Yolanda Díaz se manifiesta en contra del ERE que Telefónica ha planteado para más de 6.000 empleados, subrayando que «los fondos públicos no deben utilizarse para despedir personal».
La vicepresidenta segunda ha solicitado a la presidenta de la Sepi, principal accionista estatal en Telefónica, que se oponga a la propuesta de despidos presentada por la empresa.
Díaz se distancia de la línea estratégica de Moncloa al pronunciarse sobre áreas que corresponden a otros ministros y alentando las movilizaciones frente al Tribunal Supremo, lo que pone de manifiesto las discrepancias dentro del Gobierno de coalición.
Sumar pretende marcar diferencias con el PSOE en vista de futuros comicios, aunque enfrenta problemas para consolidarse y liderar en varias comunidades autónomas.
Yolanda Díaz, con el objetivo de diferenciarse del PSOE, intenta aprovechar la indignación de una parte de la ciudadanía respecto a temas como la sentencia del Supremo contra el fiscal general.
Dentro de esta estrategia, la vicepresidenta segunda del Gobierno mostró este martes una postura contundente frente a la intención de Telefónica de ejecutar un ERE que afectaría a más de 6.000 trabajadores.
Cabe destacar que el Estado, por medio de la Sepi, posee una participación significativa en la compañía y que el actual presidente, Marc Murtra, fue designado por recomendación estatal.
La ministra de Trabajo comunicó ayer que ya ha dirigido una carta a la presidenta de la Sepi, Belén Gualda, instándola a rechazar la medida de despidos contemplada en el plan estratégico de la empresa.
Gualda, quien impulsó a Murtra en Telefónica, debe su nombramiento a María Jesús Montero, vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y colaboradora cercana de Pedro Sánchez.
«Los recursos públicos no están destinados para el despido de empleados», afirmó ayer ante los medios en la sala de prensa de Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros.
Asimismo, la vicepresidenta segunda el martes rompió con la política de Moncloa, liderada por Félix Bolaños, orientada a reducir la tensión con el Tribunal Supremo. No es la primera vez que se perciben fricciones en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros entre los miembros del Gobierno de coalición.
En la legislatura anterior se recordó una situación similar en la que participó Irene Montero junto con la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Esta vez, el protagonismo recayó en la vicepresidenta segunda, que intervino en asuntos de competencia de otros ministros sin haber sido consultada.
De hecho, generó un momento poco habitual al desviarse del tema que debía presentar —el reglamento de los nuevos contratos formativos— para desempeñar un papel parecido al de una portavoz alternativa a Pilar Alegría, sorprendiendo a los tres ministros socialistas presentes.
En lugar de centrarse en su área, primero complementó la declaración institucional del Gobierno con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, que acababa de leer la ministra portavoz.
Después, utilizó sus intervenciones para adoptar, con detalle y en profundidad, una postura sobre la condena contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Esto fue pese a que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, especializado en este tema, estaba presente y buscaba transmitir un mensaje de institucionalidad, respeto al Tribunal Supremo a pesar de las discrepancias, y anunciar el nombramiento de Teresa Peramato como fiscal general del Estado.
Sánchez mantiene la intención de dejar estas críticas fuera de las intervenciones institucionales, reservándolas para figuras como Óscar López, candidato en Madrid y rival de Isabel Díaz Ayuso.
Protestas en las calles
No obstante, Díaz respaldó las protestas callejeras contra el Supremo y reprochó duramente a sus jueces por no haber divulgado aún el fallo completo, mostrando un tono marcado y enfático.
Asimismo, instó a salir a manifestarse cuando se publique la sentencia: «La democracia se defiende desde diversos ámbitos», expresó.
Bolaños, Alegría y Víctor Ángel Torres intentaban disimular su sorpresa, pues la regla tácita en estas comparecencias es respetar la competencia del compañero que interviene a su lado.
Esta actitud de la líder de Sumar forma parte de una serie de intervenciones de miembros del sector minoritario del Gobierno que buscan protagonismo y una voz propia dentro del Ejecutivo. Fuentes de Moncloa reconocen estas acciones con molestia y resignación hacia la vicepresidenta.
Hace pocos días, el propio presidente del Gobierno recriminó en el Congreso a la portavoz de Sumar, Virginia Hernández, por sus críticas al desempeño del Gobierno de coalición al que pertenece.
En particular, la controversia gira en torno al tema de vivienda, asunto en el que Sumar ha llegado incluso a insinuar la dimisión de la ministra Isabel Rodríguez, lo que resulta llamativo desde la perspectiva del PSOE.
La razón detrás de esto es que Sumar necesita marcar una distancia clara frente al PSOE para competir por el electorado más próximo a la izquierda de los socialistas y evitar ser absorbidos en la división entre PSOE y Podemos.
El inconveniente, reconocen, es que no alcanzan el nivel de contundencia de Podemos, que habla directamente de «lawfare» o persecución política por parte del Supremo. Por más que se esfuerce, Yolanda Díaz no puede emplear el tono de quienes están fuera del Gobierno y, por tanto, sin cargas políticas.
El deseo de Sumar por distanciarse del PSOE también ha surgido en temas de corrupción, aunque hasta ahora se ha quedado en discursos firmes contra los escándalos sin más concreción.
Cabe mencionar que Sumar aún no ha definido quién encabezará su lista en las próximas elecciones generales, sea cual sea la fecha. Díaz fue cabeza de lista en 2023 y no está claro si repetirá, lo que genera incertidumbre tanto dentro de Sumar como en las formaciones que la componen.
A su vez, Sumar enfrenta un panorama complicado en el ciclo electoral que se avecina en varias comunidades, como Extremadura, Castilla y León y Andalucía. Carece de arraigo significativo en esas regiones y emerge supeditada a otras formaciones, tal como ocurre con Izquierda Unida en Andalucía.
Por último, resulta curioso que Yolanda Díaz ha criticado a Podemos por no resolver en privado sus diferencias con el PSOE durante la legislatura pasada, mencionando el «ruido» y la necesidad de erradicarlo con Sumar sin Podemos en la ecuación.