Teresa Peramato, aspirante a fiscal general del Estado, ha valorado el trabajo de su antecesor Álvaro García Ortiz, quien fue condenado por el Tribunal Supremo por divulgar datos tributarios confidenciales.
Peramato considera que el proceso penal contra García Ortiz representa una «profunda lesión» en la Fiscalía, que pretende «curar» durante su gestión.
Afirma que los fiscales están capacitados para encargarse de la instrucción de delitos y respalda la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Propone extender el periodo en el cargo del fiscal general, fortalecer la autonomía disciplinaria y presupuestaria de la Fiscalía, y perfeccionar la formación de los fiscales.
Teresa Peramato, candidata oficial para ocupar la Fiscalía General del Estado, comenzó este jueves su presentación ante la Comisión de Justicia del Congreso con un reconocimiento especial a su predecesor, Álvaro García Ortiz, condenado por la Sala Penal del Tribunal Supremo por revelar datos fiscales confidenciales de la pareja del presidente de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El Congreso debe otorgar su aprobación a Peramato, que previamente recibió el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial, antes de proceder a su nombramiento oficial como fiscal general.
«Quisiera destacar el esfuerzo realizado por todos mis predecesores y, en particular, expresar mi reconocimiento por el trabajo llevado a cabo por mi antecesor y por su equipo en la mejora y modernización de la Fiscalía española», manifestó Peramato al iniciar su discurso.
Luego se refirió al caso judicial tramitado en el Tribunal Supremo contra García Ortiz que, en su opinión, representa «una profunda herida» en el Ministerio Público. Es decir, no se refiere a la situación ni conducta de García Ortiz, sino al proceso penal que se ha desarrollado contra él, el cual ha «lastimado» la imagen de la Fiscalía.
«No puedo ni debo omitir una referencia al procedimiento penal recientemente llevado a cabo ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Se trata de una herida profunda que atraviesa la Fiscalía española y que espero se pueda sanar durante mi dirección, gracias al esfuerzo y compromiso de cada fiscal en el país. Confío plenamente en ellos», subrayó.
Peramato respaldó los dos principales proyectos impulsados por el Gobierno en el Congreso relacionados con el Ministerio Público: la nueva ley procesal penal que otorgará a los fiscales la instrucción de delitos en lugar de los jueces, y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
La futura titular del Ministerio Público afirmó que los fiscales son «los más indicados» para reemplazar a los jueces de instrucción y resaltó las «mejoras significativas» que propone la reforma estatutaria.
En este ámbito, mencionó la extensión del mandato del fiscal general para evitar que coincida con el del Gobierno que lo nombra; que sea el fiscal general y no el ministro de Justicia quien tenga la última palabra en asuntos disciplinarios; el fortalecimiento del rol de los fiscales de Sala; y el sistema de designación del fiscal a cargo de la investigación.
«Pero nuestras aspiraciones son mayores», señaló, reclamando la autonomía presupuestaria «aunque se obtenga de manera progresiva» y una «mejora en la autonomía formativa».