El comité asesor de Yolanda Díaz plantea dos escenarios en función de la tributación del salario mínimo, frente a la petición de un alza del 7,5% de los sindicatos y 1,5% por parte de la patronal
El comité de expertos del Ministerio de Trabajo ha presentado a la cartera dirigida por Yolanda Díaz una propuesta de incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) que oscila entre el 3,1% y el 4,7% para el año 2026. Los asesores plantean la opción más conservadora, equivalente a un aumento aproximado de 36,7 euros mensuales para los trabajadores, en caso de que la renta mínima permanezca exenta de tributación. En contraste, si el Gobierno decide que la Agencia Tributaria comience a gravar el salario mínimo a partir del próximo año, recomiendan un aumento del 4,1%, lo que equivaldría a unos 55,6 euros adicionales al mes.
Actualmente, el salario mínimo en España se establece en 1.184 euros al mes por 14 pagas, luego del incremento del 4,4% pactado con sindicatos pero rechazado por la patronal en 2025, que elevó la retribución anual a 16.576 euros. Caso de aprobarse un nuevo aumento acorde con las recomendaciones del comité, el SMI para 2026 quedaría en un rango entre 1.221 y 1.240 euros brutos mensuales. Con estas subidas, los expertos esperan que España cumpla la recomendación prevista en la Carta Social Europea, que establece que el SMI debe equivaler al menos al 60% del salario medio.
La vicepresidenta segunda y ministra solicitó el análisis del comité como base para iniciar las negociaciones con los agentes sociales, tras la propuesta sindical de CCOO y UGT de un aumento del 7,5% para 2026, que situaría el salario mínimo en 1.273 euros brutos mensuales en 14 pagas, con tributación en el IRPF. Para evaluar el impacto real de dicha cifra, es necesario considerar el efecto fiscal por la falta de exención en el IRPF, que dejaría la subida neta del SMI en 2025 en el 2,7%, hasta 1.216 euros.
Los cálculos de la patronal difieren de los de Trabajo
Por otro lado, las patronales CEOE y Cepyme proponen un aumento del 1,5% que situaría el salario en 1.202 euros brutos mensuales, igualmente sin exenciones fiscales. Estas organizaciones empresariales quedaron excluidas el año pasado del pacto del SMI, situación que podría repetirse si no se alcanzan acuerdos en las negociaciones con sindicatos y Gobierno este año.
Según explican, esta propuesta está en línea con los incrementos previstos para los empleados públicos y respeta los principios de la Directiva Europea de Salarios Mínimos, tales como fomentar la negociación colectiva y reducir la pobreza laboral. CEOE señala que una subida del 1,5% implicaría un coste bruto de 862 millones de euros, dado que cada punto porcentual en la subida del SMI representa 575 millones.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, defendió este miércoles un aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) de 50 euros mensuales para 2025, lo que supondría llevar esta renta mínima a los 1.184 euros al mes en 14 pagas.
Las patronales sostienen que el SMI ya supera el 60% del salario medio según la Encuesta de Población Activa (EPA), una referencia que consideran más precisa que la Encuesta de Estructura Salarial (EES) utilizada por el Ministerio de Trabajo y su comité de expertos, dado que la EES excluye sectores importantes. Basándose en la EPA más reciente, el SMI correspondería a 15.760 euros, lo que representa un 4,9% menos que lo aprobado, por lo que consideran innecesario otro ajuste para 2026.
Vuelve el debate sobre la tributación del SMI
El comité integrado por representantes del Ejecutivo, sindicatos y expertos académicos vuelve a enfrentar este año el problema de la tributación del SMI, que surgió en el año anterior cuando el Ministerio de Hacienda decidió mantener sin cambios el umbral de exención en el IRPF pese al aumento del salario mínimo en 2025.
En años anteriores, la cartera dirigida por María Jesús Montero actualizó al alza el límite fiscal que determina qué rentas no están sujetas a tributación, lo que generó críticas entre los trabajadores, quienes percibían que la revalorización del 4,4% se veía limitada por la reducción causada al aplicarse retenciones en la declaración de la Renta. Para mitigar esta consecuencia, Hacienda y Trabajo acordaron incorporar una deducción que compensara la parte tributable durante el presente año, aunque una vez finalizado este periodo, las negociaciones sobre futuros aumentos del SMI podrían enfrentar nuevamente dificultades vinculadas a este tema.