Pelegrini afirmó que buscaba la opinión de «diversos partidos» acerca de sus proyectos
El antiguo directivo de Acciona, Justo Vicente Pelegrini, testificó ayer ante el juez del caso Koldo en el Tribunal Supremo. Respondió a preguntas de su abogado, de las defensas, del fiscal jefe de Anticorrupción y del magistrado instructor, quien no quedó convencido: los indicios de delitos de cohecho y posible pertenencia a organización criminal que motivaron que Leopoldo Puente le citara como investigado persistieron sin cambios tras sus explicaciones. «Esos indicios permanecen intactos y no se ven afectados por la declaración del Sr. Vicente Pelegrini», consignó el juez en la resolución que impuso medidas cautelares.
El exdirector de Acciona Construcción –quien fue despedido tras ser señalado por la UCO en sus informes– deberá presentarse cada quince días y no podrá abandonar España, según solicitó el fiscal jefe Alejandro Luzón y respaldaron las acusaciones populares. Las mismas restricciones se aplicaron a Tomás Olarte, subordinado directo de Pelegrini.
El juez y el fiscal exigieron aclaraciones a Pelegrini sobre sus encuentros con el empresario Antxon Alonso y, en especial, sobre la participación en algunos de ellos del ex dirigente socialista Santos Cerdán.
«Mi intención es conocer a mucha gente, enterarme de la postura en diferentes partidos políticos respecto al mercado, a distintas inversiones, o saber qué se puede hacer, hacia dónde avanzamos y qué acciones tomaremos», explicó. El juez le preguntó acerca de una reunión en 2017, que Pelegrini justificó como un intento de conocer «la opinión» sobre el proyecto de Mina Muga en Navarra. Cuando Puente insistió sobre la razón específica para contactar con Cerdán, respondió que se había encontrado con otros representantes sociales.
En 2016, año en que se remontan las investigaciones, Antxon Alonso era propietario de la recién fundada Servinabar, que firmó una alianza con Acciona para garantizar adjudicaciones públicas a cambio de un 2% de comisión por obra, según los reportes de la UCO. Cerdán adquirió el 45% de esta pequeña empresa y era el encargado de asegurar las licitaciones mediante su «influencia indebida». El investigado afirmó que la firma de un acuerdo con Servinabar seis días después de una de sus reuniones fue «una mera coincidencia».
A Cerdán, a quien conoció en 2014 por iniciativa propia, lo veía un par de veces al año; a Antxon, con mucha mayor frecuencia, señaló.
Al fiscal jefe le manifestó que Acciona contrató a una empresa de reciente constitución porque les interesaba Antxon Alonso, desconociendo que el dirigente socialista tenía copropiedad en Servinabar. Añadió que los servicios prestados por Servinabar respondían a necesidades reales de prevención de riesgos y no constituían una comisión ilícita, pese a que la vaguedad en las facturas y la situación de la empresa, pequeña y recién creada, llevaron a la UCO a sospechar que era una fachada para el pago de sobornos.
En el auto emitido ayer, el juez señala que en las «varias reuniones» de los implicados y en sus comunicaciones adoptaban «medidas de seguridad». El investigado no ofreció una justificación convincente para tal conducta: «Algunas de las reuniones tuvieron lugar en un piso alquilado en Madrid por Servinabar con este propósito. Usaban la aplicación Threema para comunicarse (más segura, según ellos, que otras aplicaciones comunes), apagaban sus teléfonos durante las reuniones o mostraban en pantalla, particularmente el Sr. Vicente Pelegrini, documentos relativos […] a determinadas obras en proceso de adjudicación durante sus encuentros telemáticos».
Pelegrini fue cuestionado «de manera explícita» por esta actitud, pero «no aportó una explicación satisfactoria, solo señaló que lo hacía para que el Sr. Alonso Egurrola pudiera tomar nota de los asuntos tratados en la reunión (en la cual, evidentemente, el propio Sr. Alonso estaba presente)».