La compañía aérea, que mantiene relaciones con Venezuela, recibió en 2021 un rescate de 53 millones de euros por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)
La pesquisa sobre posibles irregularidades en la concesión de ayudas públicas avanzó un nuevo capítulo este jueves, cuando la Policía Nacional llevó a cabo un acceso a la sede de la aerolínea Plus Ultra con la finalidad de clonar sus servidores. Esta acción tuvo como objetivo recoger evidencias sobre posibles irregularidades en el rescate de 53 millones de euros otorgado a la empresa por parte del Gobierno. Dicha actuación forma parte de una causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.
La aerolínea, que mantiene vínculos con Venezuela, fue beneficiaria en 2021 de un rescate concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Previamente, fue objeto de una investigación judicial que fue archivada debido a un error procesal relacionado con la prórroga de las pesquisas,
El proceso judicial anterior se remonta a noviembre de 2022, cuando la Audiencia Provincial de Madrid respaldó los argumentos presentados por Plus Ultra. La compañía impugnó su imputación alegando que se había excedido el plazo legal de doce meses para formalizar dicha imputación desde la apertura de la investigación. Los jueces apoyaron esta posición, subrayando que “en un procedimiento con todas las garantías” ya no podía citarse a la aerolínea.
Razones para el archivo del caso
La magistrada Esperanza Collazos omitió la tramitación de la prórroga y citó a la aerolínea en dos ocasiones, en mayo y junio de ese mismo año, aunque estas audiencias no llegaron a celebrarse. La Audiencia de Madrid declaró que “la expiración del plazo implica la imposibilidad de incorporar material probatorio”, lo que llevó al archivo del caso y al sobreseimiento provisional dictado en enero de 2023. Las acusaciones populares en aquella investigación estuvieron representadas por Vox, el Partido Popular y el colectivo Manos Limpias.
La causa tenía como objetivo esclarecer si el rescate otorgado por el Gobierno a Plus Ultra, enmarcado dentro de las ayudas públicas a empresas estratégicas afectadas por la pandemia, se ajustó a la normativa vigente. Los peritos asignados por el juzgado determinaron que la aerolínea mostraba señales de insolvencia y riesgo de cierre desde 2019, lo que, según ellos, impedía que accediera a los fondos del rescate. No obstante, tanto la SEPI como dos consultoras externas certificaron que Plus Ultra no estaba en proceso de disolución en el momento de recibir el apoyo financiero. Por su parte, la Abogacía del Estado y la Fiscalía de Madrid concluyeron en ese momento que no existían indicios de delito.
Fiscalía Anticorrupción retoma la investigación
La pesquisa actualmente reabierta está bajo la dirección de la Fiscalía Anticorrupción. Por ahora, no se han revelado más detalles acerca de la operación en curso, aunque la relación con el procedimiento anterior podría explicar que la misma magistrada tome las nuevas diligencias o decida reabrir las previas. Uno de los puntos que la investigación de 2022 quiso aclarar fue el destino de parte de las ayudas públicas asignadas a Plus Ultra, concretamente, el pago realizado a la petrolera estatal venezolana PDVSA.
El equipo pericial que asesoró a la empresa defendió que ese desembolso respondía a una deuda pendiente que no pudo liquidarse antes por el embargo y las sanciones internacionales que afectaban a la petrolera. En cambio, los peritos independientes designados por el juzgado consideraron que no era habitual priorizar dicho pago cuando existían otras operaciones más urgentes en la mercantil. Hasta el momento, la investigación sigue bajo secreto y no se han compartido nuevos datos sobre el avance de la operación.
Registros en varias ciudades y secreto judicial
Paralelamente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo una serie de registros en empresas vinculadas a Servinabar, dentro de la investigación que conduce la Audiencia Nacional. Esta operación adquirió especial relevancia tras la detención, el día anterior, de Leire Díez —exmilitante del PSOE y fontanera de Ferraz— y de Vicente Fernández, ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ambos investigados por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Asimismo, se produjo un tercer arresto en Vizcaya relacionado con la misma causa, según detalló El Debate en su cobertura.
Los registros efectuados por la UCO se realizaron en Madrid, Sevilla y Zaragoza, enfocándose en sociedades relacionadas con Servinabar, empresa cuyo propietario es Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, conforme a la información recopilada por la UCO. Las fuentes consultadas indicaron que, en esta nueva fase de diligencias, no se esperan nuevas detenciones.