El juez Arturo Zamarriego ha requerido a la Audiencia Nacional el informe elaborado por la Guardia Civil que motivó la detención de Leire Díez, conocida popularmente como la ‘fontanera’ del PSOE.
Esta solicitud fue promovida por la asociación Hazte Oír, y será el juez Santiago Pedraz quien deberá remitir dicho informe a Zamarriego una vez se levante el secreto de sumario.
Leire Díez, junto a Vicente Fernández y Antxon Alonso, fueron arrestados bajo sospecha de manipulación en contratos públicos que superan los 130 millones de euros y por presuntas comisiones ilegales que exceden los 700.000 euros.
El informe policial incluye, entre otros detalles, la presunta amañación para favorecer a la empresa Tubos Reunidos, que recibió un rescate de 112 millones de euros por parte de la Sepi.
El juez Arturo Zamarriego, primer magistrado encargado de investigar las maniobras de Leire Díez, apodada como la fontanera del PSOE, ha solicitado a la Audiencia Nacional el informe de la Guardia Civil que desembocó, la semana pasada, en la detención de esta persona.
La petición fue realizada por la asociación Hazte Oír y ha sido formalmente admitida por el juez mediante una resolución fechada este miércoles, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
En ese documento, el magistrado indica que, dado que la causa abierta en la Audiencia Nacional contra Leire Díez permanece bajo secreto, el informe policial le será entregado una vez se levante ese secreto, lo cual aún no ha sucedido.
Dicho informe policial llevó al arresto, además de la fontanera del PSOE, del expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Sepi), Vicente Fernández, y del empresario constructor Antxon Alonso.
Los tres permanecieron detenidos durante 72 horas antes de ser interrogados por el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, quien, al estar de guardia, inició el procedimiento. Posteriormente, el caso fue asignado a reparto y la investigación continuará bajo la responsabilidad del magistrado Santiago Pedraz.
Será este último quien tenga la obligación de entregar el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tal como ha solicitado Zamarriego.
Los arrestados, Vicente Fernández, Leire Díez y Antxon Alonso, están implicados por la supuesta manipulación de al menos cinco contratos públicos con un valor acumulado que supera los 130 millones de euros.
Se considera que este grupo habría recibido comisiones ilícitas cuantiosas, ascendiendo a más de 700.000 euros. Entre las irregularidades señaladas, la UCO destaca en su informe un supuesto arreglo para favorecer a la empresa Tubos Reunidos, la cual fue rescatada con 112 millones de euros por la Sepi.
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