Por primera vez en la historia, un fiscal general del Estado ha recibido una condena y dos antiguos secretarios de Organización del PSOE han ingresado en prisión por casos de corrupción.
El año ha estado marcado por fuertes tensiones entre el Gobierno y el Poder Judicial, con acusaciones mutuas y críticas sin precedentes en la democracia.
El exministro José Luis Ábalos fue el primer diputado en ejercicio que ha sido encarcelado, al tiempo que la UCO intervino por primera vez en la sede del PSOE.
La esposa del presidente, Begoña Gómez, junto a varios dirigentes próximos al PSOE, han sido investigados o detenidos bajo sospecha de corrupción y tráfico de influencias.
El año que concluye ha estado marcado por hechos judiciales sin precedentes que han influido significativamente en la política y tensado hasta límites inéditos la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
Por primera vez, un fiscal general del Estado ha sido condenado por un delito que implicó su destitución.
Asimismo, dos antiguos secretarios de Organización del PSOE han sido enviados a prisión por su supuesta participación en una compleja red de corrupción relacionada directamente con el jefe del Gobierno y secretario general del partido. Pedro Sánchez fue quien los seleccionó y les otorgó poder, aunque asegura no haber tenido conocimiento de sus actividades.
Por otra parte, los tribunales pusieron por primera vez en el banquillo al hermano del presidente del Gobierno, mientras que su esposa, Begoña Gómez, enfrenta investigaciones por imputaciones adicionales.
«Campañas de acoso personal, mentiras y ataques», repite como un mantra Pedro Sánchez, quien se sumó a las denuncias de lawfare [guerra judicial] que anteriormente realizaban partidos independentistas catalanes y vascos, Podemos o Sumar.
«Hay jueces que están haciendo política», declaró el presidente del Gobierno horas antes de la apertura del año judicial, presidida por el Rey. Jamás antes en democracia un jefe de Ejecutivo había hecho tal afirmación públicamente.
En respuesta, la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, aprovechó esa ceremonia solemne para asegurar que «son totalmente inapropiadas y no aceptables las continuas descalificaciones a la Justicia que provienen de los poderes públicos».
No obstante, el llamado de Perelló al «respeto» y a la «lealtad institucional» no surte efecto. Sánchez ha intensificado sus cuestionamientos al Poder Judicial -incluyendo al Tribunal Supremo- durante el juicio contra el exfiscal general, Álvaro García Ortiz, a quien respaldó tanto en la vista oral como tras la sentencia.
El proceso contra García Ortiz, durante el cual se registró por primera vez su despacho y se clonaron todos sus dispositivos electrónicos, provocó una profunda división interna en la cúpula del Ministerio Público.
Superar esta fractura será el desafío de la nueva fiscal general, Teresa Peramato, designada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, para suceder a García Ortiz.
«Esas son mis cuentas»
El fallo en el juicio del fiscal general supuso un duro golpe para el Gobierno en los tribunales, que desde entonces no le ha dado buenas noticias a Sánchez.
El PSOE y el Ejecutivo quedaron conmocionados cuando, el 12 de junio, se hizo público el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señala a Santos Cerdán —entonces secretario de Organización del partido y enlace con Junts— como figura central en una red de corrupción que presuntamente obtenía comisiones ilegales a cambio de contratos del Ministerio de Transportes.
–»Recibí cuatrocientos cincuenta mil (450.000) de la primera tanda, que correspondían a tres contratos, y cincuenta mil (50.000) de los dos contratos posteriores, ¿vale? (…) Estas son mis cuentas, aunque no sé si coinciden con las tuyas», se escucha decir a Koldo García, asistente del exministro de Transportes y antiguo responsable de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en audios anexados al informe,
–»¡Koldo! No quiero que hables de esto, no se debe mencionar», replicaba molesto Cerdán, sin saber que su conversación estaba siendo grabada.
Sánchez destituyó a Cerdán, quien el 12 de junio leyó imperturbable el informe de la UCO desde su asiento en el Congreso. Dieciocho días después fue internado en la prisión de Soto del Real (Madrid) por orden del juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo.
Cerdán salió de prisión el 19 de noviembre, cuando los investigadores consideraron reducido el riesgo de destrucción de pruebas. Sin embargo, el 27 de ese mes ingresaron en la misma cárcel Ábalos y su asistente, Koldo García, debido al riesgo de fuga.
De esta forma, el exministro se convirtió en el primer diputado en activo en ser encarcelado en la etapa democrática.
Es probable que el Tribunal Supremo mantenga a Ábalos y a Koldo García en prisión preventiva hasta la celebración del juicio, prevista para finales de febrero o principio de marzo, por el caso conocido como la trama de las mascarillas.
