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Diana Tique perdió contacto con su hermano Manuel el 14 de septiembre de 2024.
«Se trasladó a la frontera entre Colombia y Venezuela para asistir a unas capacitaciones. Las autoridades venezolanas le solicitaron su pasaporte y lo condujeron a una entrevista que calificaron de ‘rutinaria’. Más tarde, la ONG para la que trabaja informó que había sido detenido», relata Tique a BBC Mundo.
La familia de Manuel no recibió más noticias hasta el 17 de octubre.
En ese día, se publicó en Youtube un video en el que el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, anunció la captura de personas de diversas nacionalidades acusadas de ser mercenarios.
«Entre ellos estaba mi hermano», confirmó Diana.
De acuerdo con Cabello, Tique, de 33 años, habría entrado a Venezuela bajo la apariencia de formar parte de una ONG, pero, según el ministro, en realidad actuaba como reclutador de paramilitares y colaborador de «mercenarios y terroristas».
«Por lo menos Venezuela reconoció formalmente su detención y pudimos obtener información inicial», señala Diana.
Tanto la familia como el Consejo Danés para Refugiados, la ONG empleadora, aseguran desconocer los motivos de su arresto.
Indican que era su primer viaje a Venezuela y a la frontera, y descartan que tenga antecedentes penales.
El 24 de octubre de 2025, Caracas dejó en libertad a 17 colombianos luego de negociaciones con Bogotá, pero Manuel Tique no fue uno de ellos.
Hasta esa fecha, la cancillería colombiana tenía registro de al menos 37 colombianos detenidos en Venezuela bajo circunstancias similares a las de Tique desde el 28 de julio de 2024.
Ese mismo día, el presidente venezolano Nicolás Maduro fue proclamado vencedor en unas elecciones cuyas actas no han sido divulgadas y cuyo resultado es cuestionado por la oposición y organismos internacionales.
A partir de entonces, miles de personas han sido arrestadas en el país. Entre los cargos frecuentes se encuentran los de «mercenarios», «terroristas» o «alteradores del orden público».
Estos delitos pueden implicar desde varios meses hasta decenas de años de prisión.
Organizaciones como Amnistía Internacional denuncian que «casi todas» las detenciones han sido «arbitrarias y motivadas políticamente», ya que se produjeron lejos en el tiempo o distancia de los disturbios posteriores a los comicios.
El gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro no reconoce esta legislatura de Maduro, aunque defiende la continuación de relaciones diplomáticas con argumentos como la seguridad y estabilidad en la frontera.
En diálogo con BBC Mundo, el viceministro colombiano para asuntos multilaterales, Mauricio Jaramillo, indicó que están «acompañando a las familias de los detenidos, pero sobre qué entiende Venezuela por mercenarismo, por ejemplo, eso corresponde a las autoridades de allá».
BBC Mundo contactó a un representante de la Fiscalía venezolana para consultar sobre la situación de los colombianos, sin embargo respondieron que «por ahora no ofrecerán comentarios».
En una entrevista otorgada a este medio en enero, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, rechazó las acusaciones de violaciones a los derechos humanos hechas por organismos internacionales y defendió que las detenciones responden a «hechos punibles cometidos».
Las autoridades venezolanas aseguran que desde finales de 2024 han liberado a 2.006 personas, pero el comisionado de la ONU Volker Türk confirmó alrededor de 1.500 hasta junio pasado.
Türk también señaló que las aprehensiones continúan.
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Una llamada de cinco minutos
La acusación pública del ministro Cabello contra Tique fue el último contacto que la familia tuvo con este ingeniero industrial, especializado en gestión y educación ambiental, durante varios meses.
A finales de enero de 2025, seis ciudadanos estadounidenses fueron liberados por Caracas tras el envío del funcionario Richard Grenell por parte del presidente Donald Trump para reunirse con Maduro.
Uno de los liberados, «David», compartió celda con Tique.
«Gracias a ‘David’ supimos que muchos extranjeros estaban detenidos en la cárcel Rodeo I, donde recibían tres comidas al día, no tenían muchas actividades y jugaban al ajedrez mental entre celdas», relata Diana.
«No pueden socializar ni comunicarse con el exterior. Permanece un aislamiento completo», añade.
Pasaron nuevamente meses sin novedades.
El 15 de mayo, la familia de Tique recibió una llamada desde un número internacional.
«Era Manuel, quien preguntó principalmente por el estado de la familia. La conversación duró solo cinco minutos», comenta Diana.
El Consejo Danés para Refugiados (DRC), que ofrece ayuda humanitaria en Colombia desde 2018, afirma que Tique permanece sin acceso a un proceso judicial ni a asistencia consular.
«Esta situación representa una grave vulneración de los derechos humanos y los principios básicos de la justicia», indica DRC en un comunicado.
BBC Mundo no pudo confirmar de manera independiente toda la información proporcionada por DRC debido a la negativa de la Fiscalía venezolana a dar declaraciones.
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Sin embargo, el viceministro Jaramillo afirma que «en ciertos casos solicitan mayor seguimiento en el proceso; visitas para verificar las condiciones físicas y mentales de las personas privadas de libertad y que mantengan comunicación constante con sus familiares».
«Pero sobre aspectos sustanciales, nosotros no podemos manifestarnos», aclara Jaramillo, invocando «respeto a la soberanía venezolana».
