Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández proponían a empresarios la adquisición de edificios históricos de Correos, facilitando financiación pública a cambio de comisiones.
Esta red presentaba estos inmuebles, situados en ciudades como Madrid, País Vasco y Andalucía, para desarrollos hoteleros tras su compra y restauración.
Parte de los fondos se canalizaban a través de Sepides, y la influencia de Fernández en la Sepi se usaba como respaldo ante los interesados.
La Guardia Civil investiga a los tres por delitos relacionados con tráfico de influencias, cobro de comisiones y presuntos amaños en contratos públicos valorados en 132 millones de euros.
Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández ofrecían a empresarios la compra de edificios históricos de Correos con financiación pública a cambio de comisiones.
Fuentes que conocen las negociaciones explican a EL ESPAÑOL que la fontanera del PSOE y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) mostraron estos inmuebles a varios interesados.
En etapas posteriores de las negociaciones, ambos presentaban a Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, para sugerir que la constructora de la red asumiera, de forma directa o indirecta, la reforma.
Por lo general, proponían que, una vez comprado el edificio, que solía ubicarse en zonas emblemáticas de la ciudad, el proyecto tuviera fines hoteleros.
Entre los registros efectuados por la Guardia Civil se contó con el de la Dirección General de Patrimonio del Estado, perteneciente al Ministerio de Hacienda.
Los edificios de Correos involucrados en la operación están localizados en diferentes comunidades autónomas, incluyendo Madrid, País Vasco y Andalucía.
Para apoyar la operación, el expresidente de la Sepi y la fontanera del PSOE ofrecían a los empresarios financiación pública para la adquisición y reforma de los inmuebles.
Según las fuentes, esta financiación se canalizaba a través de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides).
La influencia de Vicente Fernández Guerrero en la Sepi se mostraba como garantía para quienes valoraban la viabilidad de las compras y de la financiación pública.
Fernández tenía la misión de localizar posibles empresarios interesados en invertir en la adquisición de estos edificios.
Por su lado, Leire Díez ejerció como directora de Relaciones Institucionales de Correos desde finales de 2021 hasta marzo de 2024, evidenciando su papel central dentro de la red.
Interés por los edificios
Según ha confirmado EL ESPAÑOL a través de fuentes cercanas a Correos, este tipo de operaciones se analizan con regularidad. «Numerosas empresas muestran interés en edificios emblemáticos de la sociedad», señalan.
Sin embargo, estos procesos no son frecuentes debido a su elevada complejidad, que requiere la aprobación del consejo de administración de Correos y de la Sepi.
Las fuentes consultadas recuerdan que no resulta extraño que Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso intentaran beneficiarse de este tipo de procesos.
Durante el tiempo que Díez desempeñó su cargo en Correos, la sociedad vendió varios inmuebles en ciudades como Almería, Castellón, Valencia y Barcelona, entre otras.
Los tres colaboradores de Santos Cerdán compartían un grupo de WhatsApp para manejar sus asuntos empresariales llamado Hirurok, que en vasco significa «los tres juntos».
Este grupo fue hallado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en uno de los dispositivos de Antxon Alonso durante el registro realizado en junio pasado.
Los documentos incautados, tanto en Servinabar como en el domicilio del socio de Cerdán, permitieron abrir esta pieza secreta en la Audiencia Nacional, que investiga presuntos amaños por 132 millones de euros.
Dentro de esta cifra se incluyen los 112,8 millones de euros del rescate que la empresa vasca Tubos Reunidos recibió por parte de la Sepi.
Otras operaciones bajo investigación son un contrato público adjudicado a Servinabar por parte de Mercasa y otro del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), asignado a la UTE formada por Construcciones y Excavaciones Erriberri SL y Afesa Medio Ambiente SA, con un importe de 2,8 millones.
La investigación
También se investigan pagos realizados por Enusa Industrias Avanzadas al despacho de abogados SDP Carrillo y Montes SLP, así como una ayuda de Sepides a Arapellet SL, empresa vinculada al grupo Forestalia, por un monto de 17,3 millones.
Una parte de las presuntas comisiones percibidas por la red habría sido canalizada mediante la empresa Mediaciones Martínez SL, con sede en Zaragoza durante años.
Mediaciones Martínez efectuó pagos por 148.000 euros a la constructora de Cerdán y Alonso en 2022 y 2023.
Carmelo Aznárez, propietario de la sociedad, la domiciliaba en la calle Serrano, 76 de Madrid tras efectuar las transferencias a Servinabar y modificó su nombre a Promociones Inmobiliarias Ku-ma.
Forestalia en el foco
La antigua Mediaciones Martínez también mantiene vínculos estrechos con sociedades de Forestalia y Sumelzo.
Aznárez es además propietario de Mascún Obra Civil. Esta constructora está asociada a Sumelzo SA y su dirección en Huesca es actualmente sede también de Infraestructuras Montearagón.
La UCO sostiene que Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández conformaban una amplia red dedicada al tráfico de influencias dentro del Gobierno de Pedro Sánchez.
Los tres fueron arrestados entre el miércoles y jueves pasados. Este sábado pasaron a disposición judicial y el magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña ordenó su puesta en libertad.
Como reveló en exclusiva EL ESPAÑOL el viernes, Cerdán y Leire extorsionaron a empresas del Ibex 35.
El entonces secretario de Organización del PSOE y la fontanera de Ferraz exigieron un millón de euros a las compañías para evitar la publicación de noticias perjudiciales. Ambos alegaban representar al Gobierno en estas extorsiones.
Las reuniones con los directivos se celebraban en un piso de Diego de León, en Madrid, alquilado por Vicente Fernández.
Leire y Cerdán intimidaban a las empresas con denuncias falsas de terceros y con la utilización de audios de Villarejo en su contra.