El Ministerio del Interior ha apartado de su cargo al comisario Antonio José Royo Subías como jefe de la Policía Nacional en Lérida, tras confirmarse su condena por acoso sexual.
En 2003, Royo Subías fue declarado culpable de acoso sexual agravado contra una subordinada, utilizando su autoridad como superior jerárquico.
El fallo judicial describía que el comisario proponía beneficios laborales a la agente a cambio de mantener relaciones sexuales y que incluso llegó a agredirla físicamente.
La pena impuesta incluyó una multa de 1.080 euros y una indemnización de 3.000 euros, sin contemplar inhabilitación, lo que permitió su promoción y permanencia en la Policía.
Interior ha destituido al comisario Antonio José Royo Subías, quien ejercía como principal responsable de la Policía Nacional en Lérida, tras haber sido condenado en 2003 por un delito de acoso sexual hacia una subordinada.
Este cese se ha producido tras hacerse público este lunes su nombramiento, adelantado por el diario Segre, que quedó formalizado el pasado 9 de diciembre, día en que el mando policial asumió oficialmente el puesto.
En junio de 2003, Royo Subías fue sentenciado como autor de un delito agravado de acoso sexual, debido a que utilizó su posición jerárquica para delinquir.
Los hechos probados por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa y ratificados en 2004 por el Tribunal Supremo ocurrieron en marzo de 1999, durante su desempeño como inspector jefe de un grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) en San Sebastián.
Según la sentencia, Royo Subías empezó a acosar a una agente apenas dos días después de su incorporación a la unidad, para que accediera a mantener relaciones sexuales a cambio de ventajas laborales. También le propinó un «manotazo en el glúteo».
El fallo añadía que si la agente accedía a sus demandas, él le facilitaría «dietas, días libres, permisos y oportunidades de ascenso», pero si no, la convertía en su adversaria, lo que derivaba en «peores asignaciones, entre otros perjuicios», según recoge el diario al citar la sentencia.
Por estos hechos, fue multado con 1.080 euros y condenado a pagar 3.000 euros en concepto de indemnización a la víctima. La pena no incluyó inhabilitación alguna porque esta figura no existía hasta la reforma del Código Penal en 2022, lo que permitió su continuidad en la Policía y su ascenso a comisario en 2017.
Un año después de la resolución emitida por la Audiencia de Guipúzcoa, el Tribunal Supremo también responsabilizó civilmente al Estado, ya que las conductas se realizaron aprovechando la «prevalencia» de la posición del inspector jefe.