El proceso judicial contra el hermano de Pedro Sánchez y el líder del PSOE en Extremadura se retrasa hasta finales de mayo desde la fecha inicial de febrero

A solicitud del abogado representante de la acusación de Manos Limpias y de tres defensores, incluyendo el letrado de David Sánchez

David Sánchez, al acudir a declarar a los juzgados de Badajoz el pasado abril.

Se modifica la fecha del juicio inicialmente programado en la Audiencia Provincial de Badajoz contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, líder y candidato del PSOE de Extremadura para los comicios del 21 de diciembre, junto con otros nueve imputados. José María Bueno, abogado de la acusación de Manos Limpias, y tres defensores, incluido el letrado del músico, solicitaron la postergación dado que, entre el 9 y el 14 de febrero, ya tenían señalados otros procedimientos judiciales. Este miércoles, la Audiencia aceptó las peticiones de aplazamiento y reprogramó el juicio para antes del verano, concretamente para los días 28 y 29 de mayo, así como 1, 2, 3 y 4 de junio de 2026.

El tribunal provincial indica que los abogados que pidieron retrasar la fecha de inicio del juicio no tenían «otras fechas disponibles, algo inevitable dada la cantidad de partes implicadas».

Para entonces, el secretario general de los socialistas extremeños ya tendrá la condición de aforado porque encabezará la candidatura del PSOE en las elecciones. Actualmente no dispone de esta protección legal, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura se la negó, considerando «ilegal» su intento de aforamiento rápido tras provocar la dimisión de cinco compañeros (una diputada y los siguientes cuatro en lista) para que él pudiera acceder al escaño y adquirir dicha condición.

Aforamiento de Gallardo

Por tanto, una vez que asuma el acta de diputado tras las elecciones del próximo 21 de diciembre, Gallardo podrá solicitar –como pretendía inicialmente– que el juicio por prevaricación y tráfico de influencias en su contra y de los otros diez acusados, entre ellos el hermano del presidente del Gobierno por su presunto enchufe en la Diputación de Badajoz, no se celebre en la Audiencia Provincial, cuyo tribunal ha respaldado en todo momento los autos de la juez de Instrucción, Beatriz Biedma, sino en el TSJEx. De hecho, Emilio Cortés, el abogado del hermano del presidente, recusó al tribunal compuesto por tres magistrados que conducen el juicio, argumentando que están «viciados» por haber conocido el caso durante meses, interviniendo en diversas resoluciones ante los recursos presentados por las defensas y la Fiscalía, que se opuso a la apertura del juicio oral.

Igual rechazo expresó otra acusada, Juana Cintas, exresponsable de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz, quien sostiene que el tribunal está «contaminado». Se trata de los magistrados de la Sección Tercera: José Antonio Patrocinio Polo, Emilio Francisco Serrano y María Dolores Fernández Gallardo.

En su escrito de recusación, el abogado del músico señala como «notoria» la dispersión de calificativos empleados por el tribunal recusado, algunos procedentes del material del proceso y otros ignorados por los jueces, excediendo lo establecido en el Auto original. Añade en su documento de once páginas que «el uso de términos como ‘relevante’ e ‘ilustrativo’ no es propio de un trámite de esta naturaleza y sugiere una presunción de imparcialidad que los inhabilita para la función de juzgamiento que asumen». Asimismo, reprocha el empleo del apelativo «hermanísimo», que se transforma «en un tipo de burla externa con las connotaciones de cargo atribuidas en el Auto de septiembre», refiriéndose a uno de los procedimientos fundamentales del acusado. De esta forma, según Cortés, los tres magistrados de la Audiencia Provincial, al revisar las pruebas seleccionadas por la instructora para autorizar el juicio oral, dan por acreditados indicios de cargos contra los acusados, añadiendo que el tribunal –en su valoración– «marca con parcialidad, hasta distorsionarla, al asumir sin cuestionamientos postulados fácticos» establecidos por la juez Beatriz Biedma.

Estos recursos aún no han sido resueltos por la Audiencia, que la semana pasada concedió tres días a todas las partes para pronunciarse al respecto.

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