El gasto público asignado a hospitales privados vinculados al SNS creció casi un 85% en 12 años
La ministra de Sanidad, Mónica García, denunció este martes que la colaboración público-privada se ha consolidado como un elemento «estructural que erosiona la capacidad del sistema público«, dado que ha adquirido mayor relevancia en el Sistema Nacional de Salud (SNS), mientras que el gasto público total destinado a hospitales privados asociados al SNS aumentó un 84,6% entre 2011 y 2023.
Por esta razón, indicó que el Gobierno planea derogar la Ley 15/1997, priorizar la gestión pública directa de los servicios sanitarios y limitar el acceso de empresas con fines lucrativos a la gestión de la sanidad pública, a través de una Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud, cuyo propósito no es eliminar la colaboración sino acabar con los «abusos».
«El Sistema Nacional de Salud en la última década se ha expandido mediante hospitales de gestión privada que cuentan con financiación pública«, señaló, destacando que los modelos de concierto varían según las distintas comunidades.
Así, la ministra presentó este martes en el Consejo de Ministros el Informe 2025, que evalúa la sanidad privada dentro del sistema sanitario en España, un estudio exhaustivo sobre la evolución de la participación privada en la provisión de servicios sanitarios públicos durante los últimos veinte años.
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El informe concluye que la colaboración con entidades privadas ha dejado de ser un «recurso puntual» para convertirse en una «práctica estructural«, lo que implica destinar una proporción creciente del presupuesto público a compañías cuya lógica se basa en el beneficio y no en el interés general.
Según explicó la ministra, el informe revela una reducción de las plantillas, un acceso limitado a colectivos vulnerables y un incremento de las infecciones hospitalarias vinculadas a la privatización de los servicios de lavandería. Además, se observa un uso más eficiente de los recursos en los sistemas públicos de salud.
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El documento también destaca los riesgos de sobrefacturación, la falta de trazabilidad en la facturación y una atención selectiva por parte del sector privado como principales inconvenientes. Igualmente, menciona la fragmentación de la red asistencial, las diferencias salariales y las condiciones laborales desiguales del personal, así como la pérdida de capacidad pública para planificar.
«El Sistema Nacional de Salud en la última década ha crecido mediante hospitales de gestión privada con financiación pública», recalcó diferenciando entre los modelos existentes: la sanidad privada y la sanidad privada que opera o presta servicios a la pública.
«Es un sistema perfectamente ensamblado que requiere la cooperación y la complicidad, y si se considera la evidencia científica sobre el impacto que genera la privatización de la sanidad, podemos identificar un patrón. Este informe es tanto un diagnóstico como una hoja de ruta«, añadió la ministra señalando directamente al Gobierno de la Comunidad de Madrid.
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Frente a los datos del informe y lo sucedido en el Hospital de Torrejón, la ministra considera imprescindible una ley que «proteja y blinde lo público«, para que «la gestión se base en criterios públicos y que nadie pueda anteponer motivaciones económicas frente a la salud de la población». «Este informe refleja la realidad, la crisis de Torrejón muestra las consecuencias y la futura ley de gestión pública ofrece la solución», advirtió.
7 hospitales con modelo similar al Hospital de Torrejón
El informe evidencia que la mayoría confía en la sanidad pública, aunque también revela que parte del sistema privado se financia con fondos públicos y que la atención compleja es cubierta en más del 95% por el sistema público.
En España, según explicó la ministra, actualmente existen 7 hospitales con el mismo modelo del Hospital de Torrejón, un «modelo sustitutivo«, es decir, un hospital que reemplaza parcialmente a un hospital público en la prestación sanitaria en un área sanitaria. De esta forma, hay cinco hospitales en Madrid, uno en Valencia, considerado un remanente de ese modelo Alzira en el hospital de Vinalopó, y uno en Vigo, donde el propio Partido Popular modificó el contrato por considerarlo menos eficiente, comentó la ministra.
Este modelo suscita preocupación en el Gobierno porque «el sistema sanitario, incluido el privado, se sostiene con financiación pública«. Esto significa que la mayoría de los equipos y buena parte de la asistencia sanitaria —tanto en urgencias, consultas, cirugía mayor ambulatoria o quirófanos— «no sólo se encuentra dentro de la sanidad pública, sino que una proporción importante de la sanidad privada también está financiada con fondos públicos».
Mientras tanto, los procedimientos más costosos, como la atención a neonatos de bajo peso, trasplantes cardíacos, grandes quemados y trasplantes de médula, son «derivados el 100% al sistema público»; y el resto de intervenciones consideradas complejas o dirigidas a pacientes con necesidades especiales, entre el 97% y 100% se realizan en la pública, añadió.
No obstante, «la sanidad pública mantiene la confianza de la mayoría de los ciudadanos españoles», dado que aproximadamente el 70% de la población opta por un centro público, especialmente en enfermedades mayores, complejas o con problemas de salud relevantes. Un 59% preferiría la sanidad pública para la atención especializada, en las consultas especializadas.
Al analizar en qué hospitales se realizan los procesos asistenciales más costosos, como trasplantes, atención a neonatos con bajo peso al nacer o procedimientos que requieren traqueostomía u oxigenación por membrana extracorpórea, la cobertura en hospitales del Sistema Nacional de Salud es, en la mayoría de los casos, superior al 95%.
Además, en 2023, en todo el sistema sanitario, entre el 70 y 80% de los contactos relacionados con diagnósticos más frecuentes, tales como traumatismos, infecciones agudas del tracto respiratorio superior o el seguimiento de quimioterapia o inmunoterapia, se atendieron en hospitales del SNS.
Incremento del aseguramiento privado
El uso de la sanidad privada se observa principalmente en «consultas puntuales de atención especializada«, aunque, como indicó García, ha habido un crecimiento del 121% en este tipo de consultas al especialista, de las cuales el 50% son primeras consultas, en contraste con el 28% que representan en la sanidad pública.
«¿Qué significa esto? Que el seguimiento de patologías se realiza mayormente en la sanidad pública. La sanidad privada se emplea principalmente para casos puntuales», recordó, enfatizando que los seguros privados han aumentado casi un 90% desde 2018.
En 2024, el 32,6% de la población española contaba con un seguro médico privado, frente al 17,2% de 2018, lo que representa un incremento cercano al doble. Este crecimiento ha sido particularmente notable en comunidades como Extremadura (+296,4%), Ceuta (270,8%), Cantabria (247,8%) y la Comunidad Valenciana (234,8%).
La ministra señaló a la Comunidad de Madrid como la comunidad autónoma líder en el aumento de la gestión privada en sanidad. En este sentido, se refirió a datos de un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid que, según afirmó, «si se hubieran internalizado los modelos de gestión privada, se podría haber logrado un ahorro que oscila entre el 15 y el 80%, dependiendo del tipo de procedimiento».