Diana Tique encontró en otras familias situaciones parecidas: individuos que viajaron a Venezuela por motivos laborales o para visitar parientes, y que terminaron detenidos y aislados.
«Realizamos manifestaciones para exigir a la cancillería que nos atendiera y actuara en nuestro favor», comenta Diana.
En ese proceso fue cuando conoció a Viky Latorre.
Relatos recurrentes
El esposo de Latorre, Martín Rincón, que se dedica a la palma de aceite, también fue detenido por autoridades venezolanas en septiembre de 2024.
«El día 30 cruzó hacia el puente internacional de Arauca y desde entonces no supimos nada de él. Ocho días más tarde, vimos en redes sociales que la Guardia Nacional Bolivariana lo había capturado», relata Latorre a BBC Mundo.
Al igual que en el caso de Tique, Latorre no obtuvo comunicación directa con Rincón hasta el 15 de mayo, día en que la mayoría de detenidos pudieron realizar llamadas breves a sus familiares.
Latorre se ha convertido en una portavoz para numerosos familiares de los detenidos.
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Sostiene que sus casos son similares, con detenciones «ilegales», «ausencia del debido proceso» y «vulneraciones de derechos».
Hasta ahora no tienen certeza sobre el avance de las acusaciones. La incertidumbre persiste.
«Ignoramos de qué se les acusará porque no tenemos conocimiento de ningún trámite judicial en tribunales venezolanos. Tememos que se les atribuya terrorismo o cargos políticos que no corresponden, pues no guardan relación alguna con la política ni colombiana ni venezolana», afirma Latorre.
Según la información más reciente disponible para las familias, Rincón, al igual que Tique, permanece preso en la cárcel Rodeo I.
Centro penitenciario bajo escrutinio
Durante la llamada, Manuel no detalló a su hermana las condiciones dentro de Rodeo I. Diana cree que lo hizo para proteger a su familia y evitar inquietarlos.
«Pero hemos obtenido relatos de otras personas que llamaron, quienes describen que las celdas son pequeñas, reciben poca agua y que solo los sacan al patio una hora diaria, encapuchados, para que tomen algo de sol», relata Diana.
«Imagina que te ponen una capucha sin saber a dónde te llevan cada vez», añade.
Rodeo I está ubicado en el estado Miranda, a poca distancia de Caracas.
Aunque BBC Mundo no pudo verificar directamente las condiciones mencionadas por Diana Tique, este centro penitenciario ha estado en el foco de organismos internacionales durante mucho tiempo.
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En junio de 2024, un mes antes de las controvertidas elecciones presidenciales, varias organizaciones enviaron una carta dirigida al ministro de Asuntos Penitenciarios venezolana.
En el documento, los firmantes indicaron haber recibido reportes sobre condiciones de encierro en Rodeo I que califican de «crueles, inhumanas y degradantes y, en ciertos casos, podrían equivaler a tortura».
Recordaron que la tortura es una «norma imperativa del derecho internacional».
Demandaron que se garantice la integridad y vida de todas las personas bajo custodia, incluyendo aquellas detenidas arbitrariamente por razones políticas, y exigieron su liberación inmediata e incondicional.
Relaciones delicadas
En el ámbito diplomático, cada palabra tiene potencial para causar malentendidos.
La definición de qué constituye «mercenarismo» parece ser un punto en disputa entre las cancillerías de Colombia y Venezuela.
Mientras en Caracas este término suele usarse para acusar a extranjeros que presuntamente ingresan al país con la intención de derrocar al gobierno, en Bogotá se rechaza cada vez más este calificativo.
«No queremos que se etiquete como ‘mercenarios’ a quienes están detenidos en Venezuela. Estamos reduciendo este fenómeno porque muchas detenciones recientes corresponden a personas engañadas», explica Jaramillo.
BBC Mundo ha reportado casos de exmilitares colombianos que han sido engañados para realizar supuestas tareas de vigilancia en países como Ucrania, Sudán y México.
El propio presidente Petro ha utilizado el término «mercenarios» para referirse a este fenómeno.
Investigadores consultados por BBC Mundo en el pasado también advierten sobre el uso cuidadoso de este calificativo.
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«Actualmente», reitera Jaramillo, «no puedo pronunciarme sobre qué entiende Venezuela por ‘mercenario’. Hacerlo podría generar tensiones en un momento de relaciones positivas».
Caracas y Bogotá comparten una historia de coexistencia tensa.
Según los gobiernos en ejercicio, la relación fluctúa entre amistosa, cordial, tensa o incluso inexistente, como ocurrió en 2019 cuando Maduro rompió vínculos con la administración de Iván Duque tras el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela por parte de este último.
Expertos en relaciones internacionales y políticos colombianos muestran opiniones diversas acerca del estado actual de la relación bilateral.
Algunos critican que Petro, al no romper las relaciones con Venezuela y mantener vínculos, legitima su gobierno aunque no lo reconozca oficialmente.
Otros consideran que casos como los colombianos detenidos serían aún más difíciles de abordar sin nexos diplomáticos.
Esta situación difícilmente brinda tranquilidad a familias como las de Tique y Rincón, quienes, pese a la aparente buena relación entre Caracas y Bogotá, enfrentan incertidumbre y desconfianza sobre los resultados de los esfuerzos de la cancillería colombiana.