El PSOE continuó abonando los honorarios del abogado de José Luis Ábalos hasta octubre de 2024, en el marco de un supuesto acuerdo de confidencialidad, según explicó el propio exministro.
Por instrucciones de Pedro Sánchez, Santos Cerdán llevó a cabo la negociación con Ábalos, aunque el acuerdo se rompió tras conocerse la posible participación de Cerdán en un entramado corrupto.
Ábalos tuvo desacuerdos irreparables con su abogado y se negó a renunciar a su escaño, una decisión que habría favorecido al PSOE en la investigación del caso.
El juez ha solicitado al PSOE que justifique todas las transferencias en efectivo realizadas entre 2017 y 2024, dentro de la investigación sobre presuntos pagos no declarados y una probable caja B.
El PSOE pagó al antiguo abogado de José Luis Ábalos hasta octubre del año pasado, según ha relatado el exministro desde la prisión a personas de su círculo más próximo.
Estas fuentes confirmaron a EL ESPAÑOL que Ferraz asumió el pago de los honorarios del letrado José Aníbal Álvarez como parte de un pacto de silencio.
La negociación se llevó a cabo en noviembre pasado, cuando Ábalos contrató a este reconocido abogado ante su inminente imputación en el Tribunal Supremo.
Santos Cerdán, entonces secretario de Organización, fue quien cerró el acuerdo de silencio con Ábalos siguiendo instrucciones de Pedro Sánchez, según detallan allegados al exministro.
No obstante, el pacto se fracturó en junio, tras los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) que señalaron a Santos Cerdán como líder de una red corrupta y propietario del 45% de Servinabar.
Ábalos sostiene que José Aníbal intentó negociar con la Fiscalía para que aceptara los cargos, aunque el exministro defendía públicamente y en privado su inocencia. La situación se volvió insostenible tras una filtración a la prensa sobre ese posible acuerdo con Anticorrupción.
Hasta ese momento, Ábalos mantenía un pacto de no agresión con el PSOE.
Según publicó EL ESPAÑOL, Ábalos coordinaba sus votos y asistencia mediante WhatsApp con el Grupo Socialista hasta apenas una semana antes de ser encarcelado.
José Aníbal Álvarez defendió a José Luis Ábalos hasta el 13 de octubre último. El exministro terminó su relación con este abogado penalista apenas dos días antes de una citación en el Tribunal Supremo relacionada con los pagos en sobres del PSOE.
El juez Leopoldo Puente mantuvo la citación y ordenó que Ábalos estuviera acompañado por José Aníbal. En aquella vista del 15 de octubre, el exsecretario de Organización del PSOE evitó la prisión y contrató posteriormente al exfiscal Carlos Bautista como defensor.
En ese momento, Ábalos informó al magistrado sobre sus marcadas discrepancias con su abogado.
«Existen diferencias irreconciliables que, lejos de constituir un hecho puntual, se han convertido en constantes, lo que imposibilita la continuidad de la asistencia legal», manifestó Ábalos ante el Tribunal Supremo.
La táctica favorable al PSOE
Aníbal propuso que Ábalos renunciara a su escaño, lo que hubiera resultado en la pérdida de su aforamiento y que el caso fuera remitido a la Audiencia Nacional.
Esta idea nunca contó con el apoyo de Ábalos, quien sospechaba de una mano oculta tras la estrategia de su letrado. Además, reiteradamente se quejó a su círculo cercano por las filtraciones que José Aníbal habría realizado, según comentó en varias ocasiones.
En cambio, al PSOE sí le convenía que el exnúmero tres del partido perdiera el aforamiento.
En primer lugar, porque el escaño regresaría al Grupo Socialista en el Congreso. En segundo término, y más relevante, la instrucción de la causa se habría prolongado varios años, despejando así el camino para las próximas elecciones generales.
De hecho, si Ábalos hubiese seguido las recomendaciones de su abogado José Anibal, probablemente la Audiencia Nacional aún no estaría investigando los pagos en efectivo del PSOE.
No obstante, este miércoles el juez Ismael Moreno ha ordenado al PSOE que presente todos sus pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2024, incluyendo los correspondientes a Sánchez.
El partido deberá también aportar los tickets y facturas que respalden los pagos realizados a cargos, empleados, simpatizantes y voluntarios. En otras palabras, el PSOE está obligado a mostrar todas sus cuentas ante el juez.
Este hecho es celebrado por las defensas actuales de Ábalos y Koldo, que sostienen que el PSOE no declaró la totalidad de los pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2021.
EL ESPAÑOL ya publicó nueve documentos inéditos que muestran pagos no declarados y anticipos sin justificar, lo que sugiere que el PSOE operaba una caja B.
El propio Koldo García confirmó esta situación en una entrevista con este medio: «He recibido del PSOE más dinero del que reconoce la UCO; una parte en billetes de alta denominación porque nadie quería cogerlos».
El plan de la fontanera
Ábalos presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid para constituirse como acusación particular en el caso Leire.
El exministro alegó que la fontanera de Ferraz desplegó un plan de inteligencia «con el propósito de gestionar su defensa legal en beneficio del PSOE».
Leire Díez manifestó durante sus encuentros con el comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, que dirigía la defensa de Ábalos, refiriéndose al abogado José Aníbal.
Las actas de esas reuniones, celebradas los días 10 y 26 de marzo, reflejan la influencia de la fontanera en las defensas de Ábalos y Koldo.
«Los abogados actuales de Koldo y Ábalos fueron designados por Leire y la estrategia la determina ella, aunque ya da por perdida la defensa de Ábalos», señala el comandante Villalba en uno de sus escritos.
«Me proponen tres abogados para cambiar de defensa: el de Koldo (Ismael Oliver), el de hidrocarburos (Jacobo Teijelo, actualmente con Cerdán) y el de Ábalos (José Aníbal)», indica el guardia civil en el acta de la reunión del 10 de marzo.
Leire Díez descartó a José Aníbal entre las opciones «porque ya tiene suficiente con todo lo que arrastra el exministro, considerando que caerá por su caso de asuntos personales».
El juez Arturo Zamarriego aún no ha tomado una decisión respecto a la solicitud de Ábalos y Koldo para convertirse en acusación particular en el caso de la fontanera de Ferraz.