España destina un 19,5% menos por alumno universitario que la media de la OCDE y un 14,5% menos que el promedio de la UE.

Cantabria encabeza el gasto público por estudiante universitario, mientras Madrid es la comunidad que menos aporta para estas plazas y donde las familias asumen un mayor coste.

El 22% del alumnado de grado estudia ya en universidades privadas, que sobresalen en campos con alta demanda y en la educación online.

El gasto por estudiante y la financiación autonómica en universidades españolas continúan por debajo de los niveles internacionales.

La inversión educativa de España en las universidades está por debajo de la de los principales países occidentales. Así lo muestra el último informe elaborado por la Fundación CYD, presentado este miércoles, que expone los desafíos que enfrentan las Administraciones públicas para mejorar la formación de los jóvenes.

De acuerdo con dicho estudio, el gasto total por estudiante universitario en España fue de 17.300 euros en 2022. Esta cantidad representa un 19,5% menos que el promedio de la OCDE (22.828 dólares, aproximadamente 21.500 euros) y un 14,5% inferior a la media de la UE (21.486 dólares, cerca de 20.200 euros).

Entre los 33 países analizados, España ocupa la duodécima posición desde el final en cuanto a gasto por alumno universitario. Lideran la lista Luxemburgo, Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Canadá y Noruega, todos con un gasto superior a los 29.000 euros.

En cuanto al modo de financiación, España depende relativamente más de la contribución privada que otros países europeos. Solo el 65,9% del gasto en educación superior universitaria proviene de fondos públicos, frente al casi 76% en el total de la UE.

Entre 2015 y 2022, el gasto por estudiante en universidades españolas creció apenas un 2,5% real, cifra significativamente inferior al aumento promedio de la OCDE (9,7%) y la UE (11,4%).

Los resultados varían notablemente al comparar la situación entre diferentes comunidades autónomas.

Las autonomías que destinan más de 10.000 euros por alumno universitario son Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra y Comunidad Valenciana, superando la media nacional, que es de 8.626 euros.

En el extremo opuesto, Madrid es la comunidad que menos financia cada plaza universitaria pública, con transferencias por estudiante de 6.975 euros, un valor bastante inferior a la media.

Simultáneamente, Madrid es la autonomía donde las universidades reciben mayores ingresos por tasas, precios públicos y otros conceptos por estudiante: más de 2.000 euros por alumno. En contraste, comunidades como Galicia apenas superan los 1.000 euros, y territorios como País Vasco, Andalucía o Canarias aplican una presión económica notablemente menor.

Esto implica que la administración madrileña invierte menos dinero público por estudiante y que las familias de esa región asumen un porcentaje mayor del coste.

Cabe señalar que esta carga financiera no es uniforme para todas las familias, ya que depende de su nivel de ingresos.

Al relacionar la financiación universitaria con la riqueza regional, Cantabria, Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias y Asturias se sitúan entre las comunidades que hacen un mayor esfuerzo público, con ratios de transferencia por alumno sobre el PIB per cápita superiores al 35% en el análisis.

Por el contrario, Madrid, Cataluña y Baleares se ubican en la parte baja del ranking, destacando Madrid con aproximadamente un 16,3%, lo que indica que destinan una proporción menor de su riqueza para sostener sus universidades.

Este escenario de insuficiente financiación pública relativa y notables diferencias territoriales ha impulsado la expansión del sector privado.

En la última década, la cantidad de universidades privadas ha aumentado considerablemente. Estas instituciones reúnen hoy cerca del 22% del alumnado de grado y superan a las públicas en cantidad de másteres, destacando especialmente los centros de educación a distancia.

Las universidades privadas se han enfocado en áreas con alta demanda y buena empleabilidad, como negocios, educación, salud, servicios e informática, aprovechando también la flexibilidad que ofrece la formación online.

El informe destaca que este avance ocurre en un sistema público donde el gasto por alumno y la financiación autonómica aún están por debajo de los estándares internacionales.