España mantiene controversias sobre la delimitación de sus aguas territoriales no solo con Marruecos, sino también con Portugal, Reino Unido y Argelia.
Solo existe un pacto definitivo de delimitación marítima con Francia en el Mar Cantábrico; las demás fronteras marítimas con los países vecinos aún están en proceso de negociación.
Las áreas principales de discordia incluyen Gibraltar con Reino Unido, las Islas Salvajes con Portugal y la ampliación de la zona económica exclusiva de Argelia hacia las Baleares.
La controversia con Marruecos impacta particularmente en la zona económica exclusiva de Canarias, donde existen intereses relacionados con recursos minerales como níquel, cobalto y cobre.
Las conversaciones entre España y Marruecos sobre la delimitación de fronteras marítimas en el Atlántico revelan que el conflicto abierto no solo involucra a ese país magrebí, sino también a Portugal, Reino Unido y Argelia.
La soberanía de las aguas está establecida por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
Este tratado estipula que, cuando las costas de dos Estados son contiguas o se encuentran frente a frente, «ninguno de dichos Estados podrá, salvo acuerdo contrario, extender su mar territorial más allá de una línea media».
La situación de España resulta especialmente complicada debido a que el país está formado por territorios continentales y insulares en dos continentes, manteniendo fronteras marítimas con seis países: Francia, Portugal, Reino Unido, Italia, Marruecos y Argelia.
En la actualidad existen varias zonas marítimas españolas pendientes de delimitación por la ausencia de acuerdos con Estados vecinos.
Entre los ejemplos más evidentes están la Bahía de Algeciras, con Gibraltar, así como las ciudades, islas y peñones españoles en el norte de África: Ceuta, Melilla, Chafarinas, Alhucemas, Vélez de la Gomera y Perejil.
La reclamación territorial de Marruecos sobre estos territorios ha dificultado tradicionalmente la firma de acuerdos.
En efecto, España mantiene un único acuerdo consolidado sobre la delimitación de aguas con Francia en el Mar Cantábrico.
Este acuerdo data de 1856 entre ambas monarquías, que establecieron que la división se delimitara a lo largo del centro del cauce principal del río Bidasoa, en bajamar. Así, el río Bidasoa, que fluye entre Hondarribia y Hendaya, separa ambos países en menos de 12 millas.
Además, existe un convenio bilateral sobre la delimitación del mar territorial y la zona contigua en el Golfo de Vizcaya, firmado en París el 29 de enero de 1974, que regula el límite hasta las 12 millas desde las líneas de base de Francia y España. La línea divisoria se muestra en la carta náutica francesa número 174, actualizada en 1973.
Sin embargo, «aún es necesario alcanzar acuerdos con los países vecinos para establecer claramente la propiedad de nuestras aguas», señala José Mangas, geólogo y profesor titular en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
El mar territorial es una franja de 12 millas náuticas desde la costa hacia el mar, salvo en casos específicos como el Estrecho de Gibraltar o áreas fronterizas con otros países, donde la división se realiza entre ambas partes. En este ámbito, el Estado ejerce plena soberanía, respetando el derecho de paso de barcos extranjeros.
A continuación, se extiende una zona contigua también de 12 millas, donde el país puede imponer controles sobre infracciones aduaneras, sanitarias y migratorias.
Luego está la denominada Zona Económica Exclusiva (ZEE), que puede alcanzar hasta 200 millas, y donde el Estado costero posee derechos soberanos sobre exploración, explotación y conservación de recursos, desde la pesca hasta el petróleo del subsuelo marino.
España enfrenta un conflicto norteño con Portugal debido a que considera que las Islas Salvajes, situadas al sur de Madeira, le pertenecen.
«Cuando España ha sugerido que las Islas Salvajes están deshabitadas, sólo ocupadas por aves, peces y algunos lagartos, Portugal argumenta que le pertenecen bajo tratados históricos entre España y Portugal de la Edad Media. No obstante, la verdadera dificultad radica en Gibraltar, donde están involucrados Reino Unido, España y Marruecos», añade Mangas.
España no reconoce la soberanía británica sobre las aguas de Gibraltar, salvo las interiores del puerto.
