José Luis Ábalos, exministro y exsecretario de Organización del PSOE, ha solicitado al Tribunal Supremo que su juicio relativo a la presunta trama de comisiones en contratos de mascarillas se realice ante un jurado popular.
La defensa de Ábalos sostiene que los delitos centrales que se le imputan (cohecho, tráfico de influencias y malversación) corresponden a la jurisdicción del tribunal de jurado, lo que debería también incluir las restantes acusaciones.
El Tribunal Supremo ha programado una vista el 15 de enero para analizar el recurso de Ábalos contra su prisión provisional, establecida debido al riesgo «extremo» de fuga.
La Fiscalía reclama 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para su antiguo asesor Koldo García, mientras que las acusaciones elevan la pena solicitada hasta los 30 años por la supuesta red de mascarillas.
El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha pedido al Tribunal Supremo ser juzgado por un jurado popular en lugar de por el Alto Tribunal en el proceso relacionado con las presuntas comisiones en contratos públicos de mascarillas durante la pandemia.
En un documento presentado en el Supremo, la defensa de Ábalos argumenta que los delitos principales imputados pertenecen a la competencia del tribunal de jurado. Se trata específicamente de cohecho, tráfico de influencias y malversación vinculados con la supuesta trama de las mascarillas.
El abogado defensor señala que solo dos cargos en la acusación son «ajenos a la competencia del jurado» (organización criminal y uso de información privilegiada), mientras que «la mayoría de las imputaciones» corresponden al ámbito del tribunal de jurado popular.
Por ello, el letrado sostiene que los delitos principales pertenecen a la competencia del jurado y que estos «arrastran a los otros» dos cargos, «pero nunca al contrario».
En este contexto, la defensa remarca que Ábalos es aforado ante el Tribunal Supremo y, «según la ley, le corresponde ser juzgado por el Tribunal Supremo, pero mediante jurado popular».
«El Tribunal Supremo no pierde su jurisdicción por el hecho de que el juicio sea con jurado; simplemente, la Sala se conforma de un modo particular (un magistrado-presidente y nueve jurados)», se explica en el texto.
Como precedente, Ábalos recuerda el caso del expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps, destacando que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia «se declaró competente para juzgar hechos relacionados con la supuesta aceptación de regalos en forma de prendas de vestir».
Recursos
El Tribunal Supremo celebrará el próximo 15 de enero una sesión para revisar el recurso que Ábalos interpuso contra su prisión provisional, dictada el 27 de noviembre en espera del proceso judicial.
Los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena -encargados de revisar las decisiones tomadas por el juez instructor del caso Koldo- han accedido a la solicitud del exnúmero 3 del PSOE de conducir una vista para examinar su recurso.
Ábalos, que permanece en la prisión madrileña de Soto del Real junto a su exasesor Koldo García Izaguirre, argumentó en su recurso que si hubiera un riesgo real de fuga, no habría acudido «sin oponer resistencia» y «como un cordero al matadero» a la vista programada por el juez con una semana de antelación.
El juez ordenó prisión preventiva por considerar un riesgo «extremo» de fuga, dado el elevado tiempo de condena que enfrentan como parte principal en el caso Koldo: la Fiscalía reclama 24 años para Ábalos y 19,5 para su exasesor, mientras que las acusaciones incrementan la solicitud hasta 30 años.
Posteriormente, el 10 de diciembre, la Sala de Apelación ratificó los indicios valorados por el juez para procesar a los acusados junto con el presunto comisionista de la red, Víctor de Aldama, quien afronta una petición de 7 años y cuenta con una posición más favorable en el proceso gracias a su colaboración con la justicia, reconocida por las acusaciones y el juez.
El día 11, el juez Leopoldo Puente acordó la apertura del juicio oral contra los tres. Serán juzgados, en una fecha aún por determinar, bajo la sospecha de haberse concertado para obtener «un beneficio económico común» en contratos públicos gestionados por empresas vinculadas a Aldama, aprovechando el cargo de Ábalos en el Gobierno y su posición como secretario de Organización del PSOE.
Este será el primer juicio relacionado con el caso Koldo, que cuenta con otra causa abierta en el Supremo por supuestos amaños en adjudicaciones públicas que afecta también al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, además de varias investigaciones en la Audiencia Nacional, incluyendo una que indaga sobre pagos en efectivo realizados al mencionado partido.