La embajadora congoleña ha estado ausente de España durante varios meses y la sentencia condenatoria no se ha cumplido desde la primavera.
La Justicia ha impuesto un ultimátum a la Embajada del Congo en España tras varios meses sin que se cumpla una sentencia que obliga a indemnizar a dos exempleados. El TSJM requirió a principios de diciembre que la representación diplomática abone en un plazo de 20 días hábiles la cantidad debida a los dos empleados y cese en su argumento de que no puede usar su cuenta bancaria para esos pagos, una excusa que ha mantenido durante este tiempo.
La abogada Irene López-Castejón, defensora de los dos ex trabajadores y ganadora del juicio por despido improcedente, señaló a este medio que la sentencia no ha sido cumplida desde hace meses y que ha sido necesario solicitar su ejecución ante los tribunales.
El caso resulta particularmente insólito, no solo porque una misión diplomática ignore una sentencia, sino porque la embajadora congoleña ha permanecido desaparecida durante varios meses, dejando a la embajada sin su líder desde el verano pasado hasta al menos mediados de diciembre. Sin embargo, permanecen en Madrid el esposo y los hijos de la embajadora, a quienes ella misma nombró como cónsul y empleados en la representación del Congo.
Justo después de que se difundieran las primeras noticias sobre la condena a la embajada, en agosto, la embajadora Geneviève Victorine Lukusa Kayembe N’Kaya regresó a su país y no se supo de ella durante meses. Esto dificultó el acceso a los fondos de la embajada, ya que, según fuentes cercanas, ella es la única persona autorizada para manejar la cuenta bancaria que contiene dinero público del Congo.
Ante el inminente vencimiento del ultimátum judicial, existe la posibilidad de que la Justicia española embargue los fondos de la cuenta del país africano, algo sin precedentes. Además, el TSJM rechazó en octubre pasado el recurso de suplicación presentado por la Embajada, que pretendía evitar la ejecución de la sentencia alegando la inmunidad del Estado congoleño frente a la justicia española.
El TSJM no solo desestimó dicho recurso, sino que impuso las costas a la embajada y aclaró que los bienes de gestión —como la cuenta bancaria usada para pagar las nóminas— pueden ser embargados, dejando abierta la posibilidad de un embargo de esos fondos.
El retraso en el pago a los empleados debido a la supuesta imposibilidad de acceder a los fondos contrasta con el acuerdo millonario suscrito por el Gobierno congoleño con el Barça (44 millones), que durante cuatro años usará las camisetas de entrenamiento del equipo para promocionar al país.
Cabe recordar que en primavera, una sentencia del Juzgado de lo Social número 14 de Madrid condenó a la embajada por despido improcedente. El fallo detallaba que no se pagó la Seguridad Social de ambos empleados durante años y que sus condiciones laborales eran extremas, con constante acoso y presiones.
Entre otras irregularidades, tanto la embajadora actual como su antecesora implementaron unas «compensaciones» poco claras para cubrir el coste de la Seguridad Social que empeoraron las condiciones de los trabajadores. Por ejemplo, en 2018, cuando la embajada empezó a pagar cotizaciones de nuevo, llegó una embajadora que decidió pagar solo la mitad, registrando a los empleados como trabajadores a media jornada y reduciendo sus salarios, a pesar de que cumplían jornada completa.
La situación empeoró con la actual embajadora, que asumió el cargo en 2022. Según ella, era necesario compensar que el Gobierno español no cubriera en Congo la Seguridad Social de los empleados de su embajada. Sin embargo, esto es imposible, puesto que en ese país africano no existe una Seguridad Social ni entidad equivalente.
A pesar de ello, esta justificación sirvió para que dejara de abonar los sueldos durante seis meses a ambos empleados, alegando que, según Lukusa, ellos estaban vinculados a la Seguridad Social y recibían pagos no oficiales.
Incluso intentó que los dos trabajadores firmaran un documento donde reconocieran que la embajada había gastado cierta suma en sus cotizaciones de Seguridad Social, liberando así a la sede diplomática de cualquier responsabilidad.