeñaba en la sede del PSOE en Extremadura, ubicada en Mérida. De acuerdo con su versión, aunque la decisión formal de cesarla fue tomada por Gallardo, entonces secretario general de los socialistas extremeños, ella considera que su salida se debe exclusivamente al exalcalde de Don Benito, amigo personal de Pedro Sánchez desde hace décadas. Ferraz confirmó mediante un mensaje interno a la afectada que la denuncia fue recibida y que se iniciaría el proceso correspondiente para su investigación.

En la comunicación que la trabajadora envió a Ferraz, se describen supuestas amenazas telefónicas, difamaciones y un contexto general de «acoso laboral» que culminó con su despido del PSOE. Además, indica que el delegado del Gobierno solicitó expresamente a Gallardo su expulsión, argumentando que afectaba negativamente su imagen pública.

«Considero inadmisible el abuso de poder dentro de la organización, menos aún formas de acoso ya sean laborales, sexuales, la difusión de falsedades para dañar reputaciones, las injurias, entre otras», escribió la concejala en su perfil, sin señalar nombres específicos. «Actualmente existe un nuevo canal dentro del PSOE —aunque no se sabe si será eficaz—, pero es necesario denunciar estas prácticas y evitar que personas que abusan del poder sigan causando tanto daño. Es imprescindible establecer límites», añadió.

Al comienzo de su carrera política, esta militante integró el equipo directivo de la Agrupación Local de Don Benito cuando Quintana fue reelegido secretario local en ese municipio en 2012.

EL MUNDO contactó con personas muy cercanas a Quintana, quienes afirmaron desconocer las acusaciones planteadas por la concejala: «No se ha producido ningún despido en días recientes, ni tampoco hubo influencias para despedir a alguien en meses anteriores».

La concejala denunciante formó parte del equipo de Gobierno de una localidad en Cáceres durante la legislatura anterior, aunque en las elecciones de 2023 el PSOE perdió la Alcaldía. Actualmente, continúa como edil en la oposición. De 47 años, ha ocupado cargos orgánicos, incluyendo el de miembro del comité regional del PSOE extremeño, así como vocal en el Consejo extremeño de participación de las mujeres en Extremadura. Seguidora ferviente de Pedro Sánchez desde sus inicios para lograr la secretaría general, respaldó la candidatura de Gallardo en las elecciones recientes en Extremadura.

Para comprender el contexto, es importante mencionar el proceso de primarias del PSOE en Don Benito en 2024. En concreto, el exconcejal socialista entre 2015 y 2021, Francisco Dávila, publicó una carta en la que denunciaba: «No puedo ni quiero ser cómplice de un proceso que considero sucio, tramposo y carente de igualdad de oportunidades». En su escrito, Dávila expuso presuntas irregularidades relacionadas con un notable aumento de afiliaciones en los meses previos a las votaciones, que calificó como «fraudulentas». Estas denuncias fueron remitidas a la Comisión Ejecutiva Federal, presidida entonces por Santos Cerdán, sin que se recibiera respuesta alguna.

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