El Tribunal de Cuentas identifica falta de claridad y arbitrariedad en las contrataciones realizadas por Adif durante la presidencia de Isabel Pardo de Vera y bajo la gestión de José Luis Ábalos como ministro de Transportes.
Las pesquisas desvelan adjudicaciones irregulares que superan los 70 millones de euros, otorgándose contratos a empresas que no ofrecieron las propuestas más económicas.
El informe destaca que los pliegos de contratación no aseguraban la transparencia ni la igualdad de condiciones, complicando el control del proceso y favoreciendo la discrecionalidad.
Se registraron denuncias internas relativas a la manipulación en la puntuación técnica y a la falta de rigor en las respuestas de Adif, lo cual añade peso a las sospechas sobre posibles irregularidades.
El sistema de contratación de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) presenta fallos estructurales que facilitan la aparición de irregularidades en las adjudicaciones públicas.
Así lo asegura el Tribunal de Cuentas en su informe para el período 2018-2021, cuando la entidad estaba presidida por Isabel Pardo de Vera y José Luis Ábalos desempeñaba funciones como ministro de Transportes.
Pardo de Vera, quien dejó Adif para asumir el cargo de secretaria de Estado de Transportes, se encuentra imputada en la Audiencia Nacional por cinco delitos: malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal.
Según las pesquisas de la UCO, Pardo de Vera favoreció dos adjudicaciones irregulares en Adif por un valor superior a 70 millones de euros, siguiendo instrucciones de José Luis Ábalos a través de Koldo García.
La primera adjudicación fue otorgada a Acciona por 71,6 millones de euros para la ejecución del proyecto de integración ferroviaria en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona). La propuesta era la novena más económica, pero resultó ganadora.
La segunda obra la consiguió LIC, empresa vinculada a Pepe Ruz, también imputado, que obtuvo el contrato para trabajos de emergencia en la Línea 750 Gijón Sanz Crespo-Pravia, dentro de la Red de Ancho Métrico, por un monto de 592.053 euros.
Además, los investigadores encontraron en el domicilio de Pardo de Vera un documento relacionado con la compra de cinco millones de mascarillas por parte de Adif, operación vinculada a la trama Koldo.
El informe del Tribunal de Cuentas concluye que los pliegos de contratos de Adif, al menos durante ese periodo, impiden asegurar la transparencia y un control efectivo de los procedimientos de adjudicación, especialmente debido a la ausencia de justificación y trazabilidad en las puntuaciones técnicas.
El órgano auditor detalla que en la mayoría de los expedientes estudiados «se incluyen más criterios a valorar que los especificados en los pliegos» y que «en la evaluación del contenido de las ofertas […] se emplean expresiones semejantes para asignar puntuaciones diferentes, lo que finalmente elimina la justificación en la asignación de puntos».
Esto implica que, por un lado, los pliegos no permiten a los licitadores conocer de antemano qué aspectos específicos serán evaluados ni el peso que tendrá cada uno en la puntuación final, al no estar ponderados.
Por otro lado, el Tribunal critica que la entidad ferroviaria recurra habitualmente a criterios técnicos basados en juicios de valor, que en numerosos casos representan hasta el 57% de la puntuación total, debilitando así el principio de transparencia.
Asimismo, el órgano fiscalizador subraya la carencia de justificación en las puntuaciones técnicas, que en la mayoría de los casos se limitan a una calificación final sin explicar ni fundamentar cómo se obtuvo, lo que vulnera los principios de transparencia e igualdad de trato.
La «inobservancia» de estos dos principios, «de transparencia e igualdad de trato», según indica el Tribunal, «complica la imposición de límites a la discrecionalidad […] facilitando que en ciertos casos exista arbitrariedad en la asignación de puntuaciones y que la oferta finalmente elegida no sea la más ventajosa económicamente».
El Tribunal sostiene que esto constituye «una infracción» tanto de la Ley de Contratos del Sector Público como de la normativa europea, debido a la falta de transparencia en la puntuación y a la ausencia de igualdad de trato entre todos los licitadores.
Por ello, el órgano fiscalizador concluye que este modelo de pliegos «no permite descartar la existencia» de irregularidades en los contratos públicos.
Denuncias en el «canal ético»
En 2022 se presentaron dos denuncias a través de los canales éticos de la entidad ferroviaria, relacionadas con dos expedientes de contratación de 2021 vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
En dichas denuncias se alertaba sobre posibles manipulaciones en las puntuaciones técnicas y sobre la falta de transparencia en la valoración de las ofertas.
También se ponía en duda la coherencia entre el contenido de las propuestas y las puntuaciones asignadas, señalando que expresiones casi idénticas en los informes técnicos resultaban en puntuaciones diferentes según los licitadores.
En este sentido, se advertía que los resultados de ciertos contratos estaban «orientados» antes de finalizar los procesos de evaluación y adjudicación.
Así, el Tribunal indica que el propio diseño del sistema de contratación impide comprobar con claridad si los hechos denunciados en el «canal ético» efectivamente sucedieron.
Aunque reconoce que Adif actuó ante las dos denuncias presentadas, señala que sus respuestas «carecen del rigor exigible».
«Debe destacarse la laxitud con la que se afirma la regularidad y legalidad de los procedimientos de adjudicación, a pesar de las debilidades de los pliegos, las irregularidades en los informes de valoración y la ausencia de justificación en los informes periciales», expone el informe.
En sus conclusiones, el órgano fiscalizador insiste en que Adif debe fortalecer la transparencia y la trazabilidad para asegurar la integridad en la gestión de los fondos públicos.
Este informe del Tribunal de Cuentas adquiere ahora mayor importancia debido al momento en que se publica: con los tribunales y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investigando una presunta red de comisiones relacionada con el amaño en adjudicaciones de obras públicas.