El Ministerio Público reprocha al Supremo que “prescinde sin explicación alguna” de analizar el testimonio de numerosos testigos
La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que anule la sentencia que impone a Álvaro García Ortiz una inhabilitación de dos años por un delito de revelación de secretos vinculado a Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Esta petición se ha presentado mediante un incidente de nulidad de actuaciones, un procedimiento judicial que permite cuestionar resoluciones firmes cuando se considera que se han vulnerado derechos fundamentales.
La defensa busca que el Alto Tribunal deje sin efecto la decisión que retiró a García Ortiz de su cargo y, en caso de que se rechace esta solicitud principal, que se elimine al menos la compensación por daños morales otorgada a González Amador y la obligación de cubrir las costas generadas por la acusación particular.
De acuerdo con el escrito de la teniente fiscal María de los Ángeles Sánchez Conde —documento al que ha tenido acceso Europa Press—, la Fiscalía basa su demanda en varios aspectos: la procedencia procesal del incidente de nulidad, la supuesta infracción del derecho a la presunción de inocencia, el principio acusatorio, el principio de legalidad penal (artículo 25.1 de la Constitución Española) y el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE).
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