Los odontólogos alertan sobre el aumento en los últimos años de ‘clínicas’ sin profesionales debidamente certificados, impulsadas por una ley poco clara
Antes de transformarse en un exitoso empresario del sector dental, Cristóbal López Vivar se presentaba como “DJ Cristóbal de Hook”, reputado en los años 90 en una discoteca llamada “Hook”, según sus propias palabras. Movido por una gran ambición y un don persuasivo, cambió radicalmente de ámbito: la odontología. Cristóbal creó Funnydent, una red de clínicas dentales que prometía tratamientos asequibles con calidad. Sin embargo, lo que parecía un emprendimiento prometedor, basado en un esquema financiero novedoso, terminó en un escándalo que le llevó tras las rejas.
En 2016, fue detenido acusado de estafa, enfrentando una deuda supuestamente cercana a los 8,8 millones de euros y con más de 2.400 pacientes afectados. Los establecimientos cerraron de forma abrupta, cambiando las cerraduras y dejando a usuarios con tratamientos incompletos, además de empleados sin pagos. La investigación judicial demostró que Funnydent arrastraba una deuda millonaria, lejos de ser un negocio exitoso. En 2017, el juzgado archivó el caso argumentando una “mala gestión empresarial” y no un fraude intencionado. Sin embargo, los afectados rechazaron esta resolución y en 2018 consiguieron que la Audiencia Provincial reabriera el proceso.
Para Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas de España (CGDE), el caso de Cristóbal es uno de los ejemplos más notorios de intrusismo profesional en el país. En diálogo con El Confidencial, Castro señala que el ex DJ no solo manejaba el negocio, sino que ejecutaba directamente tratamientos sin poseer la titulación requerida: «No solo vendía tratamientos, también los realizaba, tomaba medidas… hacía absolutamente todo».
Aunque no existen datos exactos, ya que estos casos son “como los narcopisos, no hay un registro oficial porque no se inscriben en ningún lugar”, el presidente de los dentistas advierte que en los últimos años ha crecido notablemente el intrusismo en la profesión y la proliferación de clínicas clandestinas. La prueba son las múltiples sentencias emitidas en distintas regiones españolas, desde el País Vasco hasta las Islas Canarias, pasando por Cantabria, Cataluña, Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Recientemente, en Madrid se desmanteló una clínica dental ilegal que empleaba personal sin titulación. No obstante, en el caso de la niña de 6 años fallecida tras acudir a una clínica valenciana, desde el CGDE lo califican como un episodio aislado y desvinculado de estas prácticas: “Según los datos disponibles, tanto el dentista responsable como el médico que administró la sedación están debidamente colegiados y sin sanciones que limiten su ejercicio profesional”.
Para Castro, la problemática tiene dos raíces: una regulación insuficiente y la necesidad económica que impulsa a los intrusos. Al ser consultado sobre las motivaciones detrás de estas conductas, señala el contexto social y la situación personal de los infractores, reconociendo que «la necesidad agudiza el ingenio» y «las personas terminan buscando cómo sobrevivir de cualquier forma». Esta búsqueda de ingresos, ya sea por personas sin titulación o por profesionales con títulos extranjeros no homologados que enfrentan procesos burocráticos prolongados, lleva al intrusismo, poniendo en riesgo la salud pública.
Títulos no homologados, «mecánicos dentistas» y hasta panaderos
Castro describe los perfiles más habituales de intrusión profesional en clínicas dentales. Uno de los grupos más numerosos son los profesionales con títulos no homologados. Se trata de extranjeros que han emigrado a España en busca de mejores oportunidades pero cuyo título de odontólogo de terceros países todavía no ha sido reconocido oficialmente. Según el presidente, el proceso de homologación puede «durar años» y solo algunas universidades ofrecen los exámenes requeridos, lo que obliga a estas personas a buscar otras vías, a menudo delictivas.
Otro grupo identificado es el de los dueños de clínicas que no son dentistas. Bajo una legislación que autoriza a cualquier persona a ser propietaria de un centro siempre que haya un director médico con titulación, estos propietarios cometen delitos al aprovechar la «coartada de un dentista que les cede el título» para intervenir directamente y lucrarse, incurriendo en «delitos de intrusismo«.
Además, existen conflictos históricos con los protésicos dentales, o “mecánicos dentistas” como los llama Castro. Este tipo de intrusismo ocurre porque estos especialistas, encargados de diseñar, fabricar y reparar prótesis dentales (como coronas, puentes o dentaduras postizas basadas en las indicaciones del odontólogo), ven cómo su oficio está en «riesgo de desaparición» debido a la digitalización y nuevas tecnologías (escáneres intraorales e impresión 3D).
No obstante, el intrusismo puede proceder de cualquier sector por la simple «ignorancia atrevida«. Por ello, también se han detectado casos de panaderos, enfermeros, auxiliares de clínica e incluso el conocido escándalo de Funnydent, cuyo líder era un DJ que, según el presidente, realizaba tratamientos personalmente.
Lacras legales que fomentan el intrusismo
El presidente del Consejo subraya que el mayor impedimento para contener el intrusismo es la insuficiencia del marco legal actual. Su crítica principal apunta a la Ley de Sociedades Profesionales (LSP), que autoriza que cualquiera, sin ser dentista, pueda abrir clínicas dentales siempre que haya un director médico con formación. Castro sostiene que esta legislación propicia la aparición de casos problemáticos.
Desde el Consejo insisten en la necesidad de que el gobierno modifique esta ley para que la propiedad de las clínicas recaiga «únicamente en dentistas«, quienes comprenden y ejercen profesionalmente la especialidad.
Además de la carencia de una regulación restrictiva sobre la propiedad, se suma la falta de sanciones contundentes para quienes incurren en intrusismo. Castro critica que, aunque es un delito penal, las penas suelen ser muy blandas, frecuentemente limitándose a «días de multa». Estas multas llegan a ser «12 euros por día durante 6 meses», cantidades «muy inferiores» a las ganancias de los infractores. Por ello, para estos delincuentes «resulta más rentable seguir actuando ilegalmente» que cumplir la ley. Finalmente, aunque los reincidentes sí pueden acabar en prisión, el presidente destaca que para ello es necesario «ser capturados varias veces».
Consecuencias graves para la salud
Desde el Consejo se enfatiza que la principal preocupación del intrusismo no es el fraude económico contra los dentistas, sino el riesgo directo que representa para la salud de los pacientes y la población general.
El problema radica en que los intrusos carecen de los protocolos y controles adecuados que aplica un dentista legalmente autorizado. Esto genera riesgos elevados, especialmente en términos de higiene y seguridad.
Por un lado, Castro advierte sobre el peligro de infecciones, pues estos intrusos suelen no contar con los equipos necesarios para una esterilización correcta. Esto amplía las posibilidades de que actúen como “vectores de enfermedades infectocontagiosas”, como el VIH o la hepatitis.
Por otro lado, ejemplifica el riesgo por radiación. Si se emplean máquinas de rayos X no homologadas, que deberían pasar inspecciones de la Agencia Española de Energía Nuclear, los riesgos son incontrolables. Castro advierte que un intruso con este tipo de aparatos no solo pone en peligro al paciente, sino incluso a «todo el vecindario», ya que no se realizan controles ni mediciones de radiación.
En definitiva, la falta de formación y recursos adecuados implica que el paciente no solo se expone a un trabajo deficiente, sino que «podría acabar con una enfermedad grave que incluso le cueste la vida».