La Audiencia Nacional ha impuesto condenas a 29 individuos, incluidos seis exalcaldes de la Comunidad de Madrid, por actos de corrupción vinculados a la trama Púnica.
Los sentenciados aceptaban sobornos y regalos a cambio de asignar contratos públicos millonarios relacionados con la eficiencia energética a la empresa Cofely durante el periodo 2012-2014.
David Marjaliza, identificado como el principal impulsor de la corrupción en esta red, recibió la sanción más severa: ocho años y dos meses de prisión.
Cofely deberá abonar una multa superior a 3,5 millones de euros, mientras que algunos de sus exdirectivos han sido sentenciados a más de seis años de cárcel.
La Audiencia Nacional condenó a 29 personas, incluyendo a seis exalcaldes de la Comunidad de Madrid, por delitos de corrupción durante la adjudicación de contratos millonarios para servicios de eficiencia energética a la empresa Cofely, a cambio de comisiones y dádivas entre 2012 y 2014, dentro de la denominada trama Púnica.
En una sentencia de 611 páginas, se impusieron penas de prisión a exalcaldes como Daniel Ortiz Espejo (Móstoles), Agustín Juárez (Collado Villalba) y Carlos Alberto Estrada (Moraleja de Enmedio), todos del PP; también a Antonio Sánchez Fernández, de un partido independiente en Serranillos del Valle, y al socialista José María Fraile, exregidor de Parla.
Además, fueron condenados los hermanos Alejandro y Mario Utrilla, exconcejal de Medio Ambiente de Móstoles y exdiputado regional del PP así como exalcalde de Sevilla La Nueva, respectivamente.
Gonzalo Cubas, alcalde de Torrejón de Velasco por el PP, fue sancionado con inhabilitación especial, mientras que José García Lobato de Almendralejo (Badajoz) y José Carlos Boza de Valdemoro, ambos del mismo partido, fueron absueltos.
La condena más importante recayó sobre David Marjaliza, considerado el corruptor principal y antiguo socio de Francisco Granados —quien no fue juzgado en esta pieza—, con una pena de ocho años y dos meses de prisión.
En total, el tribunal declaró culpables a 29 de las 37 personas físicas y jurídicas procesadas en la pieza 6 del caso Púnica, por prácticas corruptas en la adjudicación de contratos públicos de eficiencia energética a Cofely, a cambio de sobornos a alcaldes, autoridades y funcionarios de diferentes ayuntamientos madrileños.
Se impusieron condenas superiores a seis años de prisión al entonces director general de Cofely, Didier Roger Maurice, al exdirector Comercial Constantino Álvarez y al exdirector Comercial Pedro García Pérez. Cofely fue multada con más de 3,5 millones de euros.
Una organización criminal
Según el tribunal, entre marzo de 2012 y octubre de 2014, los directivos de Cofely y Marjaliza operaron como una organización criminal, con un plan detallado para obtener la adjudicación de contratos de eficiencia energética en ayuntamientos a través de acuerdos corruptos con autoridades y técnicos responsables.
La empresa obtenía datos sobre el consumo y estado de las instalaciones antes de las licitaciones y también influía en la elaboración del expediente administrativo, aportando elementos clave como precio, fórmula de valoración económica, duración y criterios, siempre en su beneficio.
Además, en el cálculo del precio se incluían partidas de project y de auditoría, utilizadas para canalizar los pagos ilegales prometidos a políticos o funcionarios. Así, si esta oferta era aceptada y Cofely ganaba el contrato, el Ayuntamiento asumía un sobrecoste.
«Esta dinámica se repitió, con las variaciones propias de cada caso, en casi todos los Ayuntamientos afectados por esta causa separada», concluye el tribunal.
A varios condenados se les aplicaron atenuantes por confesión tardía, demoras indebidas y reparación del daño.
El tribunal reconoció que la sentencia tarda en dictarse once años desde el inicio del caso en junio de 2014, culpa que atribuye, entre otros motivos, a déficits estructurales y a «la sobrecarga de macrocausas que afecta a la Sala Penal de la Audiencia Nacional».
Hasta ahora, el principal implicado en el caso Púnica, Francisco Granados, solo ha sido juzgado por un asunto lateral relacionado con un aviso recibido por parte de un guardia civil durante la investigación.