Se presenta un recurso por «invasión sumamente grave de competencias» y «criterios arbitrarios».
El sector de la educación privada ha levantado sus armas contra el Gobierno de Pedro Sánchez, amenazando con romper la tregua que se ha mantenido en las aulas durante los últimos cinco años. Tras las manifestaciones de la marea naranja en 2020, en plena pandemia de Covid, contra la Ley Celaá, este sector no había vuelto a expresarse. Sin embargo, el controvertido decreto sobre universidades aprobado por el Consejo de Ministros el pasado octubre ha provocado una fuerte reacción en este ámbito.
Se aproxima un nuevo conflicto judicial contra el PSOE en materia educativa, que se suma a las causas ya abiertas por corrupción y acoso sexual. El primero en desafiar ha sido el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación CEU San Pablo, Alfonso Bullón de Mendoza, quien ha informado que el grupo universitario que representa ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra este decreto.
Bullón de Mendoza enmarca este decreto dentro de la «estrategia de crispación de la vida española» que aplica el Gobierno, expresando su sorpresa porque una medida supuestamente técnica se haya convertido en una regulación que «ataca a las universidades privadas».
«Tono ofensivo»
«En la última versión del preámbulo, que adopta un tono profundamente ofensivo hacia las universidades privadas, se nos califica de diversas maneras y el presidente del Gobierno menciona ‘chiringuitos’ mientras su hija estudia en un centro privado que no cumpliría con las condiciones del decreto», afirmó, refiriéndose a la ESIC University, una institución privada católica donde está matriculada una de sus hijas este año.
La Fundación CEU interpuso la semana pasada el recurso contra el decreto al considerarlo «perjudicial para un sector que funciona correctamente en España», según declaró Javier Tello, director general de la Fundación, quien detalló que las razones para acudir a la justicia están vinculadas a «criterios arbitrarios» y a «una invasión sumamente violenta del ámbito competencial autonómico, que es el que establece un marco de actuación previsible para las universidades».
Este recurso se suma al presentado por la Comunidad de Madrid, que también ha manifestado que el texto contraviene «la seguridad jurídica» y fue elaborado «sin ningún consenso».
Incluso los ministerios de Economía y Trabajo, junto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, han expresado su rechazo a ciertos cambios, como la obligación de que al menos el 75% del profesorado de las universidades online resida en España o en otro país de la UE.
«Existe una clara invasión de competencias autonómicas, algo que, en mi opinión, hasta un alumno de Primaria podría detectar. Además, se ha ignorado el informe del Consejo de Estado», denunció Tello.
El decreto impone nuevas condiciones a las universidades, como contar con un mínimo de 4.500 estudiantes, ofrecer al menos 10 títulos de grado, seis másteres y tres doctorados en un mínimo de tres áreas de conocimiento, además de desarrollar 20 proyectos de investigación activos, aspectos que dificultan la creación de nuevos centros e incluso la continuidad de pequeños campus existentes.
«Imaginen diseñar nuestra última universidad para 1.500 alumnos. No tiene lógica en un Estado de Derecho», señaló Tello, asegurando que sus universidades cumplen los requisitos establecidos. «Los proyectos en fase inicial, como los de Andalucía o Cataluña, se implementarán en el plazo previsto».