Después de que Hacienda anuncie que el sistema no será obligatorio para pymes y autónomos hasta 2027, el Consejo General de Economistas denuncia la incertidumbre que genera la decisión
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La medida de Hacienda de aplazar un año la entrada en vigor del sistema digital Verifactu para autónomos y pymes ha sido recibida con alivio por las patronales del comercio especializado, que temían que panaderos, carniceros y pescaderos no disponían de suficiente margen para adaptarse a las nuevas normativas de digitalización. Mientras tanto, el Consejo General de Economistas (CGE) ofrece una interpretación menos optimista y advierte de la incertidumbre y las dificultades que conlleva para las empresas esta tardía modificación del calendario.
El Gobierno ha decidido aplazar la implantación obligatoria de Verifactu, la plataforma digital para la verificación de facturas, estableciendo su aplicación a partir del 1 de enero de 2027 para los sujetos del impuesto de sociedades, y desde el 1 de julio del mismo año para el resto. Esta medida busca combatir el fraude fiscal instando a empresas y profesionales a actualizar sus sistemas informáticos conforme a los nuevos requisitos normativos.
Las patronales Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines (Ceoppan), Confederación Española de Detallistas de la Carne (Cedecarne) y Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (Fedepesca) han valorado positivamente el aplazamiento, argumentando que facilitará a los comercios más tiempo para adaptarse. Así, estas tres organizaciones secundan la interpretación publicada ayer por Foment, Cepyme y la asociación de autónomos ATA, que solicitan mayor flexibilidad para aquellas entidades con recursos limitados.
Alivio para los pequeños empresarios
Estos tres colectivos, que previamente habían pedido a Hacienda una moratoria para prevenir riesgos sobre la viabilidad de sus negocios, reclaman también medidas complementarias: exenciones para profesionales mayores de 60 años, mayor flexibilidad para grupos vulnerables y deducciones fiscales específicas. Asimismo, solicitan un plan que facilite la transición hacia el entorno digital para pymes y empresas artesanas, con soporte económico, técnico y formativo. Subrayan que sus sectores “constituyen un pilar fundamental para la cohesión social, la dinamización rural, urbana y barrial, además de mejorar la calidad de vida ciudadana”.
Por otro lado, el Consejo General de Economistas (CGE) rechaza este cambio en el calendario. Según el CGE, si bien el aplazamiento puede ofrecer un “respiro” a quienes no estaban preparados, crea dificultades adicionales y costes imprevistos para las organizaciones que ya invirtieron en su adecuación para cumplir la normativa dentro del plazo original. El organismo enfatiza que es indispensable una mayor estabilidad en los plazos de entrada en vigor para que las empresas planifiquen con confianza y ajusten sus procesos sin incertidumbre.
Los autónomos critican los cambios de calendario
De manera similar, Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), calificó el martes el retraso como un “despropósito” y denunció la inseguridad que provoca la constante alteración del plan: “Plantear medidas y luego revertirlas genera desconfianza”. Además, Abad cuestionó la eficacia del sistema Verifactu para combatir el fraude fiscal, señalando que “Verifactu no será capaz de luchar contra el fraude” porque no aborda el problema de las facturas que nunca se emiten.
El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, indicó que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado en la mesa de negociación sobre autónomos una nueva propuesta que contempla congelar las cuotas de los autónomos con ingresos bajos (de 670 a 1.166,7 euros mensuales) y aumentar las restantes entre 2,91 y 14,75 euros mensuales para 2026. (Europa Press)
Desde la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), la entidad manifestó su sorpresa por la medida, argumentando que Verifactu “no afecta de forma práctica al trabajo autónomo”, ya que la responsabilidad de la adecuación recae en los proveedores de software, no en los profesionales por cuenta propia. Para Uatae, el cambio “incrementa la inseguridad jurídica” y esta modificación inesperada evoca otros ajustes legales poco claros, como los vinculados a los límites de módulos.