CEO y presidente de Plus Ultra y el empresario Julio Martínez quedan en libertad bajo medidas cautelares leves

La Policía Nacional durante el registro de Plus Ultra.

Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra, junto con el presidente Julio Martínez Sola y el empresario Julio Martínez Martínez, quedaron en libertad provisional tras su detención el pasado jueves.

Como medidas cautelares, los tres deberán entregar sus pasaportes, tienen prohibido salir de España y están obligados a comparecer ante el juzgado cada quince días.

El foco de la investigación está en el rescate de Plus Ultra por parte de la SEPI, que implicó un préstamo de 53 millones de euros, y se ha reabierto tras una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción.

El Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid decidió conceder la libertad provisional a los detenidos y remitió el caso al Juzgado de Instrucción número 15, que tiene competencia sobre la causa.

Esta tarde, el Juzgado de Guardia autorizó la libertad provisional de Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra; Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea; y Julio Martínez Martínez, propietario de la consultora Análisis Relevante.

Los tres fueron arrestados el pasado jueves por orden de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 15, Esperanza Collazos, y puestos a disposición judicial al cumplirse las 72 horas reglamentarias.

Hace dos años, Collazos investigó el polémico rescate de Plus Ultra financiado por SEPI, que supuso un préstamo de 53 millones de euros y que la aerolínea ha ido reembolsando.

Un fallo de la instructora, que prorrogó las diligencias fuera del plazo establecido, provocó la archivación de ese procedimiento, que ahora se ha reabierto tras la querella de la Fiscalía Anticorrupción por posibles nuevos delitos.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid autorizó a última hora de esta mañana la libertad provisional de los tres detenidos, quienes permanecían a disposición judicial dentro del conocido como ‘Caso Plus Ultra’.

Como medidas provisionales, se impuso la entrega de los pasaportes, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días.

El Juzgado de Instrucción número 13 se inhibió en favor del número 15, que continúa con la tramitación del caso. Las actuaciones siguen bajo secreto.

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