La plataforma deberá rectificar los incumplimientos detectados, eliminando los anuncios ilícitos de su plataforma y hacer pública la sanción que ha recibido
El portal de alquiler turístico Airbnb ha sido sancionado con más de 64 millones de euros por el Ministerio de Consumo, tras detectar la publicación de anuncios de viviendas para uso turístico sin licencia y otras infracciones. Esta multa, catalogada como grave, se ha declarado definitiva luego de que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, resolviera el recurso administrativo interpuesto por la empresa. Así lo ha informado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Bustinduy, mediante una resolución que agota la vía administrativa.
Además de la sanción económica, la resolución ministerial impone dos medidas adicionales: Airbnb debe corregir los incumplimientos detectados, eliminando los anuncios ilegales de su plataforma, y publicar la multa impuesta. Según los datos proporcionados por el Ministerio, la investigación identificó un total de 65.122 anuncios en Airbnb que infringían la normativa de Consumo, lo que motivó la sanción.
Anuncios ilegales
Entre las prácticas consideradas desleales por el ministerio figura la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia válida, incumpliendo así los requerimientos de la mayoría de las normativas autonómicas que exigen incluir el número de registro en la publicidad. También se comprobó la presencia de anuncios con números de licencia o registro falsos, así como la difusión de datos inexactos sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, configurando una práctica de publicidad engañosa.
Por estos hechos, el Ministerio impuso una sanción grave de 64.055.311 euros, cantidad que corresponde a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb mientras los anuncios permanecieron activos tras el aviso oficial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya había respaldado la orden de retirada de estos anuncios, dictada por el ministerio, en diferentes autos judiciales.
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La resolución también enumera otras infracciones: el incumplimiento de las obligaciones en contratos a distancia, al omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión, fue sancionado como infracción leve con 10.000 euros. La negativa de la plataforma a facilitar datos o colaborar en las labores de información, vigilancia o inspección durante la instrucción del expediente constituyó otra infracción leve, sancionada igualmente con 10.000 euros. Finalmente, el incumplimiento de las órdenes o medidas provisionales dictadas para evitar riesgos o daños a los consumidores durante la tramitación del expediente fue calificado como infracción grave, con multa de 55.000 euros.
Las agencias inmobiliarias, en el punto de mira
Consumo también ha informado mediante un comunicado que mantiene abiertos otros expedientes sancionadores contra agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas en la gestión del alquiler, dentro de su estrategia para enfrentar la crisis de la vivienda en España. Según lo expresado por Bustinduy, “miles de familias viven al límite por la vivienda, mientras unos pocos se lucran con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”. El ministro ha afirmado que “ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley”.