La sociedad estatal controlará el 7,8% del capital social, mientras que el consorcio vasco el 29,76%, ambos a un precio de 4,25 euros por acción
La Junta Extraordinaria de Accionistas de Talgo autorizó una ampliación de capital por valor de 45 millones de euros, con suscripción a cargo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y aprobó un nuevo esquema financiero que facilitará la entrada del consorcio liderado por Sidenor en el capital social de la empresa.
Esta operación, que se formalizará en los días próximos, representa un paso crucial hacia la nacionalización parcial del fabricante ferroviario, incorporando tanto al Estado como al Gobierno vasco mediante un consorcio público-privado. Según la comunicación remitida por Talgo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tras la ampliación la SEPI controlará inicialmente el 7,8% del capital social a un precio de 4,25 euros por acción, mientras que el consorcio vasco adquirirá el 29,76% de la compañía.
Talgo detalló a la CNMV que la ampliación de capital irá acompañada de dos emisiones de deuda que suman 105 millones de euros. Además, la Junta aprobó la emisión de 300 bonos convertibles en acciones ordinarias por 30 millones de euros y otros 750 bonos convertibles por 75 millones, así como la formalización de un préstamo sindicado de hasta 770 millones de euros y una línea de avales por hasta 500 millones, ambos con garantía parcial de la Compañía Española de Seguros de Crédito por cuenta propia y del Estado (Cesce).
Esta operación facilitará la salida del fondo británico Trilantic y la incorporación de Sidenor, junto a las fundaciones bancarias BBK y Vital y el fondo público Finkatuz, que aportarán 156,67 millones de euros para adquirir el 29,76% de la empresa, a un precio por acción idéntico al de la SEPI.
Jainaga asumirá la presidencia con un consejo reestructurado
La Junta Extraordinaria celebrada en Madrid contó con el apoyo de más del 97% de los votos a favor de todos los puntos tratados, lo que hace posible la implementación del nuevo esquema financiero y la reestructuración accionarial. El presidente actual de Talgo, Carlos Palacio Oriol, quien será reemplazado pronto, sostuvo que estos acuerdos resultan “esenciales” para asegurar la supervivencia de la empresa y preservar los intereses de accionistas, empleados, clientes y acreedores.
Junto a su salida, también se prevé la renuncia del consejero delegado, Gonzalo Urquijo. Por otra parte, el consorcio vasco deberá decidir si concede a José Antonio Jainaga la presidencia ejecutiva acompañada por un consejero delegado de su confianza, o si concentra ambos cargos en una única persona. El nuevo consejo incluirá a los consejeros independientes actuales (Antonio Oporto del Olmo, Marisa Poncela, María José Zueco y Mario Álvarez), al representante de la SEPI, que propuso a Juan Antonio Sánchez Corchero, presidente actual de SEA Empresas Alavesas, como consejero dominical, y hasta tres vacantes adicionales, una de las cuales podría ser ocupada por el Gobierno vasco.
Tras la junta, la SEPI reiteró que la entrada del Estado en el capital de Talgo y la propuesta de Sánchez Corchero como consejero dominical forman parte de una operación clave para el futuro de la firma. Según destacó la SEPI en su comunicado oficial, el respaldo del Gobierno vasco, junto con la participación de Sidenor y las fundaciones BBK y Vital, fortalece la colaboración público-privada en un contexto de retos económicos.
Talgo volverá al País Vasco tras marcharse por la amenaza de ETA
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La Junta del pasado viernes será la última realizada en Madrid, ya que uno de los acuerdos relacionados con la incorporación del consorcio vasco contempla el regreso de la sede social de Talgo al País Vasco, región que la empresa dejó en el pasado debido a la amenaza terrorista de ETA.
La reunión se produjo además en paralelo a la comparecencia de Jainaga en la Audiencia Nacional por una investigación vinculada a ventas de acero a una empresa israelí. El empresario declaró que, en el momento de las operaciones, no existían restricciones, y que decidió cancelar las entregas en julio, antes de que el Gobierno español declarase el embargo de armas, señalando que dichos envíos representaban menos del 0,2% de las ventas anuales de Sidenor.
En un comunicado posterior, la compañía lamentó los dos años de negociaciones transcurridos desde que Trilantic expresara su intención de salir del capital, un período marcado por la negativa del Gobierno a autorizar la compra de Talgo mediante una OPA realizada por una empresa húngara. Esta decisión fue recurrida en la justicia por Pegaso, el vehículo de inversión en el que participaban Trilantic y la familia Oriol.
Talgo enfatizó que la ausencia de un marco accionarial estable afectó negativamente la gestión y deterioró considerablemente la competitividad, situación económica y financiera del grupo. Además, la oferta húngara era de cinco euros por acción, frente a los 4,25 euros al cierre de la venta de la participación de Trilantic.