El Gobierno no consigue que el Congreso valide la senda de estabilidad y arranca el tercer año de legislatura sin poder aprobar unas cuentas estatales.
El Ejecutivo, marcado por escándalos de corrupción y casos sexuales dentro del PSOE, intenta aferrarse a la legislatura con urgencia mediante un conjunto de medidas dirigidas a amplios sectores, capaces de sumar un gran volumen de votos, además de concesiones rápidas a Junts. El último pleno del Congreso evidenció la reacción repentina del Gobierno ante la presión creciente, aunque también mostró la inutilidad de este esfuerzo: la Cámara rechazó por segunda vez la intención de Sánchez de obtener, a través de los Presupuestos, un pasaporte para mantenerse hasta 2027. PP, Vox, UPN y Junts votaron en contra, mientras Podemos y Compromís se abstuvieron, bloqueando nuevamente la senda de estabilidad y el techo de gasto planteado por el Ejecutivo.
Entre las iniciativas aprobadas se encuentran el aumento salarial para los funcionarios, la ley sobre atención al cliente en las lenguas cooficiales, ayudas complementarias a los afectados por el volcán de La Palma, y la autorización a las entidades locales para usar parte de su superávit en inversiones sostenibles. Además, se reconoce a la Generalitat de Cataluña la competencia para aprobar la oferta pública de empleo y la selección de funcionarios. Con estas medidas, el PSOE busca demostrar con esfuerzo que aún tiene margen de maniobra.
Por otro lado, el Congreso ha tumbado en segunda votación el avance hacia la tramitación de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Junts, con sus siete votos fundamentales, rechazó nuevamente la propuesta: «Ni objetivos hoy, ni Presupuestos mañana», declaró su portavoz Josep Maria Cruset, poniendo fin de facto al debate. Ahora, tras este fracaso debido a los votos en contra de las dos fuerzas derechistas y los diputados de Puigdemont, el Gobierno deberá enviar a las Cortes, en plazo aún por definir, un plan de cuentas nacionales ajustado a un límite de gasto antiguo.
La última sesión plenaria del año en el Congreso transcurrió en un ambiente de desconfianza, a veces abierta y otras fingida, antes del largo receso hasta mediados de febrero. Este periodo probablemente sólo se verá interrumpido por la convocatoria en enero, solicitada por el PP, de una diputación permanente, el órgano parlamentario que funciona entre sesiones.
Este será un tiempo que en La Moncloa esperan para distanciarse del rosario de escándalos que afectan directamente al Ejecutivo. Buscan iniciar esta pausa de inmediato: Sánchez prevé ofrecer la rueda de prensa tradicional de fin de año el próximo lunes 15, antes de las elecciones en Extremadura, que se anticipa serán muy negativas para el PSOE, y luego no habrá actividad significativa hasta, al menos, la segunda semana de enero.
Sin embargo, cuando la actividad parlamentaria comience lentamente tras las fiestas navideñas, el Gobierno seguirá enfrentando el problema de la ausencia de Presupuestos. Encarrilará el tercer año de legislatura con unas cuentas prorrogadas, diseñadas por un Ejecutivo anterior y aprobadas por otro Parlamento, situación inédita hasta ahora. A esto se sumarán los casos judiciales que afectan a quienes integraron el círculo más cercano a Pedro Sánchez.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, volvió a defender con empeño y detalle las metas de déficit y su intención de asignar más recursos a las Comunidades Autónomas y a la Seguridad Social. «Lo que votamos hoy», aseguró, «es esto; no se puede entender que ciertos partidos voten en contra sin considerar el daño que pueden causar a las autonomías». Según Montero, «el aumento del gasto responde a la mejora del bienestar de los ciudadanos», y citó como ejemplo el incremento salarial de los funcionarios como esencial para «fortalecer la democracia».
Para la vicepresidenta primera, resulta falso calificar al Gobierno de «inestable». A su criterio, lo demuestran las cifras de crecimiento, la creación de empleo y el nivel de la prima de riesgo. «Lo que molesta al PP es que España funcione y avance sin su participación», remarcó. «La derecha continúa atrapada en un ciclo que empeora día tras día», enfatizó.
El PP no dejó pasar la oportunidad para recordarle a Montero que todos sus colaboradores de confianza están imputados o detenidos. Además, criticó que la senda de estabilidad y el techo de gasto que presentaba incumplen los procedimientos. «La responsabilidad de no tener Presupuestos es solo suya, ustedes eligieron a sus socios y nosotros no estamos aquí para rescatarlos», afirmó el portavoz popular Juan Bravo.