En España, la okupación y la inquiokupación ya superan los 100.000 casos, con un incremento promedio de 17.000 nuevos incidentes anuales, según datos del Instituto Cerdá.
El Gobierno continúa respaldando la Ley de Vivienda, a pesar de la solicitud del Congreso para su derogación, argumentando que la legislación avanza en la dirección correcta, mientras que la oposición la responsabiliza de provocar inseguridad jurídica y un aumento en la okupación.
Las disposiciones de la Ley de Vivienda han endurecido los procedimientos de desalojo y han reforzado la protección legal de los okupas, complicando la recuperación de las propiedades para sus propietarios.
El precio de la vivienda ha experimentado un alza del 12,7%, y el costo del alquiler un 10,5% únicamente en el último año, mientras que la oferta de inmuebles y contratos de arrendamiento se reduce, intensificando la presión en el mercado inmobiliario español.
Han pasado dos años desde la aprobación de la Ley de Vivienda 12/2023, promovida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con el voto en contra de PP, Vox y Junts, y la okupación continúa aumentando.
Este fenómeno, sumado a la inquiokupación, ya ha sobrepasado el umbral psicológico de 100.000 casos, según las estimaciones del Instituto Cerdá. A pesar de que el Congreso solicitó su derogación, el Gobierno sostiene que la norma “avanza en la dirección correcta”.
En septiembre pasado, PP, Vox, Junts y UPN aprobaron una moción que instaba al Ejecutivo a eliminar la Ley de Vivienda, debido a que consideran que ha provocado «inseguridad jurídica, aumento de precios, disminución de la oferta y más okupación así como inquiokupación«.
Solo durante el año anterior, este fenómeno creció un 7,4%. Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa en 2018, las denuncias han aumentado un 34,5%, según el Instituto de Estudios Económicos (IEE).
El portal Idealista reporta más de 23.000 viviendas okupadas a la venta, de acuerdo con un informe difundido en octubre pasado. El comprador obtiene precios reducidos bajo la condición de enfrenta el reto de desalojar a los okupas.
El Colegio de Economistas de Cataluña y el Institut Cerdá calcularon en noviembre de 2023 que existían 78.000 viviendas okupadas en España. Esta cifra sigue en ascenso, con un promedio anual de 17.000 casos nuevos.
En este escenario, la Ley de Vivienda ha actuado como un combustible político que exacerba un problema ya sensible.
Entre sus disposiciones, se endurecen los requisitos legales para los desalojos y se amplía la protección jurídica de los okupas, obligando a los propietarios a iniciar procedimientos más complejos y prolongados para recuperar sus propiedades.
Este efecto ha ‘favorecido’ la okupación ilegal y la inquiokupación, que actualmente conforman el 80% de los casos totales.
El modelo europeo
Se registran 17.000 nuevos casos anuales, lo que ha generado temor en el sector del alquiler y provocado una retracción del mercado.
El contraste con Europa es evidente. Países como Alemania, Francia o Reino Unido reportan menos casos debido a que cuentan con legislaciones más estrictas y procedimientos de desalojo más rápidos, lo cual limita la ocupación prolongada de inmuebles.
En esas naciones, las fuerzas policiales pueden realizar desalojos con mayor rapidez y, en ocasiones, incluso sin autorización judicial. Por ejemplo, en Francia, las multas pueden alcanzar 45.000 euros y las sentencias de prisión hasta tres años.
En contraste, en España los propietarios deben esperar un promedio de 18 meses para recuperar sus propiedades, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El plan de Feijóo
Ante tales cifras, el Partido Popular acusa al Gobierno de haber creado un “paraíso para los okupas” y demanda la derogación de la ley aprobada en el Congreso.
Feijóo promueve una reforma que contemplaría desalojos en menos de 24 horas y un endurecimiento de las sanciones por usurpación.
El diputado del PP Sergio Sayas puso de manifiesto esta cuestión en la última sesión de control al Gobierno en el Congreso, afirmando que el Ejecutivo “sabotea” las propuestas alternativas presentadas por la oposición.
“Desde la aprobación de esta ley, los precios se han incrementado un 26% y los alquileres un 22%”, denunció.
“Los jóvenes que desean alquilar un piso deben destinar el 92% de sus ingresos, y los únicos beneficiados han sido los okupas y inquiokupas”, remarcó ante la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.
No obstante, el Ejecutivo mantiene la normativa vigente y sostiene que “ha frenado el abuso en los alquileres”, citando el caso de Navarra, donde asegura que un 34% de los nuevos contratos se firmaron tras declararse zona tensionada y aplicar la Ley de Vivienda.
Sin embargo, incluso los ayuntamientos ponen en duda esta versión. El Observatorio de Vivienda de Barcelona señala que los contratos de arrendamiento han descendido un 10,3% en el último año y un 22,1% desde la implementación de la normativa, contradiciendo la afirmación del Gobierno.
Todo esto sucede mientras la presión económica sobre las familias se intensifica. El precio de la vivienda aumentó un 12,7% en el último año, según el INE, y el alquiler subió un 10,5% solo en 2025, según Idealista.
El problema va más allá del aspecto económico: la oferta también se reduce. España únicamente construye alrededor de 90.000 viviendas anuales, muy por debajo de los 225.000 hogares nuevos que se crean cada año, según el Banco de España.
En lugar de aliviar esta presión estructural, el Gobierno persiste en mantener una ley cuestionada por el propio Congreso.
Según los barómetros del CIS de Tezanos, la vivienda se ha posicionado ahora como el problema principal para la sociedad española, frente a la legislatura de Mariano Rajoy, cuando ocupaba el puesto 16 en dicha clasificación.