Este tipo de prácticas, lejos de suponer un ahorro, pueden transformarse en una fuente de dificultades que afecten tanto la estabilidad financiera del negocio como su seguridad jurídica
En el terreno laboral, la adecuada clasificación de los trabajadores sigue siendo uno de los temas más delicados en la gestión de recursos humanos y uno de los focos habituales de conflicto entre empresas y empleados. En sectores con una amplia gama de categorías profesionales y donde las tareas conllevan distintos niveles de responsabilidad, riesgo o especialización, la línea entre lo estipulado en el contrato y lo que se realiza realmente suele desdibujarse con facilidad, generando espacio para reclamaciones, sanciones y problemas legales complicados de revertir.
Por ello, cada vez son más los expertos que señalan que ajustar la categoría laboral a las funciones efectivamente desarrolladas no solo protege al empleado, sino que igualmente resguarda a la propia empresa. Al respecto, el asesor financiero Javier Avial alerta sobre lo que considera uno de los errores más costosos que una compañía puede cometer: contratar a una persona con una categoría profesional inferior a las funciones que realmente desempeña.
Avial señala que estas prácticas, lejos de representar un ahorro, pueden transformarse en una fuente de conflictos que afecten tanto la estabilidad financiera del negocio como su seguridad jurídica. Para ilustrar el caso, propone un ejemplo concreto: una empresa contrata a un empleado bajo la categoría de peón de albañil, pero seguidamente le asigna labores que incluyen subir a andamios, manejar maquinaria o ejecutar trabajos en altura. Todas esas tareas corresponden a la categoría de oficial, que implica mayor responsabilidad y un nivel de riesgo considerablemente más alto.
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La Inspección de Trabajo puede intervenir en caso de fraude
Con base en este caso, el asesor describe las posibles consecuencias a las que se expone la empresa si mantiene a un trabajador realizando tareas que no corresponden con la categoría contractual. Una de las primeras es que el empleado puede reclamar el reconocimiento de su correspondiente categoría profesional, además de las diferencias salariales derivadas de esa discrepancia. Estas reclamaciones podrían tener efecto retroactivo, lo que genera para la empresa un impacto económico acumulativo considerable con el paso del tiempo.
Más allá de la relación laboral directa, Avial destaca que la Inspección de Trabajo puede intervenir en casos donde detecte fraude en la contratación. Explica que la empresa podría enfrentarse a un acta de infracción no solo por la categoría incorrecta, sino también por incumplimientos en prevención de riesgos laborales. Esto resulta especialmente grave en funciones que implican mayor peligrosidad, cuando se ejecutan sin formación adecuada o sin el reconocimiento contractual pertinente.
El asesor financiero advierte además que el panorama se complica aún más si ocurre un accidente laboral. En esa situación, las consecuencias pueden incluir un recargo de prestaciones —lo que implica un incremento del coste para la empresa—, responsabilidades económicas adicionales e incluso responsabilidades de carácter penal si se comprueba negligencia. De esta forma, una decisión aparentemente menor, motivada por el deseo de ahorrar en la contratación, puede derivar en un problema mucho más serio y costoso.