El acuerdo con CCOO, UGT y CSIF contempla negociar en enero los detalles de la medida y el desarrollo del teletrabajo
El Ministerio de Función Pública junto a las principales organizaciones sindicales del sector público ha acordado avanzar en la implementación de la jornada laboral de 35 horas semanales y el fomento del teletrabajo en la Administración General del Estado. Según informan CCOO, UGT y CSIF, se llevarán a cabo reuniones a lo largo de enero para definir ambos aspectos, que afectarán exclusivamente al personal estatal, excluyendo explícitamente a las Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Esta medida no tendrá repercusiones sobre los empleados públicos de las comunidades autónomas ni de las entidades locales, ya que su ámbito se limita exclusivamente a la Administración General del Estado. El acuerdo surge dentro del diálogo social establecido entre Función Pública y los sindicatos, en el marco de las comisiones de seguimiento para los compromisos pendientes del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI y el reciente Acuerdo Marco de Condiciones Laborales firmado por las tres organizaciones sindicales.
Carlos Álvarez, secretario de Administración del Estado de UGT Servicios Públicos, ha señalado que el departamento encargado de la política de personal estatal se compromete a implantar la jornada de 35 horas a partir de febrero. Si se cumple este plazo, sería la primera ocasión en que la Administración General del Estado establece de manera generalizada esa duración semanal para su personal funcionario y laboral.
Un cambio histórico en la jornada laboral estatal
Actualmente, la carga laboral de los empleados públicos estatales es de 37,5 horas semanales. Aunque durante la década de los años noventa diversas administraciones autonómicas y locales comenzaron a adoptar la jornada de 35 horas, a nivel estatal nunca se aplicó de forma efectiva. Esta situación se agravó en 2012, cuando los recortes derivados de la crisis financiera eliminaron la posibilidad de mantener o introducir dicha reducción en todo el ámbito público.
La prohibición de establecer jornadas inferiores a 37,5 horas se mantuvo vigente hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en 2018. A partir de entonces, ciertas comunidades autónomas y ayuntamientos recuperaron paulatinamente las 35 horas semanales, aunque la Administración General del Estado permaneció al margen hasta el momento presente.
Para concretar la reducción de jornada, Función Pública ha comunicado a los sindicatos que tiene previsto reunirse durante el próximo mes con los distintos ministerios. El propósito de estos encuentros es determinar cómo se implementará la nueva jornada en los diferentes sectores administrativos, considerando las particularidades de cada servicio. Según explican los sindicatos, estas definiciones podrían implicar algunas excepciones en la aplicación de las 35 horas, según las necesidades organizativas o la naturaleza de ciertos puestos.
Teletrabajo y nuevos grupos de trabajo
Además de la reducción de la jornada laboral, el acuerdo contempla fomentar el teletrabajo en la Administración General del Estado. Sin embargo, los sindicatos admiten que su desarrollo requerirá un periodo más extenso. Carlos Álvarez ha indicado que, aunque se impulsará el teletrabajo a partir de enero, su implementación será más paulatina, debido a la necesidad de regular aspectos organizativos, tecnológicos y de supervisión de la actividad.
El avance de estas medidas forma parte del seguimiento del nuevo Acuerdo Marco de Condiciones Laborales, que incluye, entre otras cuestiones, una subida salarial para el personal público. En este contexto, la comisión de seguimiento ha acordado reunirse nuevamente el 29 de enero para constituir varios grupos de trabajo que desarrollen los compromisos pendientes.
Díaz pide a los sindicatos que se movilicen para defender la reducción de la jornada laboral.
En particular, se prevé la creación de equipos específicos sobre Igualdad, Digitalización e Inteligencia Artificial, Salud Laboral y Empleo Público. Estos grupos deberán abordar temas vinculados con la modernización administrativa, la integración de nuevas tecnologías, la prevención de riesgos laborales y la gestión de recursos humanos.
Por otro lado, el sindicato CSIF ha propuesto la formación de tres grupos de trabajo adicionales. Las iniciativas incluyen un grupo orientado a Promoción Interna y Clasificación Profesional, otro dedicado a Mutualismo Administrativo y Clases Pasivas, y un tercero centrado en Derechos Laborales. Estas propuestas buscan ampliar el alcance del acuerdo y atender demandas históricas del personal al servicio de la Administración General del Estado.