Teresa Peramato asumió oficialmente su puesto como miembro del Consejo de Estado, destacando la visión jurídica y el compromiso de su predecesor, Álvaro García Ortiz.
Peramato remarcó el papel fundamental del Ministerio Fiscal en la salvaguarda de los derechos fundamentales y la defensa de grupos vulnerables.
La nueva fiscal general puntualizó tres objetivos clave: combatir la violencia contra la mujer, luchar contra la corrupción e impulsar un cambio en el modelo procesal penal.
Peramato subrayó la urgencia de ajustar la justicia a las exigencias sociales, protegiendo especialmente a quienes enfrentan mayores obstáculos para su defensa.
Teresa Peramato, actual Fiscal General del Estado, tomó posesión este jueves como integrante del Consejo de Estado en un acto donde reiteró sus elogios hacia su antecesor, Álvaro García Ortiz, quien fue condenado por el Tribunal Supremo por revelar información tributaria confidencial del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Durante su intervención ante la Comisión de Justicia del Parlamento, Peramato manifestó su «reconocimiento por el trabajo llevado a cabo por mi antecesor», y en su primer discurso oficial como fiscal general añadió su «respeto, admiración y gratitud», mientras que en esta ocasión quiso enfatizar las cualidades jurídicas, el compromiso y la perspicacia de su inmediato predecesor, el excelentísimo señor don Álvaro García Ortiz.
«Estas expresiones son muestra de gratitud y un reconocimiento incuestionable«, afirmó.
La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, en un tono más moderado, dio la bienvenida a Peramato y expresó su «agradecimiento por la labor y las contribuciones realizadas por tu antecesor».
En su discurso, la fiscal general recordó la configuración constitucional del Ministerio Público establecida en el artículo 124 de la Constitución, que «asegura su independencia, garantizando que su actuación se base exclusivamente en el interés general y siguiendo los principios de legalidad e imparcialidad».
«Tenemos la responsabilidad de garantizar el orden jurídico y defender los valores democráticos», señaló Peramato.
La función del Ministerio Público «nos sitúa en el núcleo de la estructura constitucional, con una responsabilidad que trasciende el ámbito estrictamente procesal para enfocarse en la protección efectiva de los derechos fundamentales y las libertades públicas».
«La Fiscalía asegura, en todo el territorio nacional, la unidad de criterios y la uniformidad en la interpretación de la ley», puntualizó.
«Sin embargo», añadió, «el trabajo de los fiscales no se limita a defender abstractamente la legalidad. El avance democrático y las reformas legislativas han ampliado nuestra función, dotándonos de una participación cada vez más activa en espacios donde se resguardan derechos esenciales».
En este sentido, recordó que la Fiscalía actúa en procesos relacionados con la protección de colectivos vulnerables, la lucha contra la violencia sobre la mujer, la defensa del medio ambiente, la tutela de menores y personas con discapacidad, así como en la persecución de delitos que amenazan la paz social.
«Este crecimiento funcional responde a un principio claro: el derecho y la justicia no son conceptos estáticos, sino realidades cambiantes que deben ajustarse a las necesidades de la sociedad».
En este marco, la acción del Ministerio Fiscal se desarrolla bajo una regla fundamental: defender a quienes enfrentan mayores dificultades para protegerse. Esa es nuestra misión y la esencia de nuestra labor», afirmó.
Peramato hizo referencia a lo que denominó «los tres compromisos esenciales para esta nueva etapa».
El primero corresponde a «mi firme compromiso con la lucha contra la violencia de género«.
España «ha avanzado en la protección completa de las víctimas, en la especialización de los órganos competentes y en la coordinación institucional», destacó.
No obstante, «es necesario continuar mejorando los instrumentos legales, aumentar los recursos disponibles y fomentar la sensibilización social, ya que la igualdad real y efectiva no permite retrocesos de ningún tipo».
El segundo compromiso se enfoca en el combate de la corrupción.
«Ningún sistema democrático puede sostenerse si se pierde la confianza ciudadana en sus instituciones», afirmó.
Para la fiscal general, la corrupción «no solo infringe la legalidad, sino que también debilita la cohesión social y deteriora la credibilidad en el sistema».
«La Fiscalía debe actuar con determinación, en coordinación con otros órganos, para prevenir, investigar y sancionar estas conductas, puesto que la integridad institucional es crucial para la legitimidad democrática».
El tercer compromiso implica su apuesta por el cambio en el modelo procesal penal, de modo que los fiscales asuman la dirección de la investigación de los delitos, una necesidad que considera urgente.