Miguel Ángel Gallardo ha declinado ser nombrado senador autonómico y ha solicitado que el ‘caso Hermanísimo’ continúe su trámite en la Audiencia Provincial de Badajoz.
Gallardo renunció a la dirección del PSOE en Extremadura tras los malos resultados electorales, aunque conservará su acta de diputado para representar a quienes le votaron.
El ‘caso Hermanísimo’ analiza la supuesta creación de un cargo hecho a medida para el hermano de Pedro Sánchez, por lo que Gallardo enfrenta cargos de prevaricación y tráfico de influencias.
Gallardo insiste en que desea ser juzgado como un ciudadano común y rechaza maniobras políticas que busquen retrasar o modificar el tribunal encargado del juicio.
Miguel Ángel Gallardo presentó su dimisión como líder del PSOE en Extremadura hace una semana, tras los malos resultados electorales del 21-D.
En el encuentro donde anunció su renuncia como secretario general, comunicó que conservaría su acta de diputado «en representación de los 136.000 ciudadanos» que le apoyaron. Sin embargo, según ha informado EL ESPAÑOL, rechazó la propuesta de ser designado senador por representación autonómica.
Esta táctica fue promovida por su partido, desde Madrid, con la intención de trasladar el llamado caso Hermanísimo al Tribunal Supremo. El objetivo era posponer la fecha del juicio contra Gallardo y David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
El juicio oral está previsto para el 28 de mayo de 2026 ante la Audiencia Provincial de Badajoz. Sin embargo, gracias a su renovada condición de aforado al ser reelegido diputado autonómico, Gallardo podría intentar que el proceso se celebre en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJExt).
El político regional ha comunicado al PSOE que no desea ser senador autonómico «al menos, de momento», y no lo será antes de que se celebre el juicio.
Fuentes cercanas a él destacan que «quiere permanecer en Extremadura para cumplir el mandato de las urnas» y que desea ser juzgado en la Audiencia Provincial, «porque nunca ha buscado beneficiarse de un trato privilegiado ni protegerse políticamente».
De hecho, EL ESPAÑOL ha confirmado que Gallardo ya ha instruido a su abogado para que realice «lo que sea necesario» con el fin de que la vista oral continúe siendo competencia de la Audiencia Provincial de Badajoz. «No le importa dónde lo juzguen, está seguro de su inocencia», comentan las mismas fuentes.
Es más, más de una semana después de las elecciones en Extremadura, su letrado no ha presentado comunicación alguna a la Audiencia ni ha informado que su cliente ha logrado recuperar su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura.
«Muerte política y civil»
Gallardo lamenta su «muerte política» tras ser imputado por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
El proceso contra él tiene su origen en 2017, cuando se creó el puesto de coordinador de los conservatorios de música de Badajoz, presuntamente diseñado para el hermano del presidente del Gobierno.
No obstante, Gallardo, que entonces era presidente de la Diputación de Badajoz, se niega a aceptar «su muerte civil».
Por tal motivo, el dirigente quiere conservar su escaño a pesar del juicio por el caso Hermanísimo, y rechazará cualquier maniobra desde la dirección del PSOE que sugiera que actúa para favorecer al hermano de Pedro Sánchez.
«Está convencido de que será declarado inocente, porque el caso es un montaje que nunca debió llegar a juicio«, según comentan sus allegados. Por ello, insiste en ser procesado como un ciudadano común frente a la Justicia.
Gallardo ha señalado que, respecto a los resultados del 21-D, si «hemos perdido 100.000 votos» debido a las circunstancias «imposibles» en que enfrentó las elecciones, será porque «los que sí me votaron quieren que los represente», pese a todo.
Su decisión no solo es un «gesto de dignidad política», sino también un reconocimiento de la realidad judicial: las posibilidades de trasladar el juicio fuera de la Audiencia Provincial de Badajoz representaban un complejo entuerto legal.
Por una parte, el auto de apertura de juicio oral, de mayo pasado, establece a la Audiencia de Badajoz como tribunal competente para juzgar el caso Hermanísimo. Además, el TSJExt anuló por «fraude de ley» la maniobra de Gallardo para obtener aforamiento solo unas horas antes de que la juez instructora firmara dicha resolución.
Ahora, Gallardo está nuevamente aforado, esta vez sin «fraude de ley». Por ahora, la Audiencia de Badajoz sigue siendo el tribunal encargado del proceso.
Un acuerdo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 2014 señala que el auto de apertura de juicio oral determina qué órgano judicial debe hacerse cargo de un caso que involucra a un aforado.
No obstante, este criterio se aplica a situaciones en las que el político renuncia a su fuero, no cuando lo adquiere mediante elecciones. En esta situación tan excepcional —como la de Gallardo— no existe un acuerdo firmado por el Supremo.
Las fuentes jurídicas consultadas están divididas: algunas defienden aplicar el principio de perpetuatio iurisdictionis para mantener la competencia establecida; otras advierten que, si persiste la situación actual, se generaría un hecho inédito: un aforado siendo juzgado por un órgano distinto al TSJ.
Por su parte, la Audiencia de Badajoz podría reaccionar ante la noticia que Miguel Ángel Gallardo, a quien debe juzgar, recupera su condición de aforado tras las elecciones del 21-D.
Recusaciones para demorar
La fecha del juicio del caso Hermanísimo ha sido objeto de especulaciones que el equipo de Gallardo quiere evitar. Salvo imprevistos, la vista oral comenzará finalmente el 28 de mayo de 2026, tres meses después de la fecha inicialmente prevista.
El aplazamiento responde exclusivamente a conflictos de agenda de las defensas.
Aunque al principio la Audiencia Provincial había fijado la vista oral para febrero de 2026, la causa —con 11 acusados, incluyendo a Gallardo y David Sánchez, además de varios funcionarios— facilitó retrasar el juicio.
Varias defensas alegaron tener otros compromisos judiciales en esas fechas y que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que deben respetarse.
Al no ser posible celebrar el juicio en febrero, la Audiencia tuvo que coordinar agendas y encontrar la primera fecha disponible, que fue a finales de mayo.
Sin embargo, el proceso hacia el banquillo continúa complicado. Mientras Gallardo desea «resolver esto cuanto antes», las defensas técnicas de otros imputados han complicado el procedimiento.
Semanas atrás, los abogados del hermano de Pedro Sánchez y de la exjefa de Recursos Humanos de la Diputación presentaron recusaciones, sin éxito, contra los magistrados de la Audiencia, acusándolos de «falta de imparcialidad» por respaldar decisiones previas de la juez instructora.
Estas tácticas dilatorias han agravado las tensiones entre las defensas. Gallardo quiere distanciarse de esa estrategia y ha indicado a su abogado que acuda a juicio «lo antes posible» ante la Audiencia.
El exlíder socialista, que nunca contó con el apoyo del sanchismo, sabe que es una pieza de la estrategia del partido y quedó atrapado en la convocatoria adelantada de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, del PP. En caso de una sentencia absolutoria, podrá presentar su resistencia como una victoria moral frente a Ferraz.