Por su parte, Reino Unido sostiene que posee aguas territoriales limitadas a la roca y el istmo, extendiéndose tres millas hacia el este y 1,5 millas hacia el oeste dentro de la bahía, conforme a la carta náutica británica del Almirantazgo correspondiente a Gibraltar.
El profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Cádiz, Alejandro del Valle, ha desarrollado una teoría propia que indica que, dado que no se cedió totalmente la montaña ni la cara de levante del Peñón, las aguas del este serían españolas, mientras que las del oeste serían británicas.
Sin embargo, «el problema radica en que no hay coordinación entre las autoridades portuarias, lo cual es una de las cuestiones más urgentes».
«Existe un peligroso riesgo de escalada debido a continuos incidentes entre patrulleras de la Policía gibraltareña y embarcaciones de la Guardia Civil española», detalla Alejandro del Valle a EL ESPAÑOL.
No obstante, «la jurisdicción de facto recae en el puerto de Gibraltar, que concede permisos para el fondeo de buques en esa zona», indica este profesor.
Además, considera viable alcanzar «algún acuerdo para la coordinación en aspectos medioambientales, cooperación aduanera y pesca, dado que los pescadores han enfrentado problemas históricos. En definitiva, serían medidas que favorecerían una convivencia más tranquila».
Los recursos de Canarias
En definitiva, la disputa real se centra en la zona económica exclusiva de la costa Atlántica con Marruecos, donde están en juego recursos tanto biológicos como minerales.
«Específicamente, existen costras de manganeso, tierras raras, especialmente níquel, cobalto y cobre, además de arsénico y la posible presencia de otros metales», detalla el geólogo y profesor canario José Mangas.
España inició la exploración de recursos minerales en montes submarinos en 2013 y, al año siguiente, solicitó a la Convemar la ampliación de su plataforma continental.
«La política de cualquier Estado avanzado es primero investigar y explorar; después, si resulta conveniente, explotar o conservar. España está en la etapa de identificación de recursos y expansión hacia la plataforma continental. Mediante institutos geológicos, mineros y la Marina, se está realizando la cartografía correspondiente», explica Mangas.
En 2014, Marruecos reclamó a la Convemar y, en 2020, publicó dos leyes en el Boletín Oficial del Estado, firmadas por el rey Mohamed VI, que amplían unilateralmente su zona económica exclusiva y plataforma continental.
«Su política expansionista se manifiesta silenciosamente: avanzan hacia el sur, incorporando el Sáhara Occidental o intentando captar zonas en Mauritania. En el norte, tienen en cuenta Ceuta, Melilla y Perejil. Este es un problema constante que sólo se resolverá mediante acuerdos bilaterales o multilaterales», aclara Mangas.
Para extraer las costras minerales en el fondo marino a mil o dos mil metros y procesarlas en metalurgia se requiere una inversión considerable.
Actualmente, es más rentable obtener estos metales de minas ubicadas en Noruega o Finlandia, o mediante extracción en zonas más superficiales.
«Ni el actual rey de Marruecos ni el que venga explotarán esos fondos; tal vez en dos, tres o cuatro generaciones pueda ser viable. Es un recurso para el futuro, pero un país no puede permanecer inactivo, debe investigar, que es lo que estamos haciendo ahora», concluye Mangas.
Argelia se extiende a Baleares
También en el norte de África, en 2018, Argelia aprobó un decreto que amplió su zona económica exclusiva (ZEE), solapándose con las aguas del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de Cabrera, en las Islas Baleares.
España presentó entonces una nota verbal de protesta que se notificó a las Naciones Unidas, seguida por una respuesta formal de Argelia; en ambas se manifestó la voluntad de iniciar negociaciones. Dos años después, el Govern balear remitió un expediente administrativo al Congreso.
«El Gobierno español defenderá los intereses nacionales durante cualquier negociación para que ningún acuerdo sea perjudicial. Además, en ausencia de delimitación, no existe un vacío legal, pues la Convención del Derecho del Mar establece límites y criterios», contestó el Ejecutivo a una pregunta de Vicenç Vidal Matas, senador por el Parlamento de las Islas Baleares del grupo parlamentario izquierda confederal.
El asunto se abordó durante el viaje de la ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya a Argel en marzo de 2020.
No obstante, el diálogo con Argelia, que incluía la delimitación de los espacios marítimos, se suspendió tras el reconocimiento por parte de España del plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental en marzo de 2022.