José Luis Ábalos, exministro socialista, ha solicitado a la Mesa del Congreso de los Diputados que le restituyan sus derechos y obligaciones como diputado hasta que el Tribunal Supremo (TS) determine si mantiene o revoca su prisión preventiva en la audiencia judicial prevista para el 15 de enero.
En dicha fecha, la Sala Segunda del Tribunal Supremo resolverá el recurso de apelación que presentó el exdirigente socialista, donde pide la revocación de la prisión provisional y su liberación, argumentando la ausencia de indicios de delito, la inexistencia de riesgo de fuga, la vulneración de su derecho a la representación política y el uso indebido de la prisión preventiva con fines distintos a los procesales.
En el documento fechado el 31 de diciembre y difundido este martes a través de su cuenta de X, Ábalos señala que las consecuencias de la resolución implican «la pérdida del derecho a la asignación económica» y de «toda ayuda o indemnización por gastos» vinculados a sus responsabilidades, dejándolo «sin ingresos procedentes del Congreso» y sin cotizaciones para la Seguridad Social ni mutualidades.
No obstante, el exministro destaca que la «gravedad principal» de la resolución de la Mesa del Congreso consiste en la «pérdida» de su voto. «Se priva de la representación legítima y democrática en la XV Legislatura a quienes me respaldaron el 23 de julio de 2023 en Valencia», añade.
Además, Ábalos subraya la «modificación en el número de diputados del Congreso», que al suspenderlo, reduce la cifra de 350 a 349.
En consecuencia, el exdirigente del PSOE insta a la Mesa del Congreso a «reconsiderar su resolución», adoptada con «prisa y premura», y a devolverle sus derechos y deberes «al menos hasta la celebración de la audiencia» judicial en la cual el Supremo decidirá si le concede libertad condicional tras ordenar su ingreso en prisión preventiva, medida cautelar que califica de «tan excepcional como injustificada».
La Mesa del Congreso aprobó su suspensión el 10 de diciembre pasado tras la confirmación por parte del Tribunal Supremo de su procesamiento por delitos como organización criminal, cohecho y malversación.
Dicha medida, basada en el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso, implica la pérdida del derecho a voto, la suspensión de la remuneración económica y la exclusión de la cobertura social, entre otros efectos.