Veteranos del PSOE critican que el partido únicamente aspire a que Vox crezca para obligar al PP a pactar con la ultraderecha, debilitar así a Feijóo.
El caso Salazar y otros escándalos han erosionado las banderas del PSOE en la lucha contra la corrupción y la defensa del feminismo, complicando la campaña.
Dirigentes socialistas regionales temen ser castigados en las urnas debido al desgaste sufrido por Sánchez y la gestión de sus colaboradores más cercanos.
Las federaciones y mujeres del PSOE han expresado su descontento ante la gestión de los casos internos y la dirección centralizada de las campañas.
Los integrantes más veteranos del PSOE, quienes ahora intentan sin demasiado éxito construir una alternativa para el momento posterior a Pedro Sánchez y son conocidos irónicamente y con desprecio en Ferraz como “las juventudes socialistas”, recuerdan cómo su partido competía en todas las elecciones con la clara intención de ganar.
Actualmente observan que el PSOE afronta las autonómicas del nuevo ciclo electoral rebajando sus expectativas para amortiguar una posible derrota. Sobre todo, anclado en una paradoja ideológica inmensa: el único triunfo que buscan los socialistas en Extremadura, Andalucía o Aragón es el incremento de Vox.
La dirección socialista de Pedro Sánchez se encuentra en la contradicción de que un buen resultado de la ultraderecha en esos comicios sería visto como un acierto político tanto en Ferraz como en la Moncloa.
Así, el PP se vería obligado a pactar con la formación de Santiago Abascal, debilitando la posición de Alberto Núñez Feijóo y permitiendo que el PSOE utilice como argumento de campaña para las generales el temor a la ultraderecha y los detalles concretos de los acuerdos entre PP y Vox.
Las alegrías electorales para Sánchez sólo pueden llegar acompañadas del ascenso de Vox. Dicho de otra manera, Sánchez necesita que Vox esté fuerte, casi como si fuera su “marca blanca” electoral en términos estratégicos.
En Extremadura, todas las fuentes del PSOE dan por seguro un resultado muy negativo el 21 de diciembre, con un candidato lastrado por estar procesado y, por ende, incumpliendo todas las normas éticas socialistas.
Pero incluso previamente al procesamiento, junto con el hermano del presidente del Gobierno, Miguel Ángel Gallardo ya era considerado un mal candidato por Sánchez, quien intentó relegarlo sin éxito.
Ahora sólo le queda apretar los dientes, volcarse en la campaña y esperar un buen desempeño de Vox.
Situación similar ocurre en Andalucía, donde la candidata es María Jesús Montero, mano derecha de Sánchez, pero el objetivo sigue siendo que Juanma Moreno dependa de Vox. El PSOE también apuesta por Vox en Andalucía.
Por ello, dirigentes regionales del PSOE no esconden en privado su temor al considerar que acabarán pagando el desgaste del Gobierno de Sánchez y su ratificación en Ferraz, afrontando elecciones sin posibilidades reales de victoria.
Esto ya sucedió en mayo de 2023, cuando el PP alcanzó el mayor poder autonómico y municipal de su historia gracias al desgaste sufrido por Sánchez.
Esa situación se ha agravado debido al desplome de las dos principales banderas con las que Sánchez llegó a la Moncloa en julio de 2018: la lucha contra la corrupción y la defensa del feminismo.
Y esto sucede justo justo en vísperas del inicio del ciclo electoral, durante la campaña de las elecciones extremeñas. En particular, el caso Salazar, que revela la aparente protección desde Moncloa y Ferraz al asesor del presidente denunciado por agresión sexual.
Fuentes socialistas aclaran que este caso es aún más grave que los relacionados con la corrupción, pues representa un atentado contra los principios del partido y una deslegitimación de un discurso mantenido desde hace años, especialmente desde la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.
Además, dificulta la captación del voto femenino que resultó clave para la victoria en las generales de 2023.
Sánchez se ve también debilitado por la acumulación de escándalos: primero cayó José Luis Ábalos, acusado de corrupción y comportamientos machistas siendo su mano derecha; luego Santos Cerdán por presunta corrupción y posteriormente Paco Salazar por acoso sexual.
Demasiada mala elección de colaboradores cercanos, lo que complica cada vez más la elaboración de discursos para proteger al líder socialista.
Al insistir en que desconocía las acciones reprochables de sus hombres de confianza sucesivos, corren el riesgo de convertirlo en el presidente que no estaba al tanto de nada.
Humillado frente a Puigdemont
Por eso, fuentes socialistas califican el caso Salazar como demoledor, tanto por su carácter delicado como porque afecta directamente al presidente del Gobierno, igual que ocurrió con Ábalos y Cerdán.
También perciben a Sánchez proyectando una imagen de extrema debilidad con un acto de contrición poco discreto para recuperar el favor de Carles Puigdemont. Esa puesta en escena, además, genera daños colaterales en otras comunidades.
En este contexto, cobra especial relevancia la rebelión de las mujeres socialistas de toda España por el caso Salazar, que en cierto modo supone una censura interna hacia Sánchez y expone la fragilidad actual de Ferraz.
Ya antes del verano, estas mujeres socialistas se hicieron notar con la revelación de los casos Ábalos y Cerdán, lo que forzó a Sánchez a convocar una reunión con muchas de ellas en Ferraz para apaciguar la situación.
El encuentro tuvo un éxito parcial, en parte porque se planteó como un acto para escuchar pero lo que realmente se transmitió desde el entorno de Sánchez fue sólo lo que él les comunicó, no lo que él escuchó de ellas.
La influencia de estas mujeres se evidenció cuando presionaron para superar la resistencia en el entorno de Sánchez a cesar a Salazar tras la publicación en El Diario de las denuncias en su contra. Esto ocurrió justo el día en que estaba previsto que ascendiera a casi responsable de Organización del PSOE.
Los ministros candidatos actúan como freno y suavizan el malestar en los territorios.
Se presentan como portavoces y líderes de la oposición a los barones del PP, pero no logran silenciar las preocupaciones, la inquietud e incluso el temor de los segundos y terceros niveles autonómicos, quienes creen que acabarán pagando el desgaste de Sánchez.
Especialmente porque el presidente del Gobierno parece decidido a implicarse en todas las autonómicas, hasta convertirlas en referendos sobre su gestión.
Esto repercute de forma clara en la elección de la fecha para las generales.
Muchos temen que coincidan con las autonómicas y, en algunos casos, preferirían que las elecciones al Congreso y al Senado se celebraran mucho antes que los comicios territoriales. Ahí radica el dilema de Sánchez para planificar su calendario electoral.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, siempre crítico con Sánchez, es el único que ha expresado públicamente ese temor, especialmente a que las generales y las autonómicas y municipales coincidan en 2027.
Moncloa confía en que el debate en torno a los servicios públicos, su gestión por parte de las comunidades del PP y las privatizaciones pueda salvarles.
Apoyan su estrategia en argumentos como el desastre en la gestión de la dana en la Comunidad Valenciana, los incendios en Castilla y León, las fallas en los cribados de cáncer en Andalucía y los errores en la administración privada de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid.
Su intención es que estos temas pesen más que el desgaste de Sánchez. Pero si éste insiste en “nacionalizar” cada campaña autonómica, estará silenciando los debates sobre la gestión específica en cada territorio.
Por eso, algunos preferirían menos Moncloa y más organización territorial con agendas propias para cada comunidad.