El ingreso adicional que percibirán antes de que concluya 2025 incluirá tanto la subida mensual como los atrasos correspondientes a los meses previos del año
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF para implementar una subida salarial del 11% a los empleados públicos durante el periodo 2025-2028 tendrá un efecto directo en los ingresos de los trabajadores estatales antes de que termine el año. Este convenio, que involucra a más de tres millones de trabajadores del sector público, establece que el primer aumento, correspondiente a 2025, se pagará de forma retroactiva desde el 1 de enero de este mismo año. La subida inicial será del 2,5% y se reflejará en la nómina de diciembre junto con los atrasos acumulados desde enero.
El pago de este incremento se realizará sobre el salario base de los funcionarios al 31 de diciembre de 2024 y se aplicará a las 14 pagas anuales, que comprenden las 12 ordinarias y dos extraordinarias. Así, los empleados públicos recibirán en diciembre un ingreso extra que abarcará tanto el incremento mensual como los atrasos correspondientes a los meses anteriores del año. Si por razones técnicas o administrativas la Administración no pudiera hacer efectivo el pago en diciembre, se realizará en la primera nómina disponible.
El coste total previsto para esta medida en las arcas públicas ronda los 22.000 millones de euros durante el periodo 2025-2028, según datos del Ejecutivo. El acuerdo, que también cuenta con la firma de CCOO, busca no solo compensar la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios, sino también aplicar reformas estructurales, como la eliminación de la tasa de reposición, lo cual permitirá fortalecer las plantillas según las necesidades reales del servicio.
Cómo será la subida salarial de los funcionarios
El aumento salarial se distribuye en un 2,5% para 2025, un 2% para 2026, un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028. Para 2026, el incremento será del 2% sobre el salario ya aumentado en 2025, con una parte fija del 1,5% y una variable adicional del 0,5%, que se abonará en el primer trimestre de 2027 si la inflación supera el 1,5% previsto. En los años restantes, los incrementos serán únicamente fijos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado que el acuerdo firmado este jueves entre el Gobierno, UGT y CSIF, que implica una subida salarial para los funcionarios del 11% entre 2025 y 2028, es un «muy buen acuerdo» y ha agradecido a las organizaciones sindicales firmantes su esfuerzo y paciencia para alcanzar un pacto para 3,5 millones de trabajadores. (Fuente: La Moncloa)
En términos concretos, un funcionario con un salario base de 861,46 euros brutos mensuales, dos trienios (57,18 euros), un complemento de destino de 400 euros y un complemento específico de 500 euros, verá aumentada su nómina en 45,45 euros al mes tras aplicar el 2,5% de subida a las 14 pagas, lo que supone un total de 636,60 euros anuales. Para el conjunto de los empleados públicos, tomando como referencia un salario medio de 38.787 euros brutos anuales en 2024, según la Encuesta de Población Activa del INE, la subida mensual será de 69,25 euros, equivalentes a 969 euros anuales.
El acuerdo también contempla diferencias según el grupo profesional. Los funcionarios del grupo A1, con un salario medio de 48.606 euros anuales, experimentarán un incremento promedio de 154 euros mensuales al final del periodo, y en los tramos salariales más altos, el aumento podría llegar a 220 euros mensuales en 2026. Para el grupo A2, con un salario medio de 38.023 euros, la mejora mensual será alrededor de 120 euros, mientras que en el grupo C1, con una media de 27.994 euros, el incremento será de 89 euros mensuales, acumulando un aumento total de 3.202 euros anuales en 2028.
Otras medidas acordadas en favor de los funcionarios
El pago de la subida correspondiente a 2025 se efectuará de oficio en la nómina de diciembre para aquellos empleados que no hayan cambiado de destino. Si el trabajador ha cambiado de Administración o cesado, deberá solicitar el pago ante el órgano competente. En caso de fallecimiento, los herederos podrán reclamar los atrasos. El acuerdo también incluye la revisión al alza en 2026 de las indemnizaciones por razón de servicio, así como de los complementos de residencia e insularidad, incorporando criterios de igualdad entre empleados y empleadas públicos.
Entre las medidas incluidas figura la eliminación de la tasa de reposición, que hasta ahora limitaba la oferta de nuevas plazas según las jubilaciones o bajas. A partir de ahora, las administraciones podrán convocar plazas según las necesidades reales, lo que facilitará el refuerzo de plantillas y la reducción de la temporalidad. Además, se agilizarán los procesos selectivos para cubrir vacantes con mayor rapidez, una acción destinada a modernizar la función pública y facilitar el relevo generacional.