El asunto involucra, entre otros hechos, la adjudicación de contratos para cubrebocas destinados a entidades del Ministerio de Transportes a la empresa Soluciones de Gestión, con la intermediación de Víctor de Aldama, a cambio de compensaciones económicas.
Como Ábalos no renunció al acta parlamentaria antes del inicio del juicio oral, la causa se juzgará ante la Sala Penal del Tribunal Supremo.
El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, solicita para el exministro y ex número tres del PSOE una pena de 24 años de cárcel por delitos que incluyen organización criminal, cohecho, malversación de fondos públicos, dos delitos de tráfico de influencias y uso indebido de información privilegiada.
Por su parte, la acusación popular liderada por el PP eleva la petición de condena hasta los 30 años de prisión para Ábalos.
La UCO, en Ferraz
Durante el año que acaba, la UCO intervino por primera vez en la sede del PSOE, ubicada en la calle Ferraz, para clonar la cuenta de correo de Cerdán.
Igualmente, por primera vez se han difundido imágenes mostrando sobres con dinero en efectivo que el PSOE entregaba a Koldo García para que los trasladara a Ábalos.
Las explicaciones del partido y de su exgerente Mariano Moreno no convencieron al instructor del Supremo, quien decidió abrir diligencias para que la Audiencia Nacional investigue un sistema de reembolso de gastos que, según se ha evidenciado, carece de controles adecuados.
El PSOE tuvo que entregar al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno un detalle de todos los pagos en efectivo realizados a dirigentes o militantes entre 2017 y 2024.
Begoña y la ‘fontanera’
En otro juzgado, bajo la dirección de Juan Carlos Peinado, continúa la investigación iniciada en abril de 2024 contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
Originalmente investigada por tráfico de influencias y corrupción en negocios, y más tarde también por apropiación indebida e intrusismo profesional, en agosto pasado Peinado amplió las pesquisas a una posible malversación de fondos, centrándose en el rescate de Air Europa.
En abril, este juez solicitó al Tribunal Supremo abrir causa contra el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras tomarle declaración como testigo en la Moncloa.
La Sala Penal rechazó la petición en apenas 20 días, destacando la «total ausencia de indicios» para los delitos de falso testimonio y malversación imputados por Peinado.
En otro juzgado de Plaza de Castilla, dirigido por Arturo Zamarriego, se iniciaron en julio diligencias para investigar a Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Considerada una colaboradora cercana a Santos Cerdán, Díez habría ofrecido favores a ciertos funcionarios para obtener información que permitiera atacar a la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción.
La situación procesal de la llamada fontanera del PSOE se complicó significativamente tras su inesperada detención el 10 de diciembre, en una operación conjunta de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña.
Además de Díez, fueron arrestados el expresidente de la Sepi Vicente Fernández, vinculado a la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, y el empresario Antxon Alonso, socio atribuido a Cerdán en la empresa Servinabar.
A estos se les imputa haber cobrado sobornos a empresas para influir en la adjudicación de contratos públicos.
La amnistía, constitucional
Al margen de estos complejos casos de corrupción, 2025 ha sido el año en que el Tribunal Constitucional respaldó, con su mayoría progresista actual, la Ley de Amnistía para los responsables del proceso independentista catalán (el procés).
Sin embargo, la Sala Penal del Tribunal Supremo no considera aplicable esta amnistía a quienes fueron condenados o procesados por malversar fondos públicos para financiar el procés, lo que ha provocado recursos de amparo aún pendientes de resolución por parte del TC.
Mientras tanto, el expresidente catalán Carles Puigdemont permanece fugado en Waterloo (Bélgica) a la espera de que el TC facilite su regreso sin riesgo de detención.
Este año también tuvo lugar una huelga conjunta de jueces y fiscales en protesta por las reformas implementadas por el ministro Bolaños.
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial no logró presentar una propuesta unificada para reformar el sistema de nombramiento de los vocales de origen judicial conforme a los estándares europeos exigidos por la Comisión Europea y el GRECO.
¿Y el PP?
Los problemas judiciales del PP durante este año han sido notablemente menos intensos en comparación con los del PSOE.
La Audiencia de Madrid confirmó que el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, será juzgado por presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental, por los que Fiscalía y Abogacía del Estado reclaman penas de tres años y nueve meses de prisión.
En julio, el juez de Tarragona Rubén Rus decretó la condición de investigados para el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y otros ocho altos cargos de su departamento durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
En una investigación que lleva en secreto desde 2018, el juez les atribuye presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, corrupción en los negocios y falsedad en relación con pagos presuntamente realizados por empresas del sector gasista a la consultora Equipo Económico, fundada por Montoro, a cambio de reformas legislativas que les beneficiaron.