Las personas que falseen la declaración responsable necesaria para poner en funcionamiento un piso turístico en Andalucía podrían enfrentarse a multas que alcancen los 600.000 euros.
Esto ocurre debido a que el Gobierno andaluz ha aprobado la Ley de Turismo Sostenible, la cual incrementa las sanciones para quienes no respetan las regulaciones vigentes.
Según explicó este martes el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, la medida pretende «desalentar» a quienes consideren operar o laborar en el sector turístico sin cumplir la ley.
Bernal añadió: «Esperamos no tener que aplicar ninguna sanción porque su efecto disuasorio es muy alto», antes de señalar que las multas han aumentado casi en todos los supuestos.
Así, a partir de ahora, quienes gestionen un piso turístico sin autorización podrán recibir una multa mínima de 20.000 euros. Mientras que hasta 600.000 euros serán por falsificar la declaración responsable.
Incremento en las sanciones
Las multas consideradas leves aumentan desde los 2.000 euros iniciales hasta los 10.000; las de carácter grave oscilan entre 10.000 y 100.000 euros; y las muy graves, entre 100.000 y 600.000 euros.
El consejero especificó que la penalización máxima se aplicará cuando se manipule la declaración responsable, se impida la labor inspectora de la Administración o se presente información falsa.
Ofrecer un servicio turístico de manera clandestina puede conllevar una sanción que, «como mínimo, asciende a 20.000 euros«, aclaró el responsable de Turismo.
Asimismo, Bernal defendió que la nueva ley de turismo es «ambiciosa» y, sobre todo, fue elaborada desde el diálogo y la participación efectiva, ya que durante su elaboración se recibieron y gestionaron más de 1.700 contribuciones a través de diversas mesas sectoriales constituidas en todas las provincias.
En esta línea, Arturo Bernal afirmó que «este proyecto no surgió de un despacho», sino del sector tras promover un proceso participativo real, remarcando que «un aspecto fundamental» de esta ley es su regulación específica para frenar las actividades clandestinas o ilegales mediante sanciones considerablemente más severas.
Una vez aprobado por el Consejo de Gobierno, el proyecto de ley será enviado al Parlamento de Andalucía para su debate final y, si corresponde, su aprobación definitiva.
El consejero defendió que el documento establece un modelo que «pone a las personas en el centro de la acción pública, impulsa la inteligencia de datos como una herramienta estructural y fortalece la sostenibilidad integral en sus dimensiones social, ambiental, económica y de gobernanza».
También resaltó que la ley incorpora «mecanismos que garantizan la convivencia, la hospitalidad, la calidad de vida y la adecuada relación entre residentes y visitantes», al tiempo que «refuerza la cogobernanza y define claramente los derechos y deberes de todos los actores del ecosistema turístico».
El proyecto integra «la inteligencia turística como eje central para la toma de decisiones», y desde la Junta señalan que la utilización de sistemas avanzados de monitorización, análisis y previsión permite «mejorar la competitividad del destino y optimizar la planificación de los recursos turísticos».
De igual forma, la norma brinda «respaldo legal» al trabajo desarrollado en innovación e inteligencia de datos, incluyendo el sistema ‘Andalucía Nexus’, y entre sus pilares se encuentra la sostenibilidad, de modo que la ley «asegura un desarrollo turístico equilibrado, protege el entorno y reduce las desigualdades territoriales».
Además, la adopción de nuevas tecnologías y procedimientos «más eficaces garantiza un control más estricto de la actividad turística ilegal», según indica el documento del Consejo de Gobierno, que destaca también que el nuevo marco normativo facilita «simplificar y ordenar el desarrollo reglamentario vigente».
La ley establece una estructura «más eficiente» que reduce de 17 a seis el número de decretos necesarios, lo que, según la Junta, «favorece la operatividad del sector y refuerza la seguridad jurídica«.
Asimismo, la ley incluye «un sistema estable de planificación turística que establece instrumentos homogéneos para todas las administraciones involucradas». Este marco define «estrategias coordinadas, criterios comunes y estructuras de seguimiento que garantizan una gestión coherente del destino en todo el territorio andaluz», añaden desde la Junta.
Además, «fortalece la colaboración público-privada mediante órganos formales de participación que incluyen al sector empresarial, profesional y social, con el propósito de asegurar una visión compartida del futuro turístico de Andalucía».
El texto también regula la calidad de los servicios turísticos con estándares «más rigurosos y mecanismos actualizados de clasificación y supervisión».
La norma incorpora nuevas herramientas para promover la profesionalización del sector, el desarrollo de productos con «alto valor añadido» y la «mejora continua de la experiencia del visitante».
Adicionalmente, introduce «parámetros específicos para el diseño de destinos inteligentes, la accesibilidad universal y la digitalización de la oferta, con el objetivo de potenciar la competitividad global del destino Andalucía».