Pedro Sánchez lidera la respuesta del Gobierno ante la condena del Tribunal Supremo al fiscal general Álvaro García Ortiz, cuestionando la resolución y defendiendo su inocencia.
El Ejecutivo mantiene la esperanza de que el Tribunal Constitucional anule la condena, apoyándose en el voto particular de dos magistradas que consideran que no existen pruebas suficientes.
Algunos ministros han desacreditado públicamente la sentencia, mientras que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha expresado su confianza en la Justicia, aunque ha señalado la ausencia de unanimidad.
Sumar y Yolanda Díaz han acusado al Supremo de actuar sin evidencias y han llamado a la movilización ciudadana contra la sentencia.
En Moncloa se sostiene la convicción de que el Tribunal Constitucional finalmente corregirá la condena impuesta a Álvaro García Ortiz. El lugar que desea Pedro Sánchez, está claro.
El propio presidente del Gobierno, durante su intervención este martes en un evento conmemorativo del centenario de la muerte de Pablo Iglesias, puso en duda la sentencia emitida por el Tribunal Supremo pocas horas antes.
Lo hizo reiterando la inocencia del fiscal general y acusando al PP de pretender «dar lecciones».
«Hoy predican lecciones ¿sobre qué? Sobre una sentencia a un fiscal general del Estado que simplemente defendió la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado», afirmó, omitiendo la condena por revelación de secretos y centrando la atención en el supuesto fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
También señaló que quienes deberían «pedir disculpas» son «la señora Ayuso» y que «quien debe exigir responsabilidades a Ayuso es el señor Feijóo», exentándose él mismo de cualquier compromiso tras haber nombrado y mantenido a García Ortiz después de su imputación.
Tres días después de conocerse la sentencia, el 23 de noviembre, Sánchez ya insinuó que «otras instancias jurisdiccionales» podrían intervenir para corregir al Supremo.
«Existen otras instancias judiciales en las que entiendo deberán resolverse algunos de estos aspectos una vez se conozca el contenido de esta sentencia, que quizás sean controvertidos y deban ser resueltos por otras instancias», declaró en Johannesburgo, donde asistió a la Cumbre del G-20.
La postura del Ejecutivo respecto a la sentencia del Supremo coincide con el voto particular de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, quienes defienden que no puede existir condena al no haber pruebas.
Según estas magistradas, aunque la sentencia indica que la filtración procede de la Fiscalía General, «no se detalla cómo, ni dónde, ni mediante qué medios se produjo esa llamada ‘intervención directa’ de García Ortiz, y menos aún su conocimiento y colaboración con terceros».
Es en este argumento donde se apoya el Gobierno, que en privado critica duramente al Alto Tribunal. Su teoría es que se trata de un ataque de los «magistrados conservadores» contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
La indignación, que ya fue evidente al conocerse el fallo, sigue intacta tras 20 días.
Un nuevo enfrentamiento TS/TC
Fuentes gubernamentales consideran que existen amplias posibilidades de que el Tribunal Constitucional suspenda en el futuro la sentencia del Supremo.
Esto supondría un nuevo conflicto entre ambos tribunales, como ya ha ocurrido en casos como el de los ERE y, especialmente, con la Ley de Amnistía y su aplicación a los líderes independentistas.
El Gobierno confía en que la mayoría progresista del Tribunal Constitucional decida nuevamente a su favor, con el consecuente deterioro institucional.
Mientras el Supremo está compuesto por jueces de carrera, el Constitucional es un tribunal político, designado por el Congreso, el Senado, el propio Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial.
En la tarea de preparar el terreno para Cándido Conde-Pumpido, presidente del TC, dos ministros se esforzaron este martes en desacreditar la sentencia del Supremo.
Moncloa buscó una respuesta doble: una contundente y otra más institucional. La primera correspondió a Óscar López y Óscar Puente.
El ministro para la Transición Digital y líder socialista en Madrid expresó en TVE: «He leído lo que he podido, dado que acaba de publicarse, pero basándome en eso y en lo que ustedes comentan, conozco más guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia».
El ministro de Transportes fue aún más directo en redes sociales, burlándose de algunas expresiones de la sentencia. «Lo de Jack el Destripador fue él o alguien de su entorno. Siempre se pensó así».
Por su parte, la ministra de Defensa y magistrada de carrera, Margarita Robles, manifestó su «total y absoluta confianza» en la Justicia, aunque criticó que el fallo se diera a conocer antes que la sentencia completa.
Robles destacó la falta de unanimidad en la Sala (cinco votos contra dos) y concluyó mostrando su plena fe en los tribunales y las instituciones, pues esa confianza representa «una obligación» en un Estado de Derecho. De lo contrario, «la democracia no funciona», afirmó.
Días previos, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien discrepó de la sentencia, intentó ya otorgar un tono más institucional al definir la posición del Gobierno.
En el extremo crítico se situó Sumar, que mediante su diputado Enrique Santiago, acusó al Supremo de llevar a cabo un «proceso inquisitorial sin pruebas» contra el Gobierno y el fiscal general.
También la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, convocó entonces a la movilización ciudadana contra el Supremo, y lo hizo desde la sala de prensa de Moncloa. Hasta el momento, no se ha registrado ninguna manifestación significativa.