La gestión de las denuncias por acoso sexual de cargos provoca gran enfado y frustración.
Existe un conocido reality televisivo de parejas que activan una sirena cada vez que se traspasa una línea roja. Estos días, dicho sonido es ensordecedor en la sede del PSOE. En Moncloa y Ferraz se acumulan las imágenes críticas. Una serie de hechos adversos, imprevistos y contradictorios se han sucedido: la sentencia contra el ex fiscal general, la detención de Leire Díez —militante del PSOE conocida como la fontanera—, una campaña electoral complicada en Extremadura, y las denuncias por acoso sexual hacia miembros del PSOE. Sin embargo, son estos últimos escándalos, especialmente la gestión del caso Salazar, los que han desencadenado una rebelión y una crisis interna pocas veces vistas durante la era de Pedro Sánchez. «Los temas feministas son los que más nos afectan», reconocen fuentes socialistas en los más altos niveles.
El caso Salazar, evidenciando fallos en el protocolo antiacoso del PSOE, dado que el partido tardó más de cinco meses en contactar con las víctimas —trabajadoras de La Moncloa que denunciaron acoso sexual por parte de Francisco Salazar, persona de confianza de Sánchez tanto en el palacio presidencial como en Ferraz—, ha provocado una grieta interna y una reacción inusual en una organización tan jerarquizada, donde el liderazgo del actual presidente del Gobierno y secretario general socialista ha minimizado contrapesos y críticas internas.
La situación es tal que ni Moncloa ni Ferraz controlan plenamente esta crisis, como mostraron casos como el de Torremolinos, donde la víctima acudió a la Fiscalía tras no ser atendida por el PSOE, o el de Lugo, donde José Tomé, tras conocerse denuncias anónimas de seis mujeres por acoso, se vio obligado a renunciar a la presidencia de la Diputación y a la secretaría general provincial. Sin embargo, pese a la petición del partido de entregarle el acta, la conserva para mantener su cargo como alcalde no adscrito de Monforte de Lemos.
«Estos casos generan internamente un impacto mayor que la corrupción», resumen fuentes del partido consultadas por este medio. «Las denuncias por acoso son un verdadero tsunami interno. Afectan en lo organizativo más que asuntos externos de otros partidos o incluso temas graves como la corrupción o la amnistía. Esto se refleja en repercusiones internas».
En efecto, la «mala gestión» del caso Salazar, que nadie en el PSOE discute —ya que las víctimas, empleadas de La Moncloa, prefirieron usar los canales anónimos del PSOE en lugar de los oficiales de Presidencia, pero el partido no contactó con ellas e incluso algunas denuncias desaparecieron del sistema—, ha reavivado disputas internas antes latentes. Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias, es una de las voces autorizadas que exige a Ferraz acudir a la Fiscalía contra la opinión de la dirección socialista. Lastra abandonó la cúpula en julio de 2022 tras perder la pugna por el control del partido frente a Santos Cerdán y Francisco Salazar, y más tarde denunció una «operación de acoso y derribo» en su contra.
Especialistas en comunicación política destacan que durante una crisis es crucial transmitir control sobre la información, manejar la narrativa y proteger la reputación. Los escándalos por acoso sexual entre cargos socialistas han desorganizado al PSOE, que se ha visto obligado a reaccionar en lugar de proponer, soportando el desgaste de admitir, en respuesta a informaciones periodísticas, una «mala gestión y la falta de apoyo a las víctimas».
Fuentes del liderazgo socialista reconocen la necesidad de perfeccionar el proceso —Pedro Sánchez considera imprescindible aumentar el personal—, pero sostienen que su protocolo contra el acoso es «adecuado», aunque señalan que «es necesario analizar el manejo de denuncias anónimas». «Es positivo contar con una red o herramienta que ofrezca seguridad a las mujeres, pero en el caso de denuncias anónimas, ¿a quién se contacta?», cuestionan.
La demora en acompañar a las víctimas, las sospechas sobre la inacción o la falta de diligencia de responsables partidarios —autoridades internas señalan a Rebeca Torró, secretaria de Organización, y a las ministras María Jesús Montero, segunda al mando en el partido y de cuya federación es Salazar, y Pilar Alegría, quien se reunió con el exalto cargo de Moncloa cuando ya eran conocidas las denuncias y luego admitió que dicho encuentro fue un «error que no debió ocurrir»— han originado un ambiente de descontento y enojo que afecta no solo a las feministas del partido, sino también a hombres y miembros sin distinción.
Además, algunos resaltan un «problema de coherencia» entre lo que se proclama, las acciones practicadas y la forma de actuar. La crisis obligó a Sánchez a «asumir el error —aunque no la responsabilidad— en primera persona» sobre la gestión y la lentitud. Y varios advierten que, en vísperas de un nuevo ciclo electoral con un inicio complicado para el PSOE —Extremadura, posiblemente Aragón…— «obviamente nada es gratuito. La diferencia radica en cómo se responde», apunta un secretario general destacado.
«La corrupción duele a nuestra gente, pero lo que más les afecta es el trato degradante hacia la mujer», reflexiona un miembro de la Ejecutiva. «No pueden normalizarse estos casos dentro del PSOE, siendo éste el partido que impulsa el feminismo», señala un dirigente autonómico. «’Estamos hartos de ‘puteros’ y acosadores’ fue el grito de cansancio expresado por la portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz. «Quienes se expresan y actúan así no pueden tener cabida en nuestro partido», es el sentimiento y enfado que muchas mujeres del partido manifiestan estos días. «No se puede cuestionar el ADN feminista del PSOE».