El rechazo retrasa los Presupuestos, limita el margen de gasto de las comunidades autónomas y obliga al Gobierno a aprobar una nueva propuesta en un plazo de un mes.
Este jueves, el Congreso rechazó la senda de estabilidad para el periodo 2026-2028, frenando un paso esencial para la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE). La votación concluyó con 178 votos en contra, 174 a favor y cinco abstenciones, dejando patente la fragmentación de la Cámara Baja y la vulnerabilidad que rodea al Gobierno.
La iniciativa presentada por el Ejecutivo no superó el trámite debido al voto en contra de PP, Vox, Junts y UPN, mientras que Podemos y la diputada de Compromís, Àgueda Micó, optaron por abstenerse. Este documento, fundamental para establecer los límites de déficit y deuda de los próximos años, debe ser ratificado por ambas cámaras, Congreso y Senado, para su aprobación definitiva. Su rechazo vuelve a retrasar el inicio del ciclo presupuestario y da paso a un mes de negociaciones políticas y técnicas para evitar un bloqueo mayor.
Pero ¿qué es exactamente la senda de estabilidad? Se trata del marco que fija los objetivos de déficit, deuda pública y techo de gasto para todas las administraciones españolas durante los tres ejercicios siguientes. Funciona como la estructura financiera sobre la que se confeccionan los presupuestos del Estado, de la Seguridad Social, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Su presentación es obligatoria conforme a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y representa el primer paso antes de elaborar el proyecto presupuestario anual.
¿Qué ocurre ahora?
Además de distribuir los objetivos fiscales entre las distintas administraciones, la senda se relaciona con el techo de gasto del Estado, que para 2026 se establece en 216.177 millones de euros —incluyendo también los fondos europeos—, cifra que supone un aumento del 8,5% respecto al año previo. A diferencia de la senda, el límite de gasto no financiero no está sujeto a votación parlamentaria, por lo que permanece vigente a pesar del rechazo de este jueves.
En la propuesta gubernamental, el límite de déficit para el conjunto de las administraciones sería del 2,1% del PIB en 2026, del 1,8% en 2027 y del 1,6% en 2028. Para el Estado, los objetivos variarían entre el 1,8% y el 1,4%, mientras que las comunidades autónomas contarían con un margen del 0,1% cada año y las corporaciones municipales tendrían que mantener el equilibrio. La deuda pública, por su lado, disminuiría progresivamente hasta situarse cerca del 99% del PIB en 2028.
El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves con los votos de PP, Vox, Junts y UPN los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028, que es el paso preliminar a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026. (Fuente: Congreso)
La Ley de Estabilidad obliga al Ejecutivo a aprobar una nueva senda en un plazo de un mes. Esta segunda propuesta puede ser igual a la rechazada, completamente diferente o incluir modificaciones. Si se modifican los objetivos, deberá ser revisada primero por el Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de volver al Congreso. A pesar de ello, el Gobierno confía en que la votación pueda repetirse antes de que finalice el año.
¿Y si el Congreso la vuelve a tumbar?
Si la Cámara Baja rechaza nuevamente la senda de déficit, se abrirá un verdadero laberinto. La ley no contempla qué sucedería si tampoco prospera la segunda propuesta. El Gobierno interpreta que, ante esta laguna legal, entrarían en vigor los objetivos remitidos a Bruselas en 2023 dentro del plan fiscal estructural del año anterior. Esta alternativa ya recibió apoyo de la Abogacía del Estado cuando, en 2024, el Senado rechazó los objetivos de estabilidad en dos ocasiones, devolviéndolos al Congreso.
No obstante, existirá un cambio notable, ya que la senda alternativa supondría que las comunidades autónomas tendrían un margen de gasto inferior. Así, cada región tendría que cerrar sus cuentas en equilibrio presupuestario, sin contar con la décima de déficit que contemplaba el proyecto rechazado. Según Hacienda, esta limitación implicaría perder 5.485 millones de euros en capacidad de gasto entre 2026 y 2028. En otras palabras, un rechazo persistente no solo complicaría la elaboración de los presupuestos, sino que también endurecería la disciplina fiscal de las administraciones autonómicas.
En este contexto, entre 2026 y 2028, Madrid sería la comunidad que más capacidad de gasto perdería, con cerca de 1.088 millones de euros, seguida de Cataluña, con 1.038,7 millones, y Andalucía, con 731,4 millones, según las estimaciones del Ministerio de Hacienda liderado por María Jesús Montero. Curiosamente, dos de estas autonomías están bajo el gobierno del PP, partido que ya expresó su rechazo a la senda propuesta.
Luego, se ubicarían la Comunidad Valenciana (509,9 millones), Galicia (280,8 millones), Castilla y León (256,7 millones), Canarias (200,5 millones), Castilla-La Mancha (193,3 millones), Aragón (169,6 millones), Baleares (153,4 millones), Región de Murcia (144,2 millones), Asturias (103,3 millones), Extremadura (91,5 millones), Cantabria (60,7 millones) y La Rioja (38,6 millones).
Los motivos del rechazo: tensión política y discrepancias territoriales
Los grupos que votaron en contra explicaron las razones detrás de su postura. El Partido Popular argumentó su negativa para evitar “un gasto descontrolado” que, a su juicio, derivará en “más impuestos y más deuda”. Consideran que la senda presentada es “humo” y evidencia la falta de una mayoría sólida del Gobierno para respaldar sus planteamientos fiscales.
Por su parte, Vox atacó duramente al Ejecutivo. El diputado de la ultraderecha, José María Figaredo, acusó al Gobierno de promover “más impuestos y más deuda (…) no hace usted más que mentir y engañar”, llegando a calificar algunas partidas presupuestarias como “mierdas”.
El rechazo de Junts responde a un planteamiento diferente, pues consideran inaceptable el reparto del déficit entre el Estado y las comunidades autónomas. Su diputado Josep María Cruset señaló que “es exactamente la misma [senda] que le tumbamos el año pasado” y que permanece lejos de su demanda de que las autonomías asuman un tercio del déficit total.
Desde el Gobierno, las críticas se enfocaron en el PP. El ministro de Transportes, Óscar Puente, advirtió que “el PP ha votado en contra de que sus propias comunidades dispongan de más recursos para sanidad, educación o servicios sociales”. Según el Ejecutivo, la senda permitiría a las comunidades incrementar su margen fiscal en unos 5.500 millones de euros para el periodo 2026-2028.
El impacto presupuestario y el calendario que viene
Este bloqueo ya ha tenido repercusiones directas: los Presupuestos de 2026 acumulan un retraso mayor al previsto. El proyecto debería haberse presentado en el Congreso antes de octubre, algo que hoy resulta inviable. Si la senda se aprueba en diciembre, el Gobierno podría presentar el anteproyecto a mediados del primer trimestre del próximo año. En cuanto al contenido de las cuentas, la ministra Montero recordó que el margen que perderían las autonomías en caso de un rechazo doble podría ser utilizado por el Estado.
Durante las próximas semanas, Hacienda deberá evaluar si mantiene los objetivos sin cambios o introduce modificaciones para captar nuevos apoyos. Lo que queda claro es que la negociación de la senda se ha convertido en la primera prueba importante de un curso político que vuelve a depender de acuerdos muy precisos en el Congreso.