Entre las direcciones generales a las que se han desplazado los agentes se incluye la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, así como la Dirección General de Patrimonio del Estado, adscrita al Ministerio de Hacienda
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudió este viernes a la sede de Correos y a varias direcciones generales dependientes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Transición Ecológica, con el fin de obtener documentación relacionada con diversos expedientes de contratación pública, según informaron fuentes vinculadas a la investigación a EL MUNDO.
Entre las direcciones generales visitadas por la UCO se encuentran la Dirección General de Política Energética y Minas, que depende del Ministerio dirigido por Sara Aagesen, y la Dirección General de Patrimonio del Estado o el Tribunal de Recursos contractuales, que responde al Ministerio encabezado por María Jesús Montero.
Desde el Ministerio de Transición Ecológica señalaron que la Guardia Civil solicitó dos expedientes administrativos, los cuales fueron entregados «con prontitud» y «total cooperación».
Estas solicitudes de información forman parte de una operación que está llevando a cabo la Audiencia Nacional en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción en relación con presuntos amaños en contratos públicos dentro de varias empresas estratégicas del Estado.
En este proceso, que se mantiene bajo secreto de sumario, han sido arrestados el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) Vicente Fernández Guerrero, conocido por ser un hombre de confianza de la vicepresidenta María Jesús Montero; también la denominada fontanera de Ferraz, Leire Díez, y al socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso. Díez ejerció como directora de Relaciones Institucionales en Correos, entidad vinculada a Sepi.
Como ha informado este diario, en las irregularidades detectadas, la Sepi juega un papel crucial, tanto por los supuestos amaños realizados durante la presidencia de Vicente Fernández como por la actividad delictiva desarrollada posteriormente, en un periodo en que el grupo público parecía estar sin liderazgo, aunque Fernández continuaba operando «en la sombra» y gestionando una pieza estratégica del Estado bajo la protección de la ministra Montero.
Una «organización criminal»
Asimismo, las fuentes consultadas aseguran que la presunta red criminal extendió su influencia para manipular contratos públicos de manera sostenida y coordinada. Se investigan delitos como pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
Desde el inicio del operativo el pasado miércoles, la Guardia Civil ha efectuado alrededor de veinte solicitudes de información en las sociedades públicas Sepi, Sepides, Enusa y Mercasa, además de en domicilios situados en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra. Los agentes de la UCO también han realizado varios registros en empresas vinculadas a Servinabar (propiedad de Alonso y del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán), incluyendo una inspección en la sede de Forestalia en Zaragoza. Además, la Guardia Civil acudió ayer a un despacho de abogados, SDP Estudio Legal S.L., ubicado en Sevilla.
La investigación se inició a partir del material incautado por la Guardia Civil en la mercantil Servinabar en junio pasado. Al analizar dicha documentación, la UCO identificó indicios de posibles delitos que sobrepasaban el ámbito conocido como caso Koldo.
Tras comunicar estos indicios a la Fiscalía Anticorrupción, el área dirigida por el fiscal Alejandro Luzón abrió diligencias independientes para indagar en el círculo compuesto por Fernández, Díez y Alonso.
En el procedimiento hay ya alrededor de diez personas investigadas, según fuentes próximas a la pesquisa.