La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha manifestado que las declaraciones efectuadas por el presidente Pedro Sánchez y otros integrantes del Gobierno relativas a la condena del fiscal general constituyen una «intromisión» que vulnera la obligación de respeto hacia el Poder Judicial.

La APM acusa al Ejecutivo de cruzar el límite de la lealtad institucional al desacreditar la resolución de la Sala Penal del Tribunal Supremo y defender la inocencia del fiscal general sin conocer los fundamentos de la condena.

La principal asociación de jueces demanda la interrupción de los ataques y críticas dirigidas contra el Tribunal Supremo y el Poder Judicial, subrayando su compromiso con la administración de justicia imparcial.

El ministro Félix Bolaños ha argumentado que es legítimo expresar desacuerdo con una sentencia judicial respetando tanto a la Justicia como a los tribunales, postura que, según asegura, comparte el presidente Sánchez.

La Asociación Profesional de la Magistratura, que representa a la mayoría en la carrera judicial, aprobó en su congreso celebrado en Murcia una declaración en la que «lamenta» las manifestaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de otros miembros del Ejecutivo en contra de la condena al fiscal general, defendiendo la inocencia de García Ortiz a pesar del fallo de la Sala Penal del Supremo.

La APM, con más de 1.400 miembros que representan el 45% de los jueces asociados y el 26% de la carrera judicial total (según datos del Consejo General del Poder Judicial de 2024), sostiene que los comentarios de Sánchez y sus ministros contra la Sala Penal del Tribunal Supremo constituyen una «intromisión» que viola la «obligación» del Ejecutivo de respetar al Poder Judicial.

Además, esto significa un «nuevo cruce de la línea de la lealtad institucional», según indica la asociación.

En su declaración, la APM enfatiza que en un Estado democrático de derecho «el respeto hacia el Poder Judicial y, por ende, hacia las decisiones tomadas por los jueces, es un principio fundamental que debe cumplirse por toda la sociedad y en especial por quienes ostentan cargos gubernamentales».

Por tal motivo, señala que las afirmaciones categóricas hechas por el presidente del Gobierno el día 9 acerca de la culpabilidad en un asunto todavía en fase de juicio por el Tribunal Supremo «solo pueden interpretarse como una intromisión que a la vez rompe con el deber de respeto que debería regir su conducta».

La «desautorización» que siguió a posteriori de la decisión de la Sala Penal, la cual anticipó la sentencia condenatoria a García Ortiz luego de modificar al ponente, «representó otro cruce de la línea de lealtad institucional», algo especialmente reprochable cuando no se esperó siquiera a conocer las motivaciones que sustentan la condena al fiscal general del Estado.

Para la asociación mayoritaria, la «advertencia» realizada también por el jefe del Gobierno respecto a la posibilidad de revisar las facultades para proteger derechos e intereses legítimos entra en conflicto directo con el texto constitucional. Sánchez indicó que «los aspectos controvertidos» de la resolución de la Sala Penal serán «resueltos en instancias jurisdiccionales posteriores».

La Asociación Profesional de la Magistratura «solo puede lamentar y reclamar el cese de estos graves ataques y descalificaciones que se repiten contra el Tribunal Supremo y el Poder Judicial en general, conductas totalmente impropias en una democracia consolidada».

Finalmente, la asociación asegura que «garantiza a toda la sociedad que, conforme al juramento hecho al ingresar en la carrera judicial, continuará dedicando su máximo esfuerzo a ‘administrar justicia recta e imparcialmente para todos‘».

Tras esta declaración oficial, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, presente en el congreso de la APM, declaró que «en democracia se puede respetar una sentencia y expresar desacuerdo con respeto hacia la Justicia y los tribunales. Eso es lo que ha hecho el presidente y lo que hago yo».

«Es completamente legítimo respetar y cumplir una sentencia y a la vez manifestar diferencia con el fallo», afirmó Bolaños. «En democracia se permite criticar y discrepar de una resolución judicial».