Pedro Sánchez acumula 100 incrementos en impuestos y cotizaciones sociales desde 2018, estableciendo un récord en la carga fiscal.
El Estado ha recaudado 513.000 millones de euros adicionales durante estos años, aunque la deuda pública ha aumentado en 507.000 millones.
El poder adquisitivo de la población española ha disminuido: un 80% reconoce haber perdido capacidad de compra, y los alimentos han subido un 40% en precio.
El 25,8% de la población y el 34,6% de los niños se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, posicionando a España como uno de los países con peor desempeño en la UE en este ámbito.
España inicia 2026 superando una frontera tanto psicológica como fiscal. Con las nuevas medidas vigentes a partir del 1 de enero, Pedro Sánchez alcanza la cifra simbólica de 100 incrementos en impuestos y cotizaciones sociales desde que asumió el gobierno en Moncloa.
Este dato representa un punto clave que define una etapa económica caracterizada por una presión tributaria sin precedentes.
El balance tras estos siete años de gestión socialista —siempre con María Jesús Montero al mando del Ministerio de Hacienda— muestra cifras llamativas.
El Estado ha captado 513.000 millones de euros adicionales desde 2018. Esta inyección de recursos representa una cuantiosa transferencia directa desde las familias y los ingresos empresariales.
No obstante, este aumento de ingresos no ha servido para mejorar la situación financiera pública. De manera paradójica, la deuda estatal ha incrementado prácticamente en la misma cuantía. Durante el mandato de Sánchez, la deuda pública se ha elevado en 507.000 millones de euros, anulando de hecho el esfuerzo fiscal realizado por los ciudadanos.
El hito de los 100 incrementos se concreta este 2026 con un nuevo ajuste en los costes laborales y sobre el patrimonio inmobiliario.
Desde este momento, el coste del empleo sube con la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que escala hasta el 0,9%. Paralelamente, se endurece la carga para los salarios más elevados mediante la Cuota de Solidaridad, cuyos tipos alcanzan el 1,46% en los tramos superiores, y la base máxima de cotización supera los 5.100 euros mensuales.
Hacienda también interviene en el sector inmobiliario, elevando los coeficientes de la plusvalía municipal para castigar las ventas a corto plazo, mientras la incertidumbre sobre el impuesto al diésel persiste como una amenaza para la clase media.
Lo comido por lo servido
El impacto social es claro, según denunció el Partido Popular por medio de su líder, Alberto Núñez Feijóo, en su balance de 2025. Esta política, afirmó, ha generado un «empobrecimiento sostenido de la población española».
Los datos oficiales respaldan esta percepción: un 80% de los ciudadanos declara haber reducido su poder adquisitivo en este periodo. Además, la inflación acumulada y la negativa del Gobierno a deflactar el IRPF han mantenido esta tendencia.
Aunque los salarios han aumentado, los precios y los impuestos lo han hecho aún más. Una vez descontado este efecto, «la renta real de los españoles es negativa», confirmando que el nivel de vida es inferior al prepandémico, según fuentes populares.
El análisis detallado del descenso del poder adquisitivo es contundente para todos los grupos sociales. Considerando sueldos e inflación desde 2018, la caída se extiende a todos los sectores desde la superación de la crisis sanitaria.
Poder adquisitivo a la baja
Los empleados públicos han sido los más afectados. Un funcionario con un sueldo de 40.000 euros en 2018 acumuló una pérdida de 5.941 euros en poder de compra entre 2021 y 2023, último ejercicio con datos consolidados.
En los trabajadores con sueldos más bajos, alrededor de 18.000 euros, la disminución alcanzó 2.157 euros en ese trienio.
El sector privado tampoco quedó exento del ajuste silencioso. Un asalariado con un salario de 26.000 euros perdió 2.281 euros en capacidad de compra.
En las rentas medias-altas, de 60.000 euros, el déficit acumulado en el bolsillo fue de 5.790 euros durante esos tres años.
Incluso los pensionistas, teóricamente protegidos por la revalorización ligada al IPC, han experimentado recortes reales. El cambio en la fórmula aplicado en 2021 omitió un año de ajuste, precisamente en un ejercicio de alta inflación.
Esto ha tenido consecuencias palpables: un jubilado con una pensión media de 18.000 euros perdió 1.270 euros de poder adquisitivo real.
Sobrevivir al mes
El precio de la cesta de la compra refleja a diario este empobrecimiento. Los alimentos son un 40% más caros que al inicio de este periodo. Llenar la despensa se ha convertido en un lujo para miles de familias que antes afrontaban el mes con solvencia y hoy deben hacer malabares.
Las consecuencias sociales de esta política económica resultan preocupantes. Según datos oficiales, el 34,6% de los niños españoles está en riesgo de pobreza y exclusión social. Es el segundo peor registro en toda la Unión Europea, una cifra especialmente dura para un Gobierno progresista que asumió el poder en 2018 con ese desafío prioritario.
La situación tampoco mejora al analizar el conjunto de la población. El 25,8% de los españoles vive en riesgo de pobreza o exclusión, situando al país como el cuarto con peor desempeño en la UE.
El Gobierno suele justificar su gestión apoyándose en el crecimiento del PIB nominal. Es cierto que la economía crece en términos absolutos, pero no así en bienestar real por habitante.
Al descontar la inflación y la mayor carga fiscal del PIB per cápita, «el supuesto milagro económico desaparece», señalan desde el equipo de Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP.
IRPF, cotizaciones y otros aspectos
La política de Montero ha consistido en mantener los tramos del IRPF sin cambios, mientras la inflación llevaba a los contribuyentes a avanzar a tramos más altos. Esta práctica, llamada «progresividad en frío», implica un aumento encubierto de impuestos sin necesidad de publicación en el BOE, generando miles de millones adicionales.
A este factor se suman las subidas explícitas. Desde impuestos a transacciones financieras y digitales, hasta tributos a la banca y compañías energéticas, junto con ajustes en Sociedades y Patrimonio. Cada año ha introducido nuevas figuras tributarias o incrementos en las ya existentes.
Las cotizaciones sociales tampoco han cedido. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la eliminación de topes en bases máximas han encarecido el empleo. Contratar en España es ahora más caro que nunca, perjudicando la competitividad de nuestras empresas frente a las europeas.
El comienzo de 2026 no trae cambios en esta línea, sino mayor presión fiscal. Las nuevas medidas activas desde el 1 de enero continúan en la misma dirección. El propósito sigue siendo maximizar ingresos para sostener el gasto público en expansión.
Mientras tanto, la deuda pública prosigue su veloz ascenso. Esos 507.000 millones de pasivo adicional «son impuestos aplazados que deberán pagar las futuras generaciones», advierten desde el PP. Se trata de una «herencia tóxica de una gestión que ha apostado por el gasto presente a costa del bienestar venidero».
Sánchez ha conseguido recaudar medio billón de euros extra y endeudar al país en la misma cuantía. En total, un billón movilizado por el sector público que, según fuentes del PP, «no ha servido ni para reducir la pobreza», ni para mejorar los servicios públicos».