El Ejecutivo intenta crear una burbuja que los proteja de posibles resultados adversos y recurre a la agenda social como herramienta.
En la terminal de la política española resuena la última llamada para abordar el vuelo que da inicio al ciclo electoral. «Última llamada para el señor Pedro Sánchez, diríjase a la puerta de embarque». Sin embargo, el presidente no responde al llamado. La Moncloa se distancia del periodo electoral que atraviesa España -Extremadura, Aragón, Castilla y León, Andalucía…- argumentando que «Pedro no se presenta». Intentan así generar una burbuja que los resguarde de posibles malos resultados, que según las encuestas actuales empiezan a tomar forma. La línea de pensamiento en el círculo cercano al jefe del Ejecutivo es que «el Gobierno no caerá» y se conjuran para, sostienen, evitar que el PP logre su objetivo de convertir esos comicios territoriales en un plebiscito contra el Ejecutivo.
Frente a la debacle que ha sufrido el PSOE en Extremadura, un bastión tradicionalmente socialista donde solía obtener mayorías, el Gobierno apuesta por la agenda social como herramienta para contrarrestar el golpe. Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley (que debe ser ratificado por el Congreso) que contempla la revalorización de las pensiones para 2026, además de la prórroga de medidas sociales durante el próximo año dirigidas a colectivos con dificultades para cubrir necesidades energéticas y habitacionales, dentro del denominado «escudo social»: la prohibición del corte de suministros básicos, el bono social eléctrico y la suspensión temporal de desahucios para familias en situación vulnerable.
Esa es la línea que siguen, apostando por la «normalidad», un día cualquiera en la administración, aunque el electorado muestre su desapego hacia el partido del Gobierno. Las previsiones no son alentadoras para los socialistas, coinciden todas las encuestas y admiten muchos en la formación, pero no creen que esta etapa suponga un cuestionamiento del Ejecutivo. «Eso es lo que pretende el PP y no lo permitiremos», sostienen fuentes gubernamentales. «Quieren unas elecciones nacionales a través de las autonómicas, y no se debe usar a las comunidades para desgastar al Gobierno. Es una irresponsabilidad». Los miembros del Gobierno consultados consideran que esta estrategia menosprecia a los territorios, tratándolos como instrumentos. «Es no confiar en el Estado de las autonomías».
En Extremadura, Miguel Ángel Gallardo no contaba con el apoyo de Sánchez. Ni siquiera era su candidato, de hecho, le enfrentó una rival en las primarias que fue derrotada. Pero en Aragón y en Andalucía, las candidatas son dos ministras y personas de su máxima confianza, Pilar Alegría y María Jesús Montero, lo que dificulta aún más desligar el resultado.
A la espera del veredicto ciudadano, el mensaje que el Gobierno difunde para mitigar el impacto de las urnas es que, si el PP y Vox aumentan su apoyo, se debe a que la población no es plenamente consciente de las consecuencias de sus políticas, ya que, afirman, existe un Ejecutivo progresista en La Moncloa. «No padecen las consecuencias de los gobiernos del PP y Vox» porque el Ejecutivo «garantiza la protección de estos derechos de los ciudadanos», explicó ayer Elma Saiz, quien debutó como portavoz del Gobierno.
Eso es lo que quisieron destacar con la extensión del «escudo social» y las ayudas al transporte. «Que los ciudadanos hagan cuentas, porque los números no son cuentos y se darán cuenta de lo que implica tener un gobierno progresista que atiende las necesidades de la población», añadió Óscar Puente, ministro de Transportes. «Quienes viven en la ficción y en el drama injustificado de que no es posible gobernar con una prórroga de los Presupuestos o sin mayoría en el Congreso, la realidad es que cada martes se adoptan medidas significativas».