Las universidades privadas han logrado adaptar sus modelos al decreto ‘anti chiringuitos’ mediante la formación de consorcios que les permiten participar de forma conjunta en convocatorias de investigación.
El Real Decreto establece que cada universidad debe conseguir al menos 20 proyectos competitivos en un plazo de cinco años y que sus docentes presenten cinco propuestas anuales, incluyendo al menos una internacional.
Esta táctica de creación de consorcios brinda a las instituciones la posibilidad de aumentar la producción científica exigida por la normativa, aunque en ciertos casos es necesario que los profesores actúen como investigadores principales.
Las universidades confían en que las comunidades autónomas, responsables de la educación superior, no permitirán el cierre de centros, a pesar de las impugnaciones presentadas ante el Tribunal Constitucional.
El Real Decreto, aprobado en octubre de 2025 para reforzar los requisitos para la creación y mantenimiento de universidades —a las que Pedro Sánchez denominó «chiringuitos»— continúa generando reacciones internas en los campus, especialmente en las instituciones privadas.
Una de las demandas más exigentes se refiere a la actividad investigadora: los docentes deben presentar un mínimo de cinco proyectos competitivos anualmente (al menos uno con proyección internacional). Además, en cinco años, la universidad debe haber obtenido veinte proyectos nacionales o internacionales.
Hasta ahora, este requisito constituía el talón de Aquiles de muchas universidades privadas, que cuentan con plantillas menores y menos experiencia investigadora que las públicas.
No obstante, según confirman fuentes universitarias a EL ESPAÑOL, estas instituciones han hallado la forma de cumplir la obligación: conformar consorcios formales entre universidades para presentarse de manera conjunta a convocatorias nacionales e internacionales.
«La norma lo autoriza y es completamente legal. Cuando un proyecto competitivo es otorgado a un consorcio, cuenta para todas las universidades que forman parte de él», explican dichas fuentes.
La clave reside en que un único proyecto se contabiliza como propio para cada entidad integrante del equipo investigador, elevando así —cumpliendo rigurosamente la ley— la producción científica requerida.
Las universidades reconocen que la exigencia es «alta» en relación con el tamaño habitual del profesorado docente investigador (PDI) en centros privados. Sin embargo, consideran que esta metodología representa la única vía feasible para alcanzar los veinte proyectos en cinco años que establece el Real Decreto.
Curiosamente, admiten que nadie ha sabido explicar por qué esta forma de colaboración —siempre posible— no había sido utilizada antes, pese a que la baja producción investigadora es uno de los problemas estructurales del sistema universitario español.
Desde el Ministerio de Universidades, liderado por Diana Morant, confirman la legalidad de esta estrategia y recuerdan que el apartado de investigación incluye mucho más que únicamente los trabajos realizados por PDI como investigadores principales.
El Real Decreto aprobado el pasado octubre obliga a las universidades a presentar al menos cinco propuestas de proyectos de investigación anuales ante convocatorias competitivas nacionales e internacionales, con al menos una de ellas de carácter internacional.
Además, introduce la novedad de que las universidades deben acreditar la obtención «como investigador o investigadora principal por parte de su profesorado» de un mínimo de 20 proyectos de investigación competitivos, de ámbito autonómico, nacional o internacional, en un periodo de siete años.
Para cumplir esta segunda condición, resaltan desde el Ministerio de Universidades, cada investigador debe firmar como investigador principal para que el requisito legal sea válido. Por ende, no basta con ser integrante de un consorcio.
Consorcios funcionando
Este diario ha podido conocer que UDIT, UNIR, UDIMA, CEU y ESIC ya han comenzado a explorar o activar estos consorcios permanentes. En ciertos casos, colaboran junto a universidades públicas para presentarse conjuntamente en futuras convocatorias competitivas.
En conversaciones privadas, las fuentes aseguran que «esto se realizaba de forma puntual», pero ahora pretenden «formalizarlo» bajo estructuras estables y cerradas que permitan cumplir el decreto sistemáticamente.
Entre los beneficios destacados se menciona que la unión de varias instituciones les abriría la puerta a proyectos con elevadas dotaciones presupuestarias, especialmente aquellos vinculados a fondos europeos.
«Se incentiva la colaboración. Juntos podemos aspirar a investigaciones más ambiciosas y a propuestas positivas para la marca España», señalan desde el sector.
Sin embargo, entre las universidades no existe un miedo real al cierre.
Desde el sector recuerdan que las competencias en materia de educación superior recaen en las comunidades autónomas, que además de autorizar la creación de universidades, cuentan con la potestad para cerrarlas.
Por ello, confían en que las autoridades regionales «no permitirán que Sánchez clausure ningún centro».
Insisten también en que, aunque el decreto invade competencias autonómicas —motivo por el que Aragón, Madrid y Extremadura lo han recurrido ante el Tribunal Constitucional—, el Gobierno central no puede decidir unilateralmente sobre el cierre de una universidad.