Los interventores municipales consideran que la transferencia de competencias a Cataluña para seleccionar y nombrar funcionarios de control local vulnera la Constitución.
Advierten que esta medida compromete la independencia de los órganos de fiscalización y entorpece la lucha contra la corrupción en los ayuntamientos catalanes.
La Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros advierte sobre la disminución de imparcialidad, la desigualdad territorial y la fragmentación del control local ocasionadas por este cambio.
El colectivo señala que la decisión carece de fundamentos técnicos o de eficiencia y que, en experiencias previas, provocó escasez de personal y una menor calidad técnica en los procesos.
El real decreto-ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros, que transfiere a Cataluña las competencias para gestionar la oferta pública y los procesos selectivos del funcionariado con habilitación nacional, ha provocado una fuerte indignación entre los profesionales afectados.
Interventores, secretarios y tesoreros municipales, que tienen a su cargo el control jurídico y económico de las entidades locales, denuncian que la cesión de Pedro Sánchez a la demanda de Carles Puigdemont es «inconstitucional» y dificultará la lucha contra la corrupción.
«Esta transferencia tiene un impacto directo en la regresión de los mecanismos para prevenir y detectar irregularidades y prácticas corruptas en los ayuntamientos. El nacionalismo busca controlarlo porque equivale a controlar al fiscalizador», declara a EL ESPAÑOL Alberto Bravo Queipo de Llano, vicepresidente de la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (APSITAL).
Los funcionarios con habilitación nacional —secretarios, interventores y tesoreros— son los principales responsables del control interno y la legalidad de los actos administrativos municipales. Según Bravo Queipo de Llano, su independencia constituye «la primera barrera contra malas prácticas, corrupción y clientelismo».
«La experiencia comparada evidencia que cuando el órgano fiscalizado no mantiene total independencia, el riesgo de desviaciones, tolerancia a prácticas indebidas y presiones políticas incrementa. Esta cesión debilita esa independencia jurídica», añade.
Cabe recordar que, aunque estos habilitados pertenecen a la Administración local, su habilitación es de carácter nacional.
Sus responsabilidades incluyen fe pública, asesoramiento legal, control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, áreas cruciales para frenar el intento separatista durante el referéndum ilegal de 2017.
Precisamente, su naturaleza nacional fue diseñada para garantizar uniformidad técnica y neutralidad frente a los poderes políticos locales y autonómicos.
Sin embargo, con esta cesión, la Generalitat podrá decidir quién ejercita la función de control fiscalizador.
«Se está rompiendo el régimen nacional de selección y provisión de los funcionarios que supervisan la legalidad. Esto implica que la Generalitat de Cataluña establecerá sus propios criterios, procesos selectivos y nombramientos para un cuerpo que, según la Constitución, es estatal», explica el vicepresidente de APSITAL.
«No existen razones técnicas»
Según su análisis, la cesión de Sánchez ante Junts representa «un avance para Cataluña en la construcción de un marco institucional propio y en su desconexión de España».
Entre los riesgos derivados de este real decreto-ley, Bravo Queipo de Llano resalta «la pérdida de imparcialidad, la desigualdad territorial para funciones comunes a todo el Estado, la fragmentación del control local y el debilitamiento de la lucha contra la corrupción en las Diputaciones».
El portavoz del colectivo afirma, además, que esta cesión política a Junts no responde a criterios de eficiencia administrativa, a pesar de que el Gobierno sostiene que facilitará «una gestión más próxima y eficiente» del funcionariado.
«El real decreto no se justifica por motivos técnicos ni de mejora en la gestión. Dificultará cubrir vacantes y complicará la creación de una bolsa de opositores», advierte el vicepresidente de APSITAL.
También denuncia que esta decisión implica la ruptura encubierta de un modelo estatal, ya que «se introduce de forma indirecta una cesión competencial que corresponde exclusivamente al Estado».
Bravo Queipo de Llano recuerda que experiencias previas mostraron que la transferencia de competencias en este ámbito no funciona, como ocurrió durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.
Apunta que hubo escasez de personal y descenso en la calidad técnica de los procesos, motivo por el cual el Gobierno de Mariano Rajoy recuperó la competencia para el Estado.
En esta línea, señala que, por ejemplo, el País Vasco lleva más de tres años intentando convocar procesos selectivos que aún permanecen paralizados.
Por ello, el colectivo insiste en que debe existir un proceso común que garantice igualdad de oportunidades y procedimientos entre autonomías. «Con la vía de urgencia se está alterando un régimen funcionarial que desde hace un siglo asegura imparcialidad y profesionalidad en los ayuntamientos españoles», concluye.