Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea, sostiene que Bruselas no planea regular ni los precios de alquiler ni los de compra de viviendas.
La Comisión Europea descarta establecer límites de precio en el venidero Plan Europeo de Vivienda Asequible, en contraste con la política promovida por el Gobierno español.
Casos como Berlín, Barcelona y Estocolmo evidencian que las restricciones en los precios han disminuido la oferta de alquiler y no han logrado contener el aumento de costos.
Bruselas apuesta por incrementar la oferta de viviendas y prevenir abusos con fondos públicos, pero rechaza la imposición de límites políticos amplios sobre el mercado inmobiliario europeo.
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha confirmado de manera explícita que Bruselas «no tiene intención de regular los precios» del alquiler ni de la compra de viviendas, en oposición a la estrategia intervencionista defendida por Moncloa.
En una carta dirigida al Grupo Popular Europeo, conocida por este diario, la exvicepresidenta de Pedro Sánchez reconoce que el próximo Plan Europeo de Vivienda Asequible no contemplará límites máximos en los precios.
Esta aclaración por parte de Ribera se produce después de que el PP Europeo solicitara una explicación formal tras su intervención en la comisión especial de Vivienda del Parlamento Europeo.
Cinco eurodiputados del PPE, liderados por los españoles Borja Giménez Larraz y Maravillas Abadía, exigieron a la Comisión, en otra carta a la que tuvo acceso este medio, que se distanciara de cualquier tipo de control político sobre los alquileres y los precios de venta.
En su comunicación a Teresa Ribera y a Dan Jorgensen, también comisario socialdemócrata de Energía y Vivienda, los populares resaltan que «el diagnóstico sobre la crisis de vivienda es común», pero advierten que «las soluciones ya aplicadas de control de rentas han resultado infructuosas».
Los eurodiputados españoles, junto con Nikolina Brnjac, Dirk Gotink y Regina Doherty, aportan cifras de capitales europeas como Berlín y Barcelona, donde los límites al alquiler «han reducido notablemente la oferta», incrementaron la inseguridad y no lograron «frenar el alza de los precios».
Intervencionismo en España
La contestación de la Comisión representa un triunfo político para el PP europeo, que durante meses ha intentado proteger el plan comunitario frente a las posturas intervencionistas vigentes en España bajo el mandato de Sánchez y la ministra Isabel Rodríguez.
Los populares demandan que Bruselas defina claramente: «Más viviendas y seguridad jurídica», sin repetir el modelo de límites generalizados impulsado por la Ley de Vivienda.
El origen del conflicto fue una reciente intervención de Ribera en la comisión de Vivienda del Parlamento Europeo, donde se interpretó que podría abrir la posibilidad a «establecer límites» en los precios de alquiler y compra dentro del Plan de Vivienda Asequible de la UE.
Los eurodiputados del PPE alertaron de que ese planteamiento suponía «un camino regulatorio que ha fallado anteriormente» y solicitaron una corrección por escrito.
En su carta a Jorgensen, Giménez Larraz y otros firmantes recuerdan que «los controles directos de precios generan una falsa sensación de alivio inmediato para algunos, a costa de empeorar de forma permanente el acceso a la vivienda para la mayoría».
Subrayan que la experiencia europea confirma que los controles «desincentivan la inversión, reducen la disponibilidad de viviendas y fomentan mercados paralelos más caros y opacos«.
Berlín, Barcelona y Estocolmo
En Berlín, explican, el Mietendeckel «disminuyó la oferta de viviendas en alquiler hasta un 60%«, motivó que pisos pasaran al mercado de venta o al alquiler turístico y, lejos de abaratar, aumentó los precios.
Barcelona se destaca como otro caso de estudio: la Ley 11/2020 redujo la oferta de alquiler a largo plazo en un 13% y no frenó el incremento de los precios. Esta dinámica, subrayan, se ha replicado luego mediante la Ley estatal del derecho a la Vivienda.
Un tercer ejemplo es Estocolmo, donde un sistema de control riguroso ha generado listas de espera con más de 810.000 solicitantes y demoras promedio de nueve años en 2023.
«La Comisión no puede adoptar una estrategia basada en distribuir la escasez», advierten los eurodiputados. «Una política social efectiva no gestiona la escasez, sino que fomenta la abundancia«, insisten en su misiva.
La carta de respuesta, firmada por Ribera y Jorgensen, coincide en gran parte con ese diagnóstico y elimina la preocupación sobre una directiva con topes generalizados. «Ambos queremos subrayar que la Comisión no planea regular los precios de la vivienda dentro del próximo Plan de Vivienda Asequible», afirman los miembros de la Comisión.
«No más de lo necesario»
Ribera detalla además el sentido de sus palabras en la comisión parlamentaria. Explica que se refería a salvaguardas y «condicionalidades para los programas nacionales de apoyo público» conforme a la decisión sobre ayudas estatales a servicios de interés económico general (SGEI), y «no a regulaciones generales de precios».
Bruselas considera necesario que las condiciones de la vivienda protegida financiada públicamente «se establezcan de manera transparente» y mantengan sus precios «por debajo del mercado», sin que estos se reduzcan más de lo imprescindible.
Es decir, el objetivo es evitar abusos con fondos públicos, no imponer un techo político en todo el mercado inmobiliario europeo.
La Comisión descarta intervenir directamente en la regulación de precios y enfatiza el incremento de la oferta. Por el contrario, Moncloa defiende el modelo de control de rentas, la entidad pública Casa 47 y la ampliación de los topes de precios en «zonas tensionadas».
El eurodiputado Giménez Larraz sintetiza el contraste al señalar que Ribera «rechaza implantar en Europa lo que Sánchez aplica en España» y espera que el plan final incorpore las propuestas del PPE: «Más viviendas, menos burocracia y seguridad jurídica frente a la ocupación ilegal».
Por su parte, Maravillas Abadía demanda que el futuro plan europeo se centre «en jóvenes y familias», para quienes el acceso a la vivienda se ha convertido en el «principal obstáculo para su proyecto de vida».