La interventora de la Universidad Complutense de Madrid afirmó que fue adecuado que Begoña Gómez firmara el pliego para contratar un software, aunque no formara parte del personal de la UCM, dado que desempeñaba el papel de directora de la cátedra correspondiente.
El juez está investigando a Begoña Gómez por supuestos delitos relacionados con la corrupción, incluyendo el intrusismo y la apropiación indebida del software, que no fue completado y para el cual la UCM desembolsó más de 102.000 euros.
Funcionarias de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación detallaron que Begoña Gómez solicitó información para inscribir el software en el Registro de la Propiedad Intelectual, trámite que no se llevó a cabo debido a que el programa no estaba terminado.
Otra testigo informó que, al igual que Begoña Gómez, ha registrado dominios web de proyectos académicos a su nombre para mejorar el posicionamiento digital, aunque la propiedad y el mantenimiento corresponden a la Universidad.
La directora de la Universidad Complutense de Madrid, Elvira Gutiérrez-Vierna, ha declarado esta mañana ante el juez Juan Carlos Peinado que resultó apropiado que Begoña Gómez firmara –sin pertenecer al personal de la UCM– el pliego de prescripciones técnicas para contratar el software destinado a pequeñas y medianas empresas, dentro de la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva que dirigía la esposa del presidente del Gobierno.
Gutiérrez-Vierna y otras dos trabajadoras de la Complutense testificaron a petición de la defensa, que solicitó estas declaraciones hace un año.
En octubre pasado, la Audiencia Provincial de Madrid instruyó a Peinado para que realizara estas declaraciones sin demora. El juez investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción, entre ellos el intrusismo y la apropiación indebida del software destinado a medir el impacto social de las pequeñas y medianas empresas en aspectos como la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género.
Aunque no se completó, la UCM abonó 102.848 euros por su desarrollo, al cual también aportaron Google, Indra y Telefónica.
Gutiérrez-Vierna testificó que, según las normas internas de la UCM, el pliego de prescripciones técnicas del proyecto «debe ser firmado por el jefe de la unidad administrativa, que en este caso correspondía a la directora de la cátedra«. Por este motivo, se comunicó por correo electrónico a Gómez que era su responsabilidad firmar el pliego relacionado con el software.
La interventora también afirmó que para este fin no era necesaria ninguna formación técnica o académica específica.
Reunión «con la mujer de Sánchez»
Dos funcionarias de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) también testificaron, explicando que facilitaron a Gómez los enlaces del Registro de la Propiedad Intelectual necesarios para registrar el software, trámite que no llegó a completarse porque el desarrollo del programa no se finalizó.
Las testigos indicaron que no se encargaron directamente de ese trámite ya que nunca habían realizado inscripciones en el RPI de programas informáticos.
Manifestaron que la directora de la OTRI las convocó a una reunión donde asistieron Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y Blanca de Juan, coordinadora de la cátedra extraordinaria.
«Un día nos comunicaron, a mi compañera y a mí, que ‘después del desayuno vendrá Begoña Gómez, ya saben, la mujer de Sánchez, para solicitar información sobre el Registro de Propiedad Intelectual’ con el fin de inscribir el software», relató una de las funcionarias.
«¿De qué manera se identificaron en la reunión?», les preguntaron. «No, no se presentaron con ninguna calidad oficial. Nos había avisado la directora de la OTRI de su visita. Las estábamos esperando. Fue Begoña quien habló en todo momento y presentó a las otras dos compañeras».
Afirmaron que luego intercambiaron varios correos con Cristina Álvarez sobre los enlaces web necesarios para registrar el software. «Ella quería conocer con mayor detalle cómo debía completar los formularios porque había aspectos que no comprendía».
La cuarta testigo, Zulma Escalante, codirectora de un máster sobre sostenibilidad en la UCM, explicó que, igual que Begoña Gómez, registró a su nombre un dominio web del máster con fines de posicionamiento digital.
«El dominio está a mi nombre pero pertenece a la Universidad, que se encarga del mantenimiento», añadió.