El Tribunal Supremo ha resuelto iniciar juicio oral contra José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por la supuesta trama relacionada con las mascarillas.
Ábalos y García permanecen en prisión provisional por considerarse que existe un «riesgo extremo de fuga», mientras que Aldama está sujeto a medidas cautelares que le impiden salir de España.
Se les imputan siete delitos, entre ellos organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación y falsedad documental.
El juez ha fijado una fianza de 60.000 euros para Ábalos y García, destinada a cubrir eventuales responsabilidades económicas, con amenaza de embargo si no se deposita en un plazo de cinco días.
El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, decidió este jueves abrir juicio oral contra el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos; su colaborador, Koldo García Izaguirre, y el empresario Víctor de Aldama en relación con la llamada trama de las mascarillas.
Esta decisión se tomó apenas 24 horas después de que la Sala de Apelaciones ratificara la existencia de indicios «sólidos» contra los dos primeros. Aldama, quien colabora con la investigación desde noviembre de 2024, no presentó recurso.
Puente ordena el inicio de juicio oral por los siete cargos recogidos en los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y las acciones populares, lideradas por el Partido Popular.
Estos cargos incluyen presuntos delitos de participación en organización criminal, cohecho continuado, utilización de información privilegiada, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos; falsedad documental y prevaricación.
El juzgador mantiene la situación procesal actual de los acusados; Ábalos y García continúan en prisión preventiva, mientras que Aldama está obligado a comparecer quincenalmente en el tribunal, con prohibición de abandonar el territorio nacional y la retirada del pasaporte.
El exministro y su asistente están encarcelados en Soto del Real (Madrid) desde el 27 de noviembre, en respuesta a la petición de Anticorrupción y la acusación popular. El juez aceptó su consideración de que existe un «riesgo extremo de fuga», por lo que es probable que permanezcan en prisión preventiva hasta la celebración del juicio, prevista para febrero o marzo.
El magistrado ordenó a Ábalos y García depositar una fianza de 60.000 euros, destinada a garantizar las posibles responsabilidades económicas derivadas de una eventual condena.
Disponen de cinco días para hacer el depósito, con la advertencia expresa de que, si no lo realizan, se embargarán bienes por valor suficiente para cubrir dicha